Por COVID-19, defensa de César Duarte pidió más tiempo para responder a la Fiscalía de EEUU

Bell pidió hasta el próximo 30 de diciembre para responder a los argumentos presentados

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Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral Jurado, está preso en una cárcel de Florida (Foto: Cuartoscuro)
Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral Jurado, está preso en una cárcel de Florida (Foto: Cuartoscuro)

La defensa del exgobernador de Chihuahua (México) César Duarte, solicitado en extradición por su país por desvío de dinero y delitos electorales, pidió este martes dos semanas más para responder a la Fiscalía estadounidense, aludiendo entre otras a un brote de la COVID-19 en su unidad. El abogado Henry Bell detalló que él recibió una llamada del Centro de Detención Federal (FDC) de Miami cancelando una visita legal debido a “las restricciones en la unidad de Duarte” y que este le confirmó la noche del martes que esas restricciones persisten.

La defensa de Duarte “no ha podido revisar y discutir el borrador de respuesta” a la Fiscalía señaló Bell en una moción presentada hoy a la corte del Distrito Sur de Florida que llevará a cabo el juicio de extradición a mediados de enero. Bell agregó que la defensa además está aún a la espera de declaraciones juradas de testigos que piensan utilizar en su repuesta a la Fiscalía de EE.UU., que representa al Gobierno mexicano, “que han tardado más de lo esperado”.

De esta forma, Bell pidió hasta el próximo 30 de diciembre para responder a los argumentos presentados el pasado agosto por el fiscal Jason Wu en los que justifica la extradición de Duarte. La defensa además argumentó que también necesitan más tiempo debido a que la jueza Lauren F. Louis, que escuchó los argumentos de ambas partes en noviembre pasado, aún no ha decidido sobre las mociones de la defensa que buscan desestimar el proceso. ”Dependiendo del fallo de la corte, podría eliminar o afectar el alcance de cualquier audiencia” de extradición, señala Bell en el documento.

Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral Jurado, está preso en una cárcel de Florida(Foto: Reuters/Jose Luis González)
Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral Jurado, está preso en una cárcel de Florida(Foto: Reuters/Jose Luis González)

El 30 de septiembre pasado la defensa solicitó “desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses”. En la audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el Gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.

El exgobernador, preso en Miami desde el pasado 8 de julio, está acusado de “malversación agravada y conspiración agravada”. Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral Jurado, está preso en una cárcel de Florida, pues la jueza le negó la libertad bajo fianza. La jueza Louis tiene programado para el 14 de enero de 2021 el comienzo del juicio de extradición.

Recientemente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a 12 ex colaboradores de César Duarte en Chihuahua por acusaciones de haber participado en una presunta red de corrupción.

Por este caso se iniciaron 73 procedimientos administrativos en los que se dio seguimiento a 77 funcionarios. Estos habrían realizado daño al presupuesto público por 1,794 millones de pesos. César Duarte estaría involucrado en al menos cinco desvíos por los que recibió “beneficios económicos y subsidios a empresas relacionadas con su persona”.

Asimismo, informó que cuatro personas cercanas a Duarte fueron identificados como operadores, además de que acumulan 30 y 35 procedimientos en su contra. También dijo que tres de ellos enfrentan un proceso penal y derivado de estas pesquisas, señaló, se han implementado 13 sanciones económicas por 273 millones de pesos, los cuales serán devueltos al erario público.

*Con información de EFE

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