“El engendro creado es indomable”: análisis advirtió cómo avanzó la militarización de México durante la pandemia

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México vive un proceso de militarización que se incrementó durante la pandemia de COVID-19, de ese modo, la recurrencia de Fuerzas Armadas (FFAA) para tareas fuera de su competencia, va encaminado a ceder el poder político y empoderar a los castrenses.

De acuerdo con un análisis de Lisa María Sánchez Ortega, para el Friedrich-Ebert-Stiftung, México ha visto reducido el poder civil para acotar y supervisar a los militares. Además, con la participación preponderante de FFAA se distorsionan las tareas con otras dependencias de la administración.

Debido a que soldados y marinos tienen variadas atribuciones, la soberanía de estados y municipios se pierde o gana, dependiendo de las condiciones impuestas para auxiliarles o sustituirles. No se identifica a un responsable, nadie que juzgue, según el estudio.

“Es un hecho que México vive un proceso de militarización por el que importantes facultades del gobierno civil, que trascienden ya el ámbito de la seguridad pública, se han trasladado a las FFAA (...). El engendro creado es indomable e insostenible. Peor. No podrá crear seguridad ni pacificar definitivamente al país. Primero porque no se entiende y segundo porque diluye la responsabilidad”, concluye el reporte titulado “Paz y seguridad. Militarización y pandemia en el México del 2020″, realizado por Sánchez Ortega, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia.

AMLO ha justificado que la ampliación de funciones de las FFAA es para subsanar la incapacidad civil del gobierno y con ello, cede su poder. Sin embargo, la tropa no es culpable de estas decisiones, el problema es que frente a una responsabilidad política del poder civil, junto con los altos mandos militares, el gobierno ha preferido el empleo casi excesivo de las FFAA, antes que idear otras soluciones.

Sánchez Ortega, maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, hizo un recuento sobre el proceso de militarización que atraviesa el país desde 1940. Sin embargo, afirma que con el gobierno de López Obrador, los militares han ganado mayor terreno, cuando usualmente eran dispuestos para tareas de seguridad pública. Aunado a esto, la pandemia de COVID-19 permitió que los castrenses intervinieran en más actividades.

“Justificado como una necesidad por los distintos actores que lo promueven –entre ellos los propios gobiernos civiles–, este proceso no cesó ni se atemperó con la llegada de la emergencia sanitaria causada por la covid-19. Por el contrario, la disrupción de la normalidad institucional y social causada por la pandemia sirvió de oportunidad para acrecentar la presencia y competencias de las Fuerzas Armadas en el ámbito civil, sin que para ello mediara ni el más mínimo debate público”, apuntó la especialista en Relaciones Internacionales.

En consecuencia, la egresada del Tecnológico de Monterrey dijo que por las encomiendas a militares se vive una entrega progresiva y quizás definitiva de funciones gubernamentales a instituciones castrenses.

La militarización alude a un aumento progresivo de las FFAA en funciones de seguridad pública; mientras que en la parte política, refiere a una mayor inclusión castrense sobre la dirección civil.

Según Sánchez Ortega, México está en curso de una militarización de la seguridad pública y la esfera política, porque las FFAA han sido llamadas a desempeñar más funciones en materia de seguridad y a partir de ese llamado, se han empoderado al punto de demandar y lograr, tanto la alteración del marco constitucional para acomodar sus nuevas funciones, como la ampliación de su esfera de influencia a otras áreas de gobierno.

Para la analista, este fenómeno no es nuevo, pero se ha acentuado su institucionalización. De 1940 a 2005, los militares tuvieron participación en operativos limitados, con despliegues temporales y objetivos puntuales, pero desde 2006 al 2020, no sólo participan en campañas antidrogas o combate al narcotráfico, sino sustituyen a las autoridades locales civiles.

Mediante una lógica expansiva, los agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también han aparejado el despliegue en territorios puntuales. Por ejemplo, atienden estados como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. A su vez, se han “apersonado” en Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Nuevo León o Oaxaca y el resto de las entidades. Los efectivos desplegados pasaron de 37,253 en 2006 a 49,650 en 2012 y a 54,980 en 2018. Para 2019 el número fue de 62 mil 954 elementos y a mayo de este 2020, había 71,094.

Aún cuando AMLO mantuvo a las FFAA en tareas de seguridad, asignó un marco constitucional para permitirles operar, algo que no habían logrado Enrique Peña Nieto ni Felipe Calderón.

El presidente traicionó su promesa de campaña. Lejos de sacar a los militares de las calles, les asignó más tareas. Durante los primeros 21 meses de su mandato, retomó Sánchez Ortega, López Obrador asignó una decena de competencias a las FFAA, entre ellas, el combate al robo de combustible, resguardo y custodia de pipas para distribución de combustible, entrega de libros de texto gratuitos, reparto de fertilizantes a trabajadores del campo, recolección de sargazo en las costas de Cancún, el resguardo de las fronteras sur y norte, así como la detención de migrantes en tránsito a EEUU.

Además, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México; obra que es supervisada por 30 mil trabajadores de la Sedena. La edificación de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, para distribuir programas sociales a comunidades marginadas. El trazado de dos tramos y la construcción de uno de ellos, del Tren Maya, así como la construcción de las bases de la Guardia Nacional, 85 de los cuales están en proceso. A su vez, la remodelación de decenas de hospitales abandonados a mitad de obra.

Aunado a esto, AMLO impuso que los militares vigilen la entrega física de las ayudas económicas y participen en los programas de “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro”. La Sedena también estará a cargo de la siembra de árboles frutales y maderables en sus viveros.

Todo ello fue asignado previo a la pandemia. A la entrada en estado de emergencia sanitaria por COVID-19, las FFAA participaron en la reconversión hospitalaria de sus propias unidades. Trataron pacientes y resguardaron nosocomios para contener posibles agresiones al personal médico.

“El ejecutivo federal invadió las competencias del legislativo y declaró satisfecha la obligación de garantizar que toda intervención militar en la materia fuera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria publicando un instrumento que claramente no cumple con dichos criterios”, refiere el reporte de la especialista.

Aunado a esto, agentes de la Secretaría de Marina fueron asignados a la limpieza de ríos en Tabasco, como parte de atención a las inundaciones. También les fue turnada la facultad de administrar puertos y comunicaciones marítimas y resguardar aduanas.

Por lo que toca a la Guardia Nacional, el presidente anunció la creación de una Guardia Financiera, con el fin de privilegiar las acciones de inteligencia e investigación para perseguir y afectar las estructuras económicas de grupos delincuenciales.

Lo anterior, ha derivado en un aumento de presupuesto a las FFAA, contraria a la política de austeridad observada en otros sectores. En dos años de la llamada “cuarta transformación”, los militares no han visto decrecer su gasto, sino todo lo opuesto.

Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF), apunta el estudio, “la Sedena logró para sí una asignación de 94 mil millones de pesos mientras que la Secretaría de Marina alcanzó un presupuesto de 33 mil millones de pesos. El aumento con respecto al último año del gobierno anterior fue de 16% y 6%, respectivamente”.

Para 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional ejercerá su mayor presupuesto en la historia: 112 mil 557 millones de pesos, es decir, 18 mil 528 millones más que lo otorgado en este año; algo que se ha calificado como “consentir” a los castrenses. Entre 2019 y lo que va de 2020, a esta dependencia se le han entregado 50 contratos por adjudicación directa en montos superiores a los 2 mil 481 millones de pesos.

“El aumento proyectado para la Sedena para el año entrante sería de 15,7% (superando los 112 mil millones de pesos) mientras que para la Semar sería de 2,1% (rebasando los 35 mil millones de pesos). Esto sin contar que la GN crecería su presupuesto en 17,7% y que, de aprobarse la militarización de los puertos y aduanas, la Semar lograría el control de, por lo menos, otros 25 mil millones de pesos”, detalla el análisis.

De gira para supervisar el Canal Centenario en Nayarit, el 5 de diciembre pasado, López Obrador justificó el papel preponderante de las Fuerzas Armadas en su gobierno, pues consideró que la institución debe colaborar al progreso del país y su conocimiento profesional, usado tal como él lo ha hecho al asignarle diversas tareas en programas sociales y obras de infraestructura.

En aquel evento, destacó que una de las tareas del Ejercito es apoyar al progreso de México, según respaldó su postura en la Ley Orgánica de la dependencia, misma que en su artículo primero, fracción IV, refiere como una de las funciones de la institución castrense: “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.

Para Alexei Chévez Silveti, consultor en temas de Seguridad, México no atraviesa un proceso de militarización, sino de militarismo, pues la primera opción conllevaría ver a castrenses en diversas áreas de gobierno, aunque reconoce que hay un uso “excesivo” de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno de López Obrador.

“Militarización en el uso estricto de la palabra no hay. Y hay que ser muy puntuales en ello. No hay militares en otras áreas de gobierno y tampoco hay militares legisladores. Lo que si hay es un uso indiscriminado de las FFAA ¡para absolutamente todo!, construyen, reparan, cuidan”, consideró Chévez Silveti en entrevista con Infobae México.

Pero, contrario a esa discusión, el presidente presumió como un logro haber sobrecargado de misiones a las instituciones armadas, durante su informe del pasado 1 de diciembre, al cumplir dos años en el cargo.

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