En Guanajuato han sido desaparecidas 2,369 personas desde el 2009. Durante el mismo periodo, alrededor de 11 años, han sido encontradas, por lo menos, 215 fosas clandestinas.
Sin embargo, la problemática incrementó de manera significativa en los últimos dos años: fueron desaparecidas la mitad del total y se localizó el 80% (164) de las fosas.
Los datos fueron recabados por la periodista Daniela Rea en su reportaje “Guanajuato: desapariciones, fosas y silencio gubernamental” para Pie de Página. Provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación.
Las cifras sobre las fosas clandestinas son de registros periodísticos, ya que la Fiscalía del estado había negado la existencia de tales entierros.
El ”Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (de enero de 2009 a julio de 2020)”, publicado por académicos y activistas, contabilizó 109 fosas hasta el 2019. No obstante, durante este año se añadieron las ocho encontradas en la presa El Conejo, en Irapuato, en septiembre, las 65 fosas en Salvatierra en octubre, y las 33 fosas halladas en Cortázar el 1 de noviembre.
La falta de reconocimiento de estos crímenes por parte de la administración del gobernador Diego Sinhué es reconocida por colectivos de familiares y personas solidarias en Guanajuato como el principal obstáculo para encontrar a las personas desaparecidas y evitar más casos.
“Después del golpe de que se encuentran las fosas de Salvatierra –65 fosas con 79 cuerpos en su interior– ya no pudieron esconder o negar el problema. Sobre todo por la presencia de la Comisión Nacional de Búsqueda que las nombra como fosas clandestinas, porque la Fiscalía de Guanajuato ha negado que existan, había negado decir ese nombre”, declaró Jorge Reyes, académico de la Universidad Iberoamericana y uno de los coautores del informe sobre fosas clandestinas, a Pie de Página.
El texto fue publicado por un equipo de periodistas e investigadores, Data Cívica, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Artículo 19, y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PDH Ibero).
En agosto de este año advirtieron sobre la existencia de los entierros clandestinos en la entidad federativa y sobre la falta de reconocimiento gubernamental de la problemática.
Señaló: “La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Unidad de Transparencia, ha negado la presencia de tales sitios en varias respuestas a solicitudes de acceso a la información realizadas en diferentes años. Además, en la entidad no existe un registro estatal de fosas y el discurso oficial ha tendido a ocultar este fenómeno (...)
“La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tampoco cuentan o han recibido datos actualizados de fosas por parte de esta entidad. Las cifras disponibles sobre fosas clandestinas han sido documentadas por la prensa escrita local y nacional”.
Fueron los hallazgos de las fosas clandestinas en Cortázar, Salvatierra, y El Conejo este año que hicieron imposible que se continuara escondiendo el problema.
De acuerdo con Rea, “una mujer que busca a un familiar desaparecido, integrante del colectivo Mariposas destellando buscando corazones y justicia de Salvatierra” explicó que la búsqueda en el municipio inició dos meses antes de que se hallaran las fosas.
“Empezamos a buscar puntos a partir de las carpetas y los puntos salieron de 9 carpetas, ahí empezamos a ir con la comisión de búsqueda. No nos interesa saber quién se los llevo, quién fue, solamente donde están. Y que los identifique la autoridad”, afirmó.
La mujer asistió a las excavaciones de 65 fosas y recordó la sensación de encontrarse en un predio localizado junto a un parque recreativo, un rastro, y una fábrica de huevo Bachoco:
“Al inicio era buscar y buscar y escuchábamos a Pachuli (el perro binomio) ladrar a lo lejos y sentíamos la emoción de recuperar y de regresarlos a casa. Pero al cuarto, quinto día, que se nos acabaron las banderitas para señalar las fosas encontradas las empezamos a señalar con botellas de agua vacías y era impresionante avanzar en el terreno y ver todo ese espacio lleno de marcas de posibles fosas y ya llevábamos 40 cuerpos (...) Y fue cuando Pachuli seguía ladrando y entonces ya decíamos ‘ay no, dios, por favor, que ya no ladre…’ La conciencia de saber que eran tantos los que quedaron ahí, que hay vecinos que pudieron escuchar y no dijeron nada”.
El 3 de noviembre, una semana después de que la Fiscalía trabajó en las fosas clandestinas de Salvatierra con las comisiones nacionales y estatales de búsqueda, abandonó el lugar: removió el resguardo después de encontrar 59 cadáveres. Tras la insistencia de comisiones de búsqueda y familiares, ese mismo día se regresó al predio y se encontraron 20 cuerpos más.
Las comisiones encontraron evidencia, abandonada por la Fiscalía, que es fundamental para conocer causas de muerte como asfixia o decapitación: un casquillo, un cinturón, una navaja, una falange, y un hioides.
El “Informe de observación de integrantes de la Sociedad Civil, Búsqueda generalizada de personas desaparecidas, Salvatierra, Guanajuato”, realizado por autores que han acompañado las excavaciones, y que tiene como objetivo registrar cómo se ha hecho el trabajo de campo y hacer recomendaciones, encontró:
Falta de seguridad y filtración de información, ya que se filtraron a medios fotografías; falla de logística de búsqueda porque se registró “poca” articulación y un trabajo “poco” transparente, y un trabajo técnico “incompleto” y “mal realizado”. “No se siguen los protocolos básicos de recolección de pruebas, de restos óseos y cuerpos encontrados”, señaló el informe.
Este equipo puede afirmar que la Fiscalía no realiza el trabajo adecuado para el registro de la exhumación de las fosas, que no se levantan las pruebas asociadas a los entierros, pues desde la Antropología Forense se requiere considerar los objetos que pudieran dar cuenta de qué y cómo fue lo que ocurrió en el sitio y aportar elementos a la carpeta de investigación y al análisis de contexto
En una conferencia conjunta entre las comisiones nacional y estatal, llevada a cabo el 28 de octubre, se informó oficialmente el hallazgo de fosas clandestinas. Para esa fecha se había encontrado 59 cadáveres. Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), declaró:
“Estamos aquí en Salvatierra para buscar a las personas desaparecidas. NO venimos por culpables, venimos a buscar a las muchachas y muchachos que nos hacen falta. No se requiere una denuncia, se pueden acercar a la CNB a hacer una denuncia anónima”, algo que familias buscadoras han afirmado por todo México.
Fabrizio Larusso, académico de la Universidad Iberoamericana en León, señaló que lo mínimo debido por el gobierno de Guanajuato es “reconocer la existencia de algunos sitios con fosas clandestinas, hacer el registro estatal de fosas y desapariciones (como lo ordena la ley) e involucrar a las familias”.
“La Fiscalía ha mantenido un patrón de escasa participación con las familias. Las leyes ahora lo exigen, que se involucre a las familias, y les cuesta la adaptación a una realidad social distinta, a leyes distintas y a prácticas que abonarían a la verdad y a la justicia”, dijo.
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