La recomendación que emitió la CNDH tras el abuso sexual contra 58 menores de un kínder en Chapala

A tres años de que el caso consternará a la sociedad mexicana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades de Jalisco por el abuso sexual infantil cometido contra al menos 58 niños y niñas del prescolar Fray Juan Ruiz Cabañas y Crespo.

La CNDH acreditó que hubo violencia sexual contra 10 niñas y 5 niños, sin embargo, precisó que hubo otras 43 víctimas, cuyas identidades no pudieran ser establecidas, pero también son menores de edad. A todos debe serles reparado el daño y obtener una disculpa pública por parte de las instituciones que abundaron en violentarlos.

Fue en julio del 2017 cuando los padres denunciaron a una maestra de inglés por haber tocado los genitales de los niños y después, haberles tomado fotografías. En un inicio se hablaba de 11 casos, pero luego de tres años de indagatorias, la CNDH aludió al menos a 58 víctimas.

El evento fue registrado en la comunidad de San Nicolás de Ibarra, perteneciente al municipio de Chapala, Jalisco. Por lo que este 16 de diciembre, la institución defensora de Derechos Humanos emitió la recomendación 40/2020/VG al gobernador Enrique Alfaro, así como al fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez y al director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Estrada.

“Luego de analizar el expediente, la Comisión acreditó la responsabilidad de tres personas servidoras públicas de la Secretaría de Educación Pública de la entidad que omitieron supervisar las condiciones en las que se impartían clases extracurriculares en ese lugar, lo que derivó en actos de violencia sexual cometidos en agravio de diez niñas y cinco niños, así como de diversos alumnos, cuyas identidades no pudieron ser establecidas y quienes, de acuerdo con la información que esta Comisión Nacional se allegó, podrían ser al menos 43 personas menores de edad más”.

Aunado a ello, la CNDH advirtió violaciones graves, porque hubo omisiones en la debida procuración de justicia y faltas a la verdad, mismas que cometió personal de la Fiscalía de Jalisco. Por ejemplo, irregularidades durante la integración de dos carpetas de investigación.

“Por su parte, funcionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cometieron diferentes anomalías en la emisión de dictámenes periciales relativos a las valoraciones médicas y psicológicas practicadas a las personas menores de edad”, describió la CNDH.

En consecuencia, la dependencia encabezada por Rosario Piedra Ibarra, instruyó a las autoridades para que se disculpen institucionalmente por las violaciones a derechos humanos, debido a las deficiencias que ocasionaron daño a las víctimas.

“Particularmente, se pide al Gobernador de Jalisco que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare integralmente el daño a los progenitores y/o a quienes ejerzan la patria potestad de las diez niñas y los cinco niños, así como de las personas menores de edad cuyas identidades no pudieron ser establecidas, mediante el pago de una indemnización justa; inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención psicológica, médica especializada y de rehabilitación periódica”, demandó la CNDH.

Esta dependencia contó con elementos de prueba suficientes para evidenciar violaciones a la integridad personal, normal desarrollo psicosexual y de la personalidad, derivado del abuso infantil.

“De igual forma se solicitó instruir el establecimiento de protocolos atención a personas menores de edad víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y/o escolar; así como ordenar la inspección de la totalidad de los planteles oficiales de educación preescolar, primaria y secundaria”.

Por otra parte, la CNDH recomendó la pertinencia de colocar cámaras de video en las escuelas para monitorear las actividades que ahí se desarrollan, además de instruir a un grupo interdisciplinario que analice la situación de víctimas de violencia sexual.

“Al fiscal del Estado se le solicita iniciar la carpeta de investigación por la presunta responsabilidad de las personas que participaron directa e indirectamente en los actos descritos; colaborar en la presentación y seguimiento de las quejas y denuncias que se formulen al respecto, así como establecer una política de revisión periódica de averiguaciones previas o carpetas de investigación en las que se encuentren involucradas niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual”, abundó la institución.

Mientras que al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se le pide colaborar en la presentación y seguimiento de las quejas y denuncias que se formulen en el Órgano Interno de Control y ante la Fiscalía General por las irregularidades detectadas. También se le solicita ordenar que, durante las valoraciones médicas y psicológicas de personas menores de edad víctimas de violencia sexual, ajusten su actuación a los protocolos especializados para casos de abuso infantil.

Desde el 18 de julio del 2017, fue cumplimentada una orden de arresto contra la maestra Ana “N”, profesora que se encuentra en proceso y ya ha aceptado haber abusado de los menores. Sin embargo, la CNDH exige indagatorias contra otras tres personas, trabajadoras de la Secretaría de Educación Pública.

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