Desde hace 13 años México ha recibido un financiamiento especial de parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la iniciativa que se implementó desde aquel entonces ha resultado ineficaz debido a que el país todavía no encuentra la fórmula para terminar con su problema de corrupción y violencia.
Mientras en 2006 había cuatro grandes grupos criminales que controlaban el trasiego de droga, ahora hay entre seis y nueve organizaciones con 28 bandas locales.
Un claro ejemplo ha sido la diversificación de actividades criminales dentro de los grupos de narcotraficantes, como la batalla que libran en Guanajuato el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) por el control del huachicoleo y narcotráfico; o la proliferación de los laboratorios clandestinos que han hecho del fentanilo una oportunidad para grupos criminales más pequeños.
Un informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos concluyó que la Iniciativa Mérida no ha logrado sus objetivos de proteger a Estados Unidos del tráfico de drogas ni a México de la violencia de las bandas criminales.
El informe, publicado a inicios de diciembre, señala que es necesario un rediseño de la iniciativa para permitir avances significativos con objetivos compartidos y evaluaciones claras que muestren el verdadero avance de la herramienta de cooperación en materia de seguridad más importante entre las dos naciones.
Otra de las fallas de la Iniciativa Mérida, enfatiza el documento, ha sido el flujo constante y cada vez mayor de armas de alto calibre desde Estados Unidos a México. De acuerdo con diversas estimaciones, cada año son traficadas a México desde el país vecino más de 200,000 armas de fuego.
Además, justo a unos días de que México endureciera su legislación para limitar el trabajo de los agentes extranjeros en su territorio, el reporte de la comisión apuntaba que la detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa en México, había socavado la relación entre ambos países.
La Iniciativa Mérida es un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad firmado por ambos países en 2007.
Ese año el ex presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa pidió ayuda a la administración de George W. Bush para combatir el tráfico de armas y narcóticos. Se acordó que México recibiría una ayuda de USD 2.900 millones para financiar equipo militar, capacitación para personal judicial, mejoras en infraestructura judicial, adiestramiento militar e implementación de prevención del delito.
La organización InSight Crime también calificó la iniciativa como “ineficaz” debido a dos razones fundamentales. La primera porque la violencia, lejos de disiparse, ha ido en aumento. Esto debido a que se ha insistido mucho en el uso de fuerzas militares para combatir el crimen organizado, cosa que solo ha generado una escalada de muertes en México desde que se puso en marcha.
Puso como ejemplo el juicio del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que superficialmente pudo parecer un duro golpe contra el narcotráfico. Sin embargo, sólo fue el reflejo de una estrategia que únicamente ha provocado una descentralización del crimen. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se formaron como resultado de la fractura de cárteles anteriores.
“Declarar una guerra contra la droga parece lógico desde la perspectiva de Estados Unidos, pero no desde la mexicana”, comentó la investigadora Guadalupe Correa Cabrera en una entrevista con InSight Crime.
Según el informe de la Comisión de EEUU, la mayoría de los recursos iniciales de la Iniciativa Mérida (1.5 mil millones de dólares) fueron dirigidos a las fuerzas de seguridad, incluidos 421 millones para la compra de equipo, entre los que se incluye aviones y helicópteros.
De 2014 a 2018, más del 80 por ciento de los fondos se etiquetaron para el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y los esfuerzos antinarcóticos, incluidos 400 proyectos de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia, diseñados para brindar asistencia técnica o entrenamiento a oficiales mexicanos en temas de sistema judicial, seguridad fronteriza y militar, así como equipo para laboratorios forenses de narcóticos, detección de drogas y vigilancia fronteriza.
Otros 126 millones de dólares se han entregado a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para trabajar con el sector privado y grupos de la sociedad civil.
El presupuesto para 2021, informa el documento, busca 63.8 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, lo que representa un 60 por ciento menos de los 94.2 millones que recibió México en el año fiscal anterior.
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