Uso de bots, falsas declaraciones y pesquisas con fallas: una investigación reveló irregularidades en el caso Regina Martínez, la periodista de Proceso asesinada en Veracruz

El asesinato de la periodista Regina Martínez marcó un hito en la libertad de prensa en México. Su caso nunca se esclareció, pues de acuerdo con una investigación periodística realizada por El País y 20 medios con Forbidden Stories, las pesquisas del crimen están plagadas de irregularidades.

Sucedió en Veracruz, cuando Regina trabajaba como corresponsal de la revista Proceso. Sin embargo, su presencia era más que incómoda entre la clase política del estado. Su labor consistía en acudir a las escenas del crimen, documentar las masacres y asistir a las ruedas de prensa. Sus reportajes iban firmados a su nombre pese al riesgo que supone esta práctica.

Investigaciones sobre los gobernadores Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016) significaron gran parte de su trabajo en Veracruz. Aunado a esto, Martínez abordó las actividades del cártel de los Zetas, tales como su entrada al estado, las masacres, desapariciones y secuestros.

Por otra parte, se documentó el incremento patrimonial de Herrera durante sus años como servidor público. Según Proceso, al dejar el cargo, tenía un jet privado, una camioneta blindada, ranchos, un hotel, un yate y 22 vehículos.

De acuerdo con fuentes consultadas por Forbidden Stories, las sospechas de los nexos del ex gobernador con grupos criminales datan desde 2007, cuando la inteligencia de la Ciudad de México recibía reportes que acusaban un pacto entre Herrera y el cártel de los Zetas.

Asimismo, un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR), con datos de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), detalla dos reuniones entre el ex funcionario y los líderes del cártel en 2008; una de ellas con Braulio Arellano Domínguez, cabecilla del grupo criminal en el estado de Veracruz, y otra en honor a Miguel Treviño Morales, su fundador.

Además, el informe señalaba que el cártel del Golfo pagaba una nómina de 600,000 pesos a la policía de Veracruz para que los dejaran operar con impunidad.

“Los Zetas llamaban a Herrera el Zeta 1 porque era él quien dirigía el Estado”, dijo el exagente especial del FBI Arturo Fontes a Forbidden Stories. “Herrera cobró millones de dólares a través de enlaces con los carteles para permitirles operar con impunidad”, contó el experto, el cual tiene una trayectoria de 28 años trabajando en casos de lavado de dinero y drogas en México y Colombia.

Cuatro meses después de este hecho, Regina fue asesinada. El caso fue cerrado como un robo, por el cual se declaró culpable Jorge A. Hernández, alias El Silva, mismo que tiempo después se retractó acusando que la policía lo torturó para que acusara lo contrario.

La fiscal Laura Borbolla fue parte de la investigación desde la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y en una entrevista exclusiva después de ocho años de silencio, dijo a los medios responsables de la investigación:

“En toda mi carrera nunca había visto una escena del crimen tan alterada”. Además, acusó Barbolla, las irregularidades en el caso comenzaron en la escena del crimen, cuando los oficiales aplicaron una cantidad excesiva de polvo revelador, lo que deterioró las huellas digitales. “No fue un accidente, revelar huellas correctamente se aprende en primer año de criminología y este error no ocurrió solamente una vez”, afirmó.

La sentencia concluyó que el asesinato fue cometido por un ladrón tras un intento de robo, El Silva Martínez confesó que él y otro sujeto llamado José A. Hernández exigieron a Regina que entregara cosas de valor, pero ella se negó y la pelea terminó cuando Hernández golpeó hasta la muerte a la periodista.

“Si hubiese sido un robo, todo hubiera sido un desorden”, dijo Barborlla, pues varios objetos de valor seguía en casa de la víctima.

“Poco después de la sentencia, El Silva se retractó de su confesión y dijo que se había inculpado después de que la policía lo torturara hasta el cansancio con descargas eléctricas.”, refiere la investigación.

Adicionalmente, la fiscal señala de todo ello a Enoc Maldonado, quien era jefe de la policía. “Sentíamos que por un lado a mí me decía: ‘Sí claro, fiscal; lo que tú necesites’. Yo me daba la vuelta y él les hablaba y les decía: ‘No le den nada’. Siempre fue esa la sensación con él”xs, dice.”, dijo a El País y a los medios que colaboraron en el reportaje.

De la misma manera, al revisar el expediente, el equipo de periodistas encontró que las huellas de El Silva nunca aparecieron en la escena del crimen, “y que la única prueba en su contra es el testimonio de un vecino que lo habría visto con El Jarocho caminar hacia la colonia de la periodista. Laura Borbolla nunca pudo encontrar a ese misterioso testigo, ni interrogar a El Silva a solas.”

“No vamos a saber quién mató a Regina, pero sí sé quién no la mató”, agregó la fiscal.

Por su parte, Maldonado negó las acusaciones de Laura Barbolla, asegurando que la investigación se realizó correctamente y que El Silva no fue torturado.

Otro de los hallazgos del trabajo periodístico fue que, inmediatamente después de darse a conocer, la versión oficial sobre el asesinato de Regina Martínez invadió los medios locales y las redes sociales. En Twitter, El Golfo de Veracruz se encargó de difundir el siguiente titular: “La PGJ esclarece el homicidio de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso”.

Sin embargo, Forbidden Stories, a través de un análisis realizado por La Mesa de Trabajo contra la Desinformación, encontró que al menos 190 cuentas automatizadas (bots) fueron usadas para replicar la información en la red.

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