El sector energético mexicano cierra este 2020 con un conflicto recargado por las políticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para “rescatar” a las empresas del Estado y apagar la participación de los privados.
“Si ya estábamos viendo ciertas acciones y regulaciones nuevas, ciertos cambios regulatorios en pro de las actividades de las empresas productivas del Estado, este año fue algo mucho más directo”, comenta este martes a Efe la economista Daniela Flores, de la consultora Talanza Energy.
La pandemia de la covid-19 motivó al Gobierno mexicano a implementar medidas para reforzar el rol de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ambas compañías públicas del Estado mexicano.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el 29 de abril el acuerdo para garantizar la eficiencia del sistema eléctrico con el que buscó frenar la entrada de plantas privadas de energía renovable con el argumento de la emergencia sanitaria.
“Ese fue el primer golpe al sector y a los privados”, advierte Miguel Ángel Mateo, socio especializado en derecho energético de la firma legal Hogan Lovells.
Al acuerdo de Cenace se sumó la política de confiabilidad que la Secretaría de Energía publicó el 15 de mayo para desincentivar el despacho de energía renovable generada en plantas privadas con el pretexto de que son “intermitentes”.
Además, en un acto que empresarios llaman “electrolinazo”, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en junio un aumento de hasta 775% en las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables, a la CFE.
El conjunto de estas acciones afectaría al 14% del PIB, calculó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal organización de empresarios del país.
Asimismo, peligran USD 44,000 millones de inversión y 81,500 empleos en México, han estimado asociaciones de productores renovables.
Aunque estas acciones están suspendidas en tribunales y pendientes de revisión en la Suprema Corte de Justicia, Mateo considera que los efectos ya son tangibles.
“Las empresas han perdido mucha confianza en el regulador. El sector energético se ha desmotivado para invertir”, lamenta el abogado de Hogan Lovells.
VUELTA AL PASADO
Pero la experta de Talanza Energy considera que el “evento más importante” fue el memorando que López Obrador envió en julio a los reguladores autónomos de energía a los que pidió alinearse a su política energética.
López Obrador plantea en el texto “regresar, sin ignorar las nuevas realidades” a la política de los expresidentes Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Adolfo López Mateos (1958-1964), quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad.
“Tal es el espíritu que nutre el objetivo superior del actual Gobierno: recuperar el pleno dominio del petróleo y de la industria eléctrica. En lo específico, la decisión se traduce en no continuar con la privatización del sector energético”, afirma el presidente en el memo.
El documento se dirige a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órganos autónomos que regulan el sector, además del Cenace, organismo público descentralizado que controla el sistema eléctrico.
“El punto nodal, más importante en este año, fue ese memo del presidente donde le pide a los reguladores que hagan todo lo posible dentro del marco de regulatorio para que tanto Pemex como la CFE no pierdan participación de mercado”, expone Flores.
CHOQUES EN 2021
Pese al freno temporal en tribunales, el conflicto por el sector energético continuará en 2021 porque López Obrador ha advertido de una posible iniciativa que contrarreste los efectos de la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la inversión privada.
Mientras Mateo considera que el Gobierno usará el tema para “buscar consensos” con los empresarios, Flores señala que dependerá de las elecciones de 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados.
Además, México aún debe analizar la postura energética que tendrá el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien podría aprovechar el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde el 1 de julio, para presionar a la administración de López Obrador.
“Aunque quieran cambiar las leyes, tienen que tener mucho cuidado porque seguimos teniendo tratado comerciales, el T-MEC a final de cuentas protege los intereses de las empresas estadounidenses y canadienses que ya están instaladas aquí”, reflexiona Flores.
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