Las exportaciones de armas desde países europeos e Israel habrían aumentado la violencia en México de manera preocupante durante un periodo que se extiende del año 2006 y hasta el año 2018.
En ese mismo lapso habrían llegado a México cerca de 238,000 armas de fuego, de acuerdo con la investigación “Comercio Mortal: cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México” por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Sin embargo, estas armas estarían destinadas únicamente para el uso de la policía estatal y municipal, pues más del 95% fueron clasificadas para el uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las armas, indicaron, provendrían de en su mayoría desde Italia (36%), seguido de Austria y los Estados Unidos con el 22% cada uno. En menor medida, pero no por eso deja de ser importante, está Israel con el 8%, Alemania con el 7%, República Checa con el 3%.
Entre las armas destacan alrededor de 25,000 rifles y otras armas largas de la marca italiana Baretta con un total de 108,660 ventas; además de cerca de 68,319 armas de la marca austriaca Glock. Otras marcas que exportaron fueron FN Herstal, Sig Sauer, I.W.I., Ceska Zbrojovka, Heckler & Koch y Walther.
Se suman también las 24,280 armas provenientes de Israel, las 22,221 alemanas o las checas que fueron 7,904. Por último están las 4,168 armas de fuero turcas, así como las 1,603 belgas.
Lamentablemente, el informe de la CMDPDH apunta que la compra de dichas armas no llevaron al país a un camino de mayor seguridad para la población, pues hubo un aumento en los asesinatos, así como en las desapariciones forzadas, la ubicación de fosas clandestinas, el feminicidio, entre otras.
Además, advirtieron sobre las violaciones a los derechos humanos o desapariciones cometidas por los agentes de la policía, mismas en las que se habrían utilizado las armas antes mencionadas.
La CMDPDH reveló que dichas adquisiciones facilitarían a los agentes el uso indebido de armas de fuego para la comisión de ejecuciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, agresiones sexuales y desplazamientos forzados.
“Así pues, el Estado debe velar por el uso adecuado de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a fin de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de la población”, consideraron.
Entre los casos de violaciones a derechos humanos por parte de la policía, la CMDPDH destacó el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, quienes desaparecieron durante un conflicto con la policía de Iguala, en Guerrero.
De acuerdo con el reporte, las autoridades habrían utilizado rifles G-36 durante los ataques, aunque los permisos oficiales de exportación, consultados por la Comisión, dichas armas “nunca debieron haber estado en Guerrero”.
El contrato inicial de compra de dichos fusiles de asalto indicaba que no se podrían destinar las armas a cuatro de los estados más golpeados por la inseguridad: Guerrero, Jalisco, Chiapas y Chihuahua.
Sin embargo, la prensa y otros actores sociales revelaron que fue precisamente en dichos estados donde terminaron las armas.
Al respecto, la compañía Heckler & Koch enfrentó un proceso penal por la ilegalidad de dichas exportaciones, y finalmente fueron condenados algunos de sus ex empleados, informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
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