El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, José Merino, comentó sobre el debate que los usuarios de redes sociales tienen alrededor de la decisión gubernamental de prohibir el acceso a las vacunas contra COVID-19 de forma particular.
El funcionario criticó la opinión de que la solución a la emergencia sanitaria deba dejarse en manos del mercado y no del Estado. “El acceso al mercado lo define la capacidad de transacción (i.e. consumo). El acceso al Estado lo define la titularidad de derechos y criterios básicos de justicia”, escribió Merino en una publicación de su cuenta oficial de Twitter.
El debate alrededor del perfil de Merino comenzó luego de que éste publicara “Defenderían que en el mercado se decida quién vive y quién muere… Corrijo: defienden” y Magui Fisher, Secretaria Nacional de Formación del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional, respondiera “Defienden que el Estado decida quién vive y quién muere”.
La postura del gobierno sobre la disponibilidad comercial de las vacunas COVID fue zanjada desde la primera semana de diciembre, cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell declaró, de forma terminante, que el gobierno federal no consentiría que otras instituciones (ni privadas, ni gobiernos estatales) accedan a la vacuna.
“No. Este es un asunto de interés público general, un asunto de Estado. Muy probablemente estará enmarcado en un contexto de seguridad nacional en México y en muchos países del mundo. Entonces no podemos tener en esta situación un mercado privado abierto. Tampoco las entidades federativas pueden conseguir vacunas o comprar vacunas”, dijo el funcionario en entrevista para W Radio México, en el programa Así las cosas.
En su explicación, el subsecretario argumentó que “Si hiciéramos eso, se dispersaría el esfuerzo de lo que necesita ser un operativo estratégico y se estaría privilegiando únicamente las dinámicas de un mercado abierto en el que los individuos decidirían quién se vacuna”.
La discusión no es nueva, en el fondo no se trata de vacunas, sino de participación del Estado en la salud pública, o qué tanto de ésta debe ser responsabilidad del gobierno y cuánto es libre para que lo obtenga la gente que pueda costearlo.
En noviembre, frente a la decisión del gobierno de Australia de abrir el acceso privado a las vacunas, el portal de periodismo especializado, The Conversation, expuso una serie de razones por las que dar el acceso de la vacuna COVID a mercados particulares “es una mala idea”.
La primera es que esa iniciativa pondría “riqueza antes que necesidad” ya que, estadísticamente, la gente que corre más riesgo de enfermar y padecer un cuadro grave, es la gente de bajos recursos. Estas mismas personas y poblaciones, que el portal iCovid del Instituto de Geografía de la UNAM califica como más vulnerables, no podrían acceder a la vacuna por sus propios medios y necesitan el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal.
La segunda es que la novedad de las vacunas y las diferencias aún desconocidas en sus características pueden causar que algunas personas obtengan dosis menos efectivas para su condición particular (por ejemplo, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con algún padecimiento).
La tercera es que el seguimiento y el rastreo de las personas inmunizadas puede ser más difícil. Finalmente, para vacunas que requieren supercongelación, como la de Pfizer y BioNTech, aplicar el refuerzo a tiempo puede ser complicado.
Sin embargo, estas razones no implican que el sector privado deba ser excluido por completo del proceso de vacunación. Tanto en la operatividad de la distribución de dosis a localidades remotas, como en el abasto de casos particulares (como personas cuyo trabajo implica viajes internacionales), regular la participación privada es la opción más efectiva. Para el primer caso, con la contratación de empresas de logística, para el segundo, con la creación de un sistema de solicitudes de acceso extraordinario.
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