Este lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló que tiene sujeto a investigación a Juan “N”: fue capturado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) por la presunta comisión de los delitos de extorsión y usurpación de funciones.
Los hechos, señaló la dependencia en un comunicado, fueron registrados en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con la indagatoria, el detenido probablemente se ostentó como servidor público y le solicitó dinero a la víctima “para supuestamente gestionar y agilizar la libertad de familiares puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial VC-3″.
La denuncia señaló que el agraviado posiblemente le entregó dinero a Juan “N”: solicitó el auxilio de los elementos de la PDI al percatarse que el supuesto funcionario había intentado escapar.
Después de una persecución, los agentes de la Policía de Investigación lograron la captura del sujeto y recuperaron el dinero que supuestamente habría recibido.
“El detenido y el dinero fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la citada Coordinación Territorial, quien integra la carpeta de investigación con el fin de determinar la situación jurídica del detenido”, informó la Fiscalía este 4 de enero.
La dependencia también remarcó que a Juan “N” se le presume inocente y será tratado “como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
El pasado 9 de diciembre se celebró el Día Internacional contra la Corrupción. En el marco de esa efeméride, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó su comunicado anual de estadísticas vinculadas a la corrupción en México.
Destaca el porcentaje de víctimas de actos de este tipo que, entre 2013 y 2019 pasó de ser 13 a 16% de la población.
El instituto define corrupción como “el acto de abuso de poder público para beneficio personal. Sus manifestaciones incluyen soborno, apropiación o robo de bienes públicos, extorsión en procesos de contratos, licitaciones e impuestos”.
Los actos de corrupción a gran y pequeña escala obstaculizan el desarrollo humano, ya que desvían recursos públicos de la inversión social, agudizan la desigualdad y destruyen la confianza en las instituciones públicas.
En 2016, el gobierno expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es determinar los mecanismos de coordinación entre instituciones de todos los órdenes de gobierno para el combate a este conjunto de delitos administrativos.
A lo largo del país, distintas entidades han comenzado a configurar sus órganos del Sistema Anticorrupción como los Comités Coordinadores Estatales, los Consejos de Participación Ciudadana, las Fiscalías Anticorrupción, las Secretarías Técnicas, los Tribunales de Justicia Administrativa y los Planes Anticorrupción.
El INEGI califica el soborno como el principal indicador para medir la corrupción ya que implica la solicitud o recepción de dinero o dádivas a cambio de hacer algo “justo o injusto” relacionado con sus funciones.
La institución sólo detectó 7 estados donde la corrupción en 2019 fue menor que en 2013, en todos los demás aumentó. Destaca el caso de Durango donde pasó de 7.6 víctimas por cada 100 habitantes en 2013 a 25.4 en 2019.
En los distintos niveles de gobierno la incidencia de la corrupción también varía. Los gobiernos estatales son los más corruptos con 22.3% de víctimas en 2019, le siguen los gobiernos municipales con 15.6%, y el gobierno federal con 2.1 por ciento.
El sector económico que es víctima de estos delitos con mayor frecuencia es la industria, le siguen los servicios y, al final, el comercio. En total, el soborno le cuesta a las personas cerca de 12,770 pesos.
Respecto a la pérdida de confianza en las instituciones públicas, el INEGI encontró que esta disminuye radicalmente una vez que alguien fue víctima de corrupción ante alguna autoridad.
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