La audiencia de calificación de pruebas de Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no aparece en la agenda del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para este martes, pues la defensa de la ex funcionaria solicitó formalmente el aplazamiento de la misma.
La audiencia estaba programada para el 8 de diciembre en el Centro de justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. De acuerdo con Proceso, la petición tendría por objetivo que Robles Berlanga pueda continuar sus negociaciones con la Fiscalía General de la República ahora que busca mantener el criterio de oportunidad.
En esta figura jurídica, la ex funcionaria se comprometería con las autoridades mexicanas a imputar a superiores jerárquicos que participaron en la llamada Estafa Maestra en favor de su proceso jurídico.
En específico, esta audiencia se realizaría por el presunto desvío de recursos de más de 5,000 millones de pesos, el cual se habría realizado cuando se desempeñaba al frente de la Sedesol y la Sedatu.
El medio mexicano destacó, además, que esta sería la última oportunidad de la ex funcionaria para evitar el juicio por los dos cargos que se le imputan de ejercicio indebido del servicio público.
En esta situación, los abogados y fiscales se presentarán a la audiencia para determinar si se aplaza o no. Es decir, no debatirían sobre los datos de prueba con los que se cuenta, según El Universal.
La ex dirigente de las dependencia se encuentra formalmente vinculada a proceso, pero en caso de llegar a un acuerdo con la FGR, esta podría cancelar las imputaciones que existen en su contra.
El pasado 24 de noviembre se dio a conocer que Rosario Robles había manifestado su interés por aceptar la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de haber permanecido todo un año en prisión preventiva.
Esta decisión habría sido tomada por la funcionaria ante la posible orden de aprehensión que tiene en su contra por delincuencia organizada y operación con recursos ilícitos, de la que aún no ha sido notificada.
El litigante Epigmenio Mendieta explicó para W Radio que dicha situación fue el punto de quiebre, “si Rosario fuera sentenciada por un delito de esa naturaleza la pena que podría alcanzar sería de 45 años […] lo cual significaría que el resto de su vida la tendría que pasar recluida”.
El abogado señaló además que la funcionaria se encuentra en condiciones de proporcionar “información directa de lo que participó el presidente, secretarios de Estado y otros compañeros con lo que colaboró”.
Aseguró que Robles Berlanga esperaba solidaridad de quienes le pidieron que trabajara con ellos, personas que hasta la fecha no la han apoyado. Mendieta aseguró que la búsqueda del criterio de oportunidad es “resultado de esa propia desesperación”.
En cuanto al caso de la Estafa Maestra, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que los bienes que se recuperen por este caso deberían de entregarse al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
“Todo lo que la fiscalía obtiene tiene que pasarse al instituto”, declaró el mandatario ante los medios de comunicación.
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