Doce años después de que entró en vigor la Iniciativa Mérida, un plan de asistencia estadounidense para México, a fin de poder combatir el narcotráfico y el crimen organizado, se han difundido varias advertencias que hizo el Gobierno de EEUU respecto a su implementación y eficacia.
De acuerdo con documentos que publicó este miércoles el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), una institución no gubernamental fundada por periodistas de la Unión Americana y con sede en la Universidad de Washington, desde mayo de 2010, la Embajada de Estados Unidos en México resaltó que el éxito de la Iniciativa Mérida dependía en gran medida de tener funcionarios e instituciones “confiables” en el país.
Y es que era necesario vigilar a los actores corruptos y garantizar que la información más delicada o las herramientas de procuración de justicia entregadas por Estados Unidos no cayeran en las manos equivocadas.
Si el equipo y entrenamiento son proporcionados a individuos corruptos, el [gobierno de Estados Unidos] no habrá logrado algo más que proveer experiencia y tecnología a individuos que podrían usarla para socavar todos los esfuerzos [del gobierno de Estados Unidos] en México. El punto es que si el Control de Confianza –un mecanismo enfocado justo en garantizar la transparencia y fiabilidad de quienes estaban involucrados en la Iniciativa- falla, Mérida fracasa
Sin embargo, dos de esos funcionarios que eran considerados clave, resalta la NSA, hoy enfrentan juicio en suelo estadounidense por corrupción ligada al narcotráfico. Se trata del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el ex comandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate; lo que muestra que los temores de corrupción sí tenían fundamento.
“Una década después, esos temores aparentemente se han confirmado (...) Dos funcionarios mexicanos considerados fundamentales para el éxito de (la Iniciativa) Mérida están actualmente a la espera de juicio en EU por cargos de que se llevaron millones de dólares en sobornos para proteger a los cárteles de la droga”, apuntó el centro de investigación, en un comunicado al dar a conocer el cable firmado por Carlos Pascual, entonces Embajador de EU en México.
Dichos arrestos, “representan un duro golpe para el legado de un programa que se ha vuelto la piedra angular de la política de Estados Unidos hacia México desde 2007 y generan dudas serias sobre el compromiso de México para combatir la corrupción y la impunidad relacionada con el narcotráfico, un componente clave de la política estadounidense hacia México por más de dos décadas”.
El NSA también señala el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de Defensa Nacional, que recientemente entregó EEUU a México, “a pesar de contar con evidencia abrumadora de sus lazos con narcotraficantes”. Esa liberación, añade el organismo, “ha desatado las alarmas entre los grupos que buscan justicia en casos de abusos de derechos humanos que, dicen, llevan años languideciendo en cortes mexicanas sin el poder suficiente”.
Habla, por ejemplo, de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, quienes temen que la liberación de Cienfuegos genere más resistencia entre el ejército a realizar investigaciones. El propio Cienfuegos, explica el NSA, “negó a los investigadores la posibilidad de entrevistar a miembros del ejército sobre el caso”.
Además, se menciona la preocupación de EEUU ante la propuesta de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de quitar a los agentes estadounidenses en México la inmunidad diplomática que hoy tienen y obligarlos a compartir cualquier tipo de información de inteligencia en su poder con el gobierno mexicano.
Cabe mencionar que, a fines de 2007 por los Gobiernos de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y George W. Bush (2201-2009), la Iniciativa Mérida incrementó de forma drástica la asistencia estadounidense anticrimen para México, lo que ha costado más de USD 3 mil millones, según información del Capitolio.
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