En la entidad federativa mexicana de Guerrero, ocho personas fueron ejecutadas en distintos municipios. Cuatro de los cadáveres fueron encontrados en la carretera federal Chilapa-Atlixtac: dos hombres y dos mujeres nahuas en el punto conocido como La Herradura.
De acuerdo con La Jornada, los cuerpos se hallaron cerca de una camioneta tipo pickup color rojo, “amordazados”, y con impactos de bala. Mientras que reportes preliminares informaron que las víctimas podrían ser originarias del municipio de Acatepec, hasta el momento no han sido identificadas.
Por otro lado, alrededor de las 13:00 horas de este sábado, un joven fue acribillado a balazos por sicarios armados cuando viajaba en una motocicleta en la carretera federal México-Acapulco en Iguala, en las inmediaciones del hotel Las Palmas.
Momentos después, también en Iguala, un grupo de sujetos atacaron con disparos a una tortillería: dejó un saldo de un herido y un muerto.
En la carretera Iguala-Altamirano, el abogado identificado como Ovidio “M”, del municipio vecino de Arcelia, fue ultimado a balazos.
El sábado, en la ciudad de Iguala, el dueño de una tienda de abarrotes fue asesinado con disparos de armas de fuego dentro de su negocio.
Guerrero tiene mala fama entre las entidades mexicanas por su historia de violencia y mal gobierno. Localizado en la costa del Pacífico, el estado sufrió una de las peores atrocidades en la historia reciente: la desaparición, en 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Los próximos años no fueron mejores. Esta región, con aproximadamente tres millones de habitantes, es el epicentro del narcotráfico con más grupos luchando por el control del territorio. De acuerdo con la organización International Crisis Group, “al menos 40 células criminales luchan por un portafolio criminal, que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína para el mercado estadounidense y otro tipo de actividades criminales como la extorsión”.
Desde el 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, Guerrero significó uno de sus mayores retos para traer la paz al país. A dos años de aquel suceso, la entidad —que durante años fue la región con más asesinatos— redujo este 2020 15% los asesinatos perpetrados por el crimen organizado respecto a 2019 y 28% respecto a 2018.
Eduardo Guerrero, consultor en seguridad pública y analista político, aseguró que este baja en las cifras obedece principalmente al acatamiento del gobierno. El especialista explicó que a pesar de que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, pertenece a la oposición —gobierna para el PRI— “ha sabido entenderse con las formas de López Obrador y “no falla en las reuniones de la mesa de coordinación de seguridad”.
De esta forma, Astudillo ha logrado que las calles y vialidades de su entidad permanezcan vigiladas.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró de enero a octubre de este año mil 28 homicidios dolosos, mientras que en 2019, la cifra en el mismo periodo fue de mil 302 asesinatos. Un año antes, casi para finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el estado contó mil 878 ejecuciones de enero a octubre.
Pese a los números, las perspectivas inmediatas para reducir la violencia en Guerrero son desalentadoras, especialmente durante la pandemia por coronavirus, sugiere Internacional Crisis Group.
La organización señala que la brutalidad criminal aún presente en el estado se debe, en gran medida, a la gran proliferación de organizaciones criminales. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, en 2006, los cárteles con presencia en la entidad se dividieron en grupos pequeños pero más violentos.
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