El Senado aprobó este miércoles una nueva Ley General de Educación Superior, documento que ratifica que la enseñanza universitaria deberá ser gratuita y obligatoria, y envió el dictamen a la Cámara de Diputados para completar el proceso legislativo.
De forma unánime, con 108 votos a favor, la Cámara Alta aprobó el proyecto para expedir la nueva legislación, “cuyo objetivo es formar profesionistas con un alto compromiso social, que contribuyan al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país”.
Esta nueva ley establece las bases para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la enseñanza de este nivel. Además, reconoce la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de educación superior, así como a su régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación, estructura administrativa, patrimonio, características y modelos educativos.
El dictamen, que se analizará en San Lázaro para su eventual aprobación, reitera la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Asimismo, establece un registro nacional de opciones que dará a conocer a la población los espacios disponibles en este nivel de enseñanza, así como los requisitos para su ingreso.
Además, destacaron, “vincula a las instituciones de educación superior con la necesidad de los sectores social, productivo y económico” y “promueve programas de apoyo para la titulación de los estudiantes”. “Prioriza a la comunidad estudiantil cuyos intereses y necesidades son el centro del Sistema Nacional de Educación Superior”, detallan.
La nueva ley también fomenta la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en los centros escolares. Por otro lado, establece un Sistema para la Evaluación y Acreditación de dichas instituciones y regula la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en su financiamiento.
El proyecto precisa que los procesos legislativos relacionados con las leyes orgánicas de las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía “en todo momento respetarán de manera irrestricta las garantías de dichas instituciones”, por lo que no podrán menoscabar su facultad y responsabilidad para gobernarse por sí mismas.
“Cualquier iniciativa o reforma, acota, deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada de los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”, remarcaron.
“Esta es una ley que va a regular para bien la educación superior en el país y seguramente será un instrumento que le permita elevar sus estándares de calidad”, indicó durante el debate el senador Rubén Rocha, presidente de la comisión de Educación e impulsor de la legislación.
La senadora del opositor PAN (Partido Acción Nacional), Minerva Hernández, indicó que el dictamen fue consensuado entre autoridades de la Secretaría de Educación Pública, especialistas y académicos, para que esta nueva legislación tenga alcance nacional y para que la coordinación y regulación del Sistema Nacional de Educación Superior esté acorde con la reforma Constitucional de 2018.
Sin embargo, el senador del también opositor Movimiento Ciudadano (MC), José Alberto Galarza, hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que rectifique su política presupuestal y dé los recursos necesarios para que las universidades públicas puedan incrementar sus matrículas.
Más tarde, también de forma unánime, aunque en esta ocasión con 108 votos, se realizaron modificaciones en lo específico, para garantizar los derechos y la certeza laboral de los maestros de educación superior, así como definir los conceptos de obligatoriedad y gratuidad y contemplar los recursos suficientes para asegurar el acceso a este nivel educativo.
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