El 1 de diciembre de 2020, Andrés Manuel López Obrador cumplió dos años en la presidencia de México. Su segundo año de gobierno estuvo marcado por una creciente pandemia y cambios abruptos en varios temas del país, uno de ellos, el energético.
Cabe recordar que en el 2016, bajo la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, se definieron las rutas para transitar hacia una economía baja en carbono. Una de las metas fue que para el 2024, México debería generar el 35% de su electricidad por medio de fuentes renovables, meta con la que también cumpliría el Acuerdo de París.
Estos ambiciosos objetivos, junto con los mecanismos de la Reforma Energética para impulsar las energías renovables, hicieron pensar que la cantidad de proyectos de generación de energías limpias aumentaría en gran medida en los próximos años.
No obstante, hasta ahora, las decisiones tomadas en el sector durante la administración actual han apostado por un mayor uso de combustibles fósiles altamente contaminantes para generar energía, por lo que expertos prevén que el país aún está lejos de alcanzar un escenario en el que pueda cumplir con una de sus metas más importantes en la carrera contra el cambio climático.
Y es que de acuerdo con el reporte Climatescope de BloombergNEF del 2018, México ocupó el lugar ocho del listado sobre los 108 países en desarrollo que son más atractivos para una transición a las energías limpias; sin embargo, en el ranking de 2019, el país descendió a la posición 24, y en el de 2020 obcabtuvo el puesto 51, es decir, en tan sólo dos años –desde la llegada de López Obrador a la presidencia– México bajó 43 posiciones.
En entrevista con Infobae México, Víctor Ramírez, Vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, aseguró que para el próximo año ya no habrá nada qué hacer para tratar de recuperar una posición más favorable.
“No hay duda de que las acciones del gobierno mexicano son las que han propiciado la caída tan abrupta en esta clasificación ¿Qué significa ese ranking? que no somos un país en este momento atractivo para invertir en energías renovables”, explicó el especialista.
Inclusive señaló que “si el grupo más radical de este gobierno se mantiene a la cabeza en el próximo sexenio, va a ser muy complicado recuperar a los inversionistas”.
Pero, ¿cuáles fueron los golpes que intervinieron para que el sector eléctrico mexicano se posicionara en el lugar 51, luego de haber formado parte del top 10 en el ranking internacional?
Según una gráfica elaborada por el Dr. en Política Pública, Paul Alejandro Sánchez, fueron tres los principales volantazos en la política energética que propiciaron tan abrupta caída.
1. Cancelación de las subastas
Poco después de que la Cuarta Transformación tomara posesión en diciembre de 2018, la Secretaría de Energía (Sener) canceló las subastas eléctricas por las que se licitaban proyectos a empresas para suministrar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de energía limpia y barata. Este mecanismo, establecido por la Reforma Energética del gobierno previo, había reducido el precio de la electricidad a mínimos -17,7 dólares por megavatio por hora (MWh) en la última subasta, un récord mundial-.
Pese al éxito, la Sener argumentó en febrero de ese año “consideraciones técnicas, económicas y de planeación” para cancelar dichas subastas. Esta fue la primera sacudida.
2. Captura Regulatoria
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es el órgano regulador en materia energética nacional. Su misión es garantizar las condiciones para que la disponibilidad de energéticos en México sea la requerida, con calidad y a precios competitivos.
Sin embargo, la dependencia ha sufrido reducciones de personal y de presupuesto con la justificación de perseguir la austeridad republicana: el concepto que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido en su administración para eliminar gastos excesivos.
“Las reducciones en el personal han tenido como consecuencia la pérdida de recursos humanos altamente especializados y con años de experiencia en el sector. La Comisión ha contratado personal, pero éste no ha igualado en número al que estaba antes de los despidos y mucho menos en experiencia y conocimientos en el sector”, aseguró un especialista en el sector eléctrico con 15 años de experiencia, bajo condición de anonimato.
3. Política de Confiabilidad
El pasado viernes 15 de mayo de 2020, la Sener publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con la finalidad de implementar medidas correctivas en dicho sistema ante la disminución en la demanda eléctrica derivada de la contingencia sanitaria de COVID-19.
Desde que llegó la pandemia del coronavirus a México, se reportó que la demanda eléctrica en el país había bajado un 10% por el cierre de comercios. Ante ello, el Centro Nacional de Energía (Cenace) –cuya función principal es ejercer el control operativo del SEN– expuso su preocupación, ya que el verdadero problema no radicaba en la disminución de demanda, sino en que ésta podría comprometer la confiabilidad del sistema.
“Para que el sistema pueda operar de forma segura, éste tiene que hacerlo en ciertos rangos técnicos (voltaje, frecuencia, etc). Cuando el sistema no opera en estos rangos, se dice que se está comprometiendo la confiabilidad del sistema”, explicó a Infobae México un analista en economía y en el sector eléctrico mexicano en condición de anonimato.
En ese sentido, el acuerdo suspendió las pruebas preoperativas de las centrales eólicas y fotovoltaicas que estaban próximas a entrar en operación comercial. El Cenace no argumentó de forma explícita por qué las centrales renovables pueden comprometer la confiabilidad del sistema.
Ante ello, se vino una lluvia de más 200 pleitos legales que terminaron por detener la normativa.
Según los especialistas entrevistados, estos tres puntos junto con la regulación asimétrica que ha estado realizando la CRE en favor de la CFE con el objetivo de “fortalecerla”, han socavado la confianza de los inversionistas en el sector, pues los proyectos planeandos o que estaban a punto de iniciar su fase de construcción, se han detenido.
“¿Qué confianza puedes tener en un país que hace un marco legal ejemplo a nivel mundial y a los tres o cuatro años de iniciar la aplicación lo cambia? va a ser algo que nos va a llevar varios sexenios recuperar si es que en algún momento tomamos la decisión de recuperarlo”, estimó Ramírez.
“Si lo veo bastante bastante complejo, y eso lo que va a terminar haciendo es que va a incrementar el riesgo de invertir en el país; finalmente se va a ver reflejado en que va a ser un poco más cara la energía producto de esta pérdida de la confianza. Yo veo muy difícil recuperar la confianza en este sexenio, yo diría que imposible”, agregó.
Pese a todo lo anterior, hay que tener en cuenta que el próximo enero la Casa Blanca de los Estados Unidos abrirá sus puertas a un nuevo presidente: Joe Biden, quien ha dicho que pondrá en el centro de su política energética a las energías renovables y el cambio climático.
Los especialistas no descartan que el demócrata impulse una dinámica en la que pueda presionar al gobierno de López Obrador a regresar a las renovables, tras el descontento y la preocupación que generó el favorecer a CFE, por encima del resto de las compañías privadas que invirtieron en México con la apertura del mercado.
“Si contamos con que muchas de las empresas están invirtiendo en renovables, yo esperaría que en algún momento, el nuevo presidente de los Estados Unidos pueda presionar para que se resuelvan los asuntos de renovables. Va a ser una presión para que se regrese la apertura (de la inversión privada) que la propia constitución y la ley mandan”, señaló el Vocero de la Plataforma México, Clima y Energía.
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