A cinco años del arresto del “Chapo” Guzmán: así cambió el mapa del narco en México

Presa de sus delirios de grandeza, el “Chapo” cayó en Sinaloa, dejando un trono vacante

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Joaquín Guzmán Loera fue detenido
Joaquín Guzmán Loera fue detenido el 8 de enero de 2016, en Sinaloa. (Foto: Archivo)

Una película de su vida fue el principio del fin de Joaquín el “Chapo” Guzmán. Desde la clandestinidad, el capo, quien fuera el más buscado del planeta, movió hilos para poner en marcha la leyenda de su vida, y contactó actores y productores.

Esto, levantó una polvadera tan sorprendente que los investigadores, que ya le pisaban los talones, fueron advertidos de su paradero. El 8 de enero de 2016, Guzmán Loera cayó en Sinaloa, su tierra natal, a manos de la Marina.

La captura de este veterano del narcotráfico dejó vacante un trono del que gozó durante años. Como se previó desde un principio, la detención y posterior extradición del fundador del Cártel de Sinaloa —hoy, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos— amenazaría con un repunte de violencia y la expansión de otras organizaciones criminales.

De acuerdo con un mapa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicado el pasado mes de septiembre, el Cártel de Sinaloa, encabezado por Ismael el “Mayo” Zambada y el Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho” son los cárteles de más rápida expansión.

A poco más de 10 años de su aparición, el CJNG desbancó al de Sinaloa y es actualmente la agrupación con mayor expansión en México. De tener presencia en cuatro entidades (2010), se expandió hasta dominar 24 estados.

En 2015 el gobierno mexicano incluyó a su líder, Oseguera Cervantes, en su lista negra de narcotraficantes. Desde entonces advirtió que el cártel había aprovechado el debilitamiento de otros grupos criminales como Los Zetas y los Caballeros Templarios para esparcirse. Los expertos coinciden que el CJNG se ha aprovechado de los fuertes golpes que han sufrido otras organizaciones criminales para ocupar los espacios vacíos de poder que van quedando.

La federación de Jalisco controla prácticamente todos los estados costeros del este del país desde Quintana Roo hasta Baja California. Su influencia también incluye otras entidades bajo el dominio del Cártel de Sinaloa: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

La actividad delictiva de estas dos organizaciones no se limita a México. Informes del gobierno de Estados Unidos indican que el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantiene presencia en otros países del mundo.

Mapa del narcotráfico en México.
Mapa del narcotráfico en México. Con información de la UIF del gobierno federal (Mapa: Infobae México)

En el mapa del narcotráfico, organizaciones como el Cártel del Golfo, Los Zetas, la Familia Michoacana y los Beltrán Leyva han adquirido un cariz extremadamente violento. Otras, como el Cártel de la Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México; Los Viagra, en Michoacán; Cártel del Noreste, en Tamaulipas; Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos, en el estado de Guerrero se han fortalecido.

De acuerdo con los informes de inteligencia, el Cártel del Golfo tiene presencia en 14 entidades; Los Zetas, en 13; el Cártel del Noreste, en cinco; Guerreros Unidos, en cuatro; La Familia, en tres; Los Beltrán Leyva, en tres; el Cártel de Santa Rosa de Lima, en dos; Unión Tepito, en dos; y Fuerzas Anti Unión, en dos.

En Sinaloa, los hijos de
En Sinaloa, los hijos de Joaquín el "Chapo" Guzmán pretenden eternizar el legado de su padre (Foto: Especial)

El gobierno mexicano ha mostrado sus prioridades de combate al narcotráfico a través de cinco ejes: el combate a los sicarios y a los líderes de los cárteles; el combate a sus estructuras financieras, para evitar que sigan reproduciendo los mecanismos para poder pagar sicarios, a narcomenudistas. El tercero se refiere al combate a la corrupción política que los protege, sobre todo en los ámbitos locales. El combate a la corrupción judicial, ministerial y policial que les genera, les da protección jurídica, y, finalmente, a la base social que los apoya, esto a partir de programas sociales y programas de inclusión financiera”.

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