La compañía Cyber Robotic Solutions logró que quedara sin efectos la suspensión impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la cual no podría ser contratada por dependencia gubernamentales durante 21 meses.
En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer que la empresa obtuvo una medida cautelar definitiva contra la inhabilitación que se le había impuesto la SFP en agosto, tras detectar que vendió ventiladores en un sobreprecio y sin las condiciones requeridas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Hidalgo.
Cabe señalar que la medida cautelar fue dictada por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves.
La sanción para la firma de León Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la dio a conocer la SFP el 31 de agosto y solicitó a las instituciones del Gobierno Federal, entidades federativas y municipios que se abstuviera de celebrar contratos con la empresa, la cual quedo sin efectos.
En la circular se indica lo siguiente: “Toda vez que dicha medida no encuentra el obstáculo del interés público y social, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta; y en todo caso el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva”.
Fueron tres sanciones las que emitió la SFP en contra de la firma de León Bartlett, una previa fue la del 6 de julio en la que se publicaron dos inhabilitaciones a la empresa, por 24 y 37 meses, además de dos multas que sumaban más de 2 millones de pesos.
Lo cual fue consecuencia de las irregularidades que se detectaron en la venta de ventiladores al IMSS en Hidalgo, ya que la empresa distribuyó 20 ventiladores por una suma de alrededor de 31 millones de pesos, de acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Los contratos fueron adjudicados de manera directa el 17 de abril.
Cada equipo tendría un valor de 1.55 millones de pesos, fue el precio más alto ofertado en el mercado desde que comenzó la emergencia sanitaria por COVID-19.
En un comunicado de prensa de julio, se explicó que la empresa proporcionó información falsa sobre la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos, y además los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y sin atender a la urgencia sanitaria que los hacía necesarios cuanto antes.
El IMSS informó que su dependencia en Hidalgo detectó en una revisión física, el pasado 8 de mayo, que los aparatos no cumplían con los requerimientos funcionales acordados, como pantallas táctiles.
Cada equipo debía contar con pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un tratamiento adecuado.
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