CNDH dirigió recomendación a FGR y Fiscalía de Veracruz por desaparición de tres abogados que iban a defender a líder de los Zetas

La Comisión Nacional de Derechos humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) y de Veracruz por fallas al debido proceso en la desaparición de tres abogados, quienes litigarían en favor de Josele Márquez Balderas, El Chichi, identificado como líder de los Zetas en la región.

A cuatro años del caso, la CNDH dirigió la recomendación 80/2020 a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR y a Verónica Hernández Giadáns, fiscal de Veracruz. Pues los defensores, una mujer y dos hombres, permanecen en calidad de desaparición tras acudir a la Coordinación Estatal de la entonces Policía Federal para acreditarse como abogados del líder de los Zetas.

“Ya en el lugar, dos de las personas ingresaron para entrevistarse con el probable responsable, registrando su entrada a las instalaciones; sin embargo, desde ese día no se tiene conocimiento del paradero de las tres personas”, indicó la institución encabezada por Rosario Piedra Ibarra.

De acuerdo con las denuncias ante la CNDH, los familiares relataron que los abogados salieron de sus casas el 1 de febrero de 2016, uno de ellos de 29 años de edad acudió con la defensora de 31 años a la capital del estado para acreditar su representación. Ya en las instalaciones de la Policía Federal se encontraron con el tercer abogado de 38 años y fueron atendidos, pero desde entonces no se supo más de ellos.

Reportes de prensa consignaron que los litigantes se dirigieron a representar a Mireles Balderas. La mujer fue reconocida como Anahí Arce, oriunda de Río Blanco y el hombre de 29 fue identificado como Giovany Sol Guevara, originario de Orizaba.

El Chichi era líder de los Zetas en la zona centro de Veracruz. El gobierno de Javier Duarte lo dio por muerto el 13 de agosto de 2015, cuando una balacera tuvo lugar en Orizaba, percance en el que incluso murió un ex reportero de Televisa. Pero fue arrestado en febrero de 2016 por elementos de la Gendarmería, en la carretera federal 180, Paso del Toro-La Tinaja, junto con siete personas más; en aquel momento, las autoridades investigaban a cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.

Al menos ocho servidores públicos violaron el derecho de acceso a la Justicia, en su modalidad de procuración, así como a la verdad en agravio de las tres víctimas directas y sus familiares. Hubo irregularidades en las indagatorias como dilación y falta de coordinación entre dependencias.

Por ejemplo, no rindieron el informe sobre nombres y domicilios de testigos que pudieron presenciar los hechos para la búsqueda y localización de las personas, pues su desaparición podría estar relacionada con una balacera ocurrida por la tarde del 1 de febrero del 2016. En este evento se recolectaron indicios que debieron ser agotados para determinar su relación.

Tampoco hubo análisis de videos, ni se extrajeron audios para su estudio, mucho menos la evidencia conseguida en la Subcoordinación de C-3. Los servidores públicos involucrados acudieron a testificar tarde, aunado a que después de más de cuatro años, continúan sin declarar 10 funcionarios requeridos.

Además, también desaparecieron la madre y el padre de Márquez Balderas, a quien se pretendía defender, así como otra persona relacionada. Entre el 7 de septiembre de 2016 y el 17 de marzo de 2017, el agente responsable dejó de investigar la desaparición de los abogados.

“Llama la atención de esta Comisión Nacional la falta de coordinación entre las Fiscalías, al remitir el expediente en diversas ocasiones entre dichas instituciones, argumentando la competencia, periodos en los cuales se dejó de actuar en la investigación para dar con el paradero de las víctimas, sin enfocarse en determinar con claridad a quien le correspondía conocer de los hechos”, añade el documento de la CNDH.

Tampoco fue consignado el testimonio del Chichi, el cual se obtuvo hasta el 19 de octubre de 2020, es decir, más de cuatro años después de haberse iniciado la investigación.

En el transcurso de las indagatorias se perdieron pruebas, no fueron emitidas alertas de carreteras ni financieras y tampoco se solicitaron todos los datos señalados de los servidores públicas involucradas. De igual manera, las autoridades ministeriales omitieron allegarse de información contextual del sitio donde ocurrieron los hechos.

No se establecieron conexiones entre municipios y estados de organizaciones delictivas, como de autoridades responsables. Tampoco fue realizado un estudio del modus operandi y del mapa delictivo de la zona, ni la confrontación de huellas dactilares o copias de más carpetas abiertas en ese lugar.

De modo que las Fiscalías deberán brindar reparación integral del daño de las víctimas por las omisiones. A su vez, fue instruido que sean inscritas 16 personas (incluidos los tres abogados) en el Registro Nacional de Víctimas; se les brinde la reparación integral del daño y una compensación adecuada; así como dar atención psicológica y tanatológica.

Igual deberán iniciarse los procedimientos internos para sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos. Las dependencias ministeriales tendrán que continuar con la integración y perfeccionamiento de los expedientes, así como un fortalecimiento de la investigación para dar con el paradero de los defensores, señalando las diligencias pendientes.

A su vez, las personas desparecidas deberán ser localizadas y en caso de su fallecimiento, se identifiquen y entreguen sus restos a familiares. Pese a que no se desprenden elementos suficientes para acreditar la participación de servidores públicos, señaló la CNDH, la Desaparición Forzada será una línea a seguir por las autoridades ministeriales.

El Registro Público de Personas Desaparecidas, de la fiscalía veracruzana y con última alta en febrero del 2020, indica que existen 3,631 personas en calidad de desaparecidas (2,877 hombres y 754 mujeres), cifra superior a las 2,231 que informó en enero del año anterior por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Entre 2006 y 2019, la entidad registra 432 registros de fosas clandestinas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: