Un grupo de 14 organizaciones y activistas en defensa del medio ambiente, encabezadas por Greenpeace, realizaron una severa evaluación del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a su actuación frente a la crisis climática que vive el país y el mundo, al calificarla como “nula” en ambición y compromiso.
“El pasado 12 de diciembre se celebró el quinto aniversario del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en el que se estableció la meta global de estabilizar emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento de dos grados en la temperatura planetaria”, recordaron.
Algunos países de América Latina que presentaron nuevas metas fueron Argentina, Colombia, además de la reafirmación de los compromisos presentados por Costa Rica, evento en el que México brilló por su ausencia
Además, la semana pasada, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) se reunió para aprobar la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), éste último con un año de retraso.
“Para alarma de organizaciones de la sociedad civil y para la decepción de la comunidad internacional, México no anunció nuevas metas o metas más ambiciosas, sino que ‘reafirmó’ las metas que estableció hace cinco años, esto es, reducir 22% de gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro”, advirtieron.
“Lo anterior, no sólo deja ver la falta de ambición y compromiso que México tiene ante la emergencia climática actual y su responsabilidad como uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, sino que también constituye un enorme retroceso en materia de cambio climático”, aseguraron.
Y es que, de acuerdo con las organizaciones, se viola el principio de progresividad estipulado en el Acuerdo de París, reconocido también en el marco constitucional mexicano y razón por la cual precisamente se crearon los ciclos de revisión de las NDCs cada cinco años.
Además, aseguraron que este tipo de acciones se suman a decisiones del actual gobierno como la extinción del Fondo para el Cambio Climático y la reducción en la asignación de presupuesto para el Anexo Transversal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.
También mencionaron como preocupación el impulso de la política energética de López Obrador basada en fuentes fósiles en detrimento de la transición energética justa, fin al que se dirige 11.6% de los recursos del presupuesto de egresos de la federación del próximo año.
“En este escenario, México deja de estar en la línea frontal de combate al cambio climático y se convierte en uno de los países con nula ambición, poniendo en riesgo el cumplimiento de derechos humanos de su población presente y futura”, aseveraron.
Aunado a ello, nuestro país no ha presentado una propuesta para dar cumplimiento a los laxos compromisos que actualmente tiene, poniendo todo su esfuerzo y recursos en acciones y políticas contrarias a ellos
Esta situación, añadieron, confirma la falta de interés del gobierno mexicano en la agenda climática y la falta de responsabilidad ante los impactos que el propio país está viviendo a causa de huracanes como ETA, el cual afectó severamente a regiones aledañas, así como al sur del país.
“Esto evidencia la gran vulnerabilidad frente al cambio climático a la que están expuestos el territorio nacional, el medio ambiente, la economía y las personas en México. Con este tipo de acciones, el gobierno adquiere una deuda climática histórica con toda su población”, completaron.
En específico, concluyeron, con la juventud y la niñez de México, así como con las poblaciones vulnerables y los pueblos indígenas, quienes son los más afectados por los efectos del cambio climático y ante los cuales no ha habido una respuesta oportuna y eficaz.
El documento fue firmado por Greenpeace México y por otras 13 organizaciones, entre ellas el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Cambio de Ruta, Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), la Fundación Tláloc y Extinction Rebellion México.
Y es que el gobierno de López Obrador ha abierto un frente en el sector energético en los últimos meses, sobre todo a través del Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) y la Secretaría de Energía (Sener), que publicaron acuerdos para bloquear la llegada de empresas de energías renovables al mercado eléctrico mexicano, además de los aumentos a las tarifas que cobra por consumo eléctrico de estas compañías, calificados por sus críticos como “electrolinazos”.
La actual administración busca fortalecer a sus empresas productivas, Pemex (Petróleos Mexicanos) y CFE, pero las compañías privadas han respondido con una lluvia de amparos, muchos de los cuales han surtido efectos en distintos niveles.
“La política energética no puede anclarse a una visión setentera, ya no estamos en la época de oro del petróleo, tenemos que apostar por energías renovables”, explicó en septiembre pasado a Infobae México Luis Miguel Cano, abogado consultor de Greenpeace.
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