Cámara de Diputados aprobó reforma al Poder Judicial: es la más profunda desde 1994

La Cámara de Diputados aprobó este lunes una serie de cambios a la Constitución mexicana para reformar el Poder Judicial, en una de los transformaciones más profundas realizados en este sector del Estado desde al menos 1994.

Con 319 votos a favor y 88 en contra, se aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, relativas al Poder Judicial de la Federación. Más tarde, sin cambios, se aprobó en lo específico con 310 votos a favor, 99 en contra y una abstención.

Con estas modificaciones aprobadas a los artículos constitucionales 94, 96, 97, 99, 100, 103 y 107 tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados con mayorías calificadas, como lo exige la ley cuando se realizan modificaciones de este tipo, el dictamen pasó a los Congreso locales, de los cuales al menos 16 deberán dar el visto bueno para que la reforma pueda confirmarse.

Arturo Zaldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el encargado de realizar la iniciativa de reformas al Poder Judicial, festejó su aprobación en San Lázaro. “Agradezco a las y los coordinadores y a las y los diputados por su confianza en el Poder Judicial de la Federación (PJF), al aprobar la reforma judicial más trascendente desde 1994″, indicó en redes sociales.

Entre los ejes principales de la propuesta está consolidar la carrera judicial para todas las categorías, a las que se accederá mediante concurso de oposición, además de limitar la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados. Para ello, se reforzarán las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo, una de las banderas de Zaldívar.

También establece políticas que orientan las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en materia de adscripción, readscripción, reincorporación y ratificación de juzgadores, así como impulsar la capacitación y profesionalización de personal a través de la creación de la Escuela Judicial (antes Instituto de la Judicatura Federal), cuya responsabilidad resultará velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes del PJF.

El dictamen adopta la paridad género y elimina la facultad de la SCJN para revocar los acuerdos del Consejo del CJF. También faculta al Consejo de la Judicatura para concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales a que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos.

Además, amplía la facultad de promover controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos locales; fortalece la declaratoria general de inconstitucionalidad; restringe la procedencia del recurso de revisión en amparo directo y elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase.

Por otra parte, se establecerán Plenos Regionales, en sustitución de los Plenos de Circuito, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se suscitan en el país entre órganos jurisdiccionales.

Los Tribunales Unitarios de Circuito se convertirán en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones.

Asimismo, se modifica el Sistema de Jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte, a fin de que la doctrina constitucional que genera enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.

Pero, a pesar de la aprobación de las reformas, una parte de la oposición se mostró lejos de estar satisfecha. La diputada Mariana García Rojas, del PAN (Partido Acción Nacional), advirtió que estos cambios albergan la gran posibilidad de debilitar la independencia y la autonomía de la Suprema Corte.

Además, se mostró contra la introducción del sistema de precedentes, donde se establece la obligatoriedad de las razones contenidas en las sentencias de la SCJN para todas autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas.

“Este modelo resulta peligroso porque se puede interpretar alguna disposición constitucional o legal de manera automática y obligatoria, poniéndola en un rango menor a las funciones del legislativo”, señaló, además de alertar sobre la eliminación de los plenos de circuito, al definir la acción como “un atentado en contra del federalismo”.

Por el contrario, la diputada Aleida Alavez, de Morena, el partido de la mayoría, aseguró que la reforma “es congruente con esta lucha contra la injusticia y la impunidad”. “Es resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres poderes de la Federación para atender un reclamo de justicia de la sociedad mexicana”, añadió.

Adriana Espinosa de los Monteros, también del oficialista Morena, precisó que se consolida una reforma que tendrá gran relevancia en la impartición de justicia en México, ya que busca cambiar la mala percepción del aparato de justicia y que miles de mexicanos confíen y participen del nuevo proceso.

Sin embargo, a pesar de que quedó sin legislar el tema de los sueldos de magistrados y ministros, entre varias otras cosas, ambas Cámaras del Congreso discutirán el próximo año, cuando se reanuden las sesiones tras el descanso legislativo de diciembre-enero, el resto del paquete de reformas.

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