La empresa estatal de alimentos, Diconsa, otorgó un contrato de 19 mil millones de pesos sin IVA a una empresa veracruzana de gelatinas. Con impuestos, el monto total de la compra es de 22 mil millones de pesos por una cantidad no especificada del postre.
La información fue publicada por el medio La Verdad muestra que la empresa firmó un contrato por adjudicación directa, para el plazo del 26 de septiembre al 10 de octubre de este año, por el valor mencionado.
Sin embargo, una revisión del portal CompraNet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que el mismo contrato (2384985, expediente 2169674) estaba valuado en 60 mil 990 pesos.
La verificación también encontró que, el 29 de diciembre a las 16 horas, el funcionario responsable de la compra, Jesús Jordán Juárez Aburto, realizó modificaciones en el anuncio del contrato.
Esta irregularidad no es la primera vinculada a Diconsa o a Liconsa, su compañía hermana que distribuye leche. Diconsa fue investigada por la Auditoría Superior de la Federación en el análisis de la Cuenta Pública 2018. El documento reveló que la paraestatal mexicana incurrió en un posible daño a la hacienda pública por un monto de 834 millones 890 mil pesos.
Luego, de acuerdo con la ASF, durante el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, Liconsa realizó contratos sospechosos por hasta 2 mil millones 778 mil 407 pesos.
Además de ello, sobreprecios, compras fantasma, aviadores, deudas pendientes de cobrar, descontrol en la salida de mercancías, así como contratos ilegales de propaganda, son parte de las irregularidades detectadas en ese organismo, entonces dependiente de la Sedesol, primero a cargo de Rosario Robles y después del oaxaqueño Eviel Pérez Magaña. Actualmente es conocida como la Secretaria de Bienestar.
Luego, ya en la administración lopezobradorista, Liconsa, ahora dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, otorgó dos contratos, con vigencia de cinco años, que implican un pago por hasta 4 mil millones de pesos para procesar y vender leche a una empresa que no tiene experiencia en el ramo.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió los dos contratos.
Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV el 11 de noviembre de 2014 como una empresa de construcción. El 3 de diciembre de 2018 –a los dos días del cambio de gobierno- añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
El 12 de diciembre de 2019, a un año de haber cambiado de giro, Liconsa firmó un convenio con Grupo Vicente Suárez 73 para que procesara, como mínimo, 400 mil litros de leche al día en una planta que construirían en Tabasco.
Cinco días después, el 17 de diciembre, firmaron un segundo convenio con la misma empresa, con idénticas características de volumen, pero esta vez para una planta procesadora que sería construida en Zacatecas.
Los convenios tienen vigencia de cinco años a partir de su firma, y en los mismos está establecido que entrarán en vigor hasta diciembre de 2021, cuando inicien operaciones las plantas procesadoras de leche en Tabasco y Zacatecas.
No obstante, en los convenios hay una cláusula que permite a la empresa vender a Liconsa leche procesada desde el momento de la firma (diciembre de 2019), vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria.
Los documentos obtenidos por MCCI mencionan que Liconsa tiene un presupuesto de hasta 806 millones de pesos al año para los servicios de Grupo Vicente Suárez (403 millones por cada convenio), por lo que, de diciembre de 2019 a diciembre de 2024 el desembolso superaría los 4 mil 30 millones de pesos.
Además, entre abril y diciembre de 2019, Diconsa otorgó otros dos contratos a la misma empresa para la venta de fruta para su programa de abasto rural, por 485 millones de pesos.
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