Tras una década de la sentencia que interpuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado Mexicano, por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas torturadas y violadas por militares, no se vislumbran muchas mejoras.
Y es que las Fuerzas Armadas de México no están asumiendo con la obligación de capacitar a su personal en materia de derechos humanos y género con la seriedad que amerita, tal como lo ordenó en su resolución la Corte IDH.
Así lo reveló este jueves el informe “Falsas salvaguardas: Las capacitaciones de las fuerzas armadas en derechos humanos y género (2010-2019)”, elaborado por las organizaciones civiles Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta.
Dichas organizaciones realizaron un monitoreo del cumplimiento de las responsabilidades internacionales establecidas, a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública a las instituciones castrenses del país.
El resultado fue que ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la de Marina (Semar) ni la Guardia Nacional (GN) “cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo”.
Ninguna de las instituciones a las cuales solicitamos información cumple con cabalidad con la obligación de contar con programas de capacitación y de efectivamente capacitar a todo su personal
Señalan que en el mejor de los casos, las respuestas a las solicitudes de información solo les permitieron conocer el número de personas capacitadas, “pero ninguna institución es capaz de responder con evidencia de qué se trató exactamente la capacitación que recibió su personal”.
Las dependencias tampoco fueron capaces de mostrar los mecanismos que utilizan para medir el éxito de las capacitaciones.
Por ejemplo, la Sedena reportó 12 cursos y 62 videoconferencias en derechos humanos impartidas entre 2013 y 2019. Sin embargo, no proporcionó información sobre los temarios o contenidos y las personas que las impartieron.
En el caso de la Marina, inicialmente su respuesta fue que no estaba obligada a implementar las resoluciones de la Corte IDH relacionadas con los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú.
Además, aunque afirmó contar con un curso permanente de capacitación en derechos humanos, tampoco proporcionó información precisa y desagregada por cargo y por área acerca del personal que asistieron, la duración o el temario de las mismas.
Por su parte, la Guardia Nacional (GN), una corporación de reciente creación, presentó resultados similares a las anteriores instituciones.
En el mejor de los casos, sólo siete de cada 100 elementos de la Guardia Nacional han sido capacitados en materia de derechos humanos a través de los cuatro escalones del Curso de Formación Inicial Homologado, un curso que, en teoría, debería ser obligatorio para todos los elementos
En este contexto, las organizaciones civiles concluyeron que las actividades de capacitación que se imparten a militares no obedecen a estándares internacionales, pues sus acciones se limitan a conferencias de dos horas, obras de teatro, presentaciones artísticas, cursos, talleres y diplomados.
Es particularmente preocupante porque se continúa recurriendo a las capacitaciones del personal casi por inercia y sin que sepamos, con base en evaluaciones y evidencia, que están funcionando para lo que se sostiene que deberían funcionar
Cabe mencionar que, este informe se dio en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y coincidió con el anuncio del gobierno sobre la reapertura del caso de Ernestina Ascensio, una indígena presuntamente violada y asesinada en 2007 por elementos del Ejército.
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