Este jueves habría sido identificado el primero de los cuatro cadáveres encontrados en las inmediaciones del Hotel Planet Hollywood, en Isla blanca, Cancún, Quintana Roo. Se trataría de William Ariel de 20 años, quien habría sido reconocido por su madre tras ver la vestimenta que portaba, por lo que estiman un 90% de posibilidad, aunque se espera que realicen peritajes de ADN.
La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que ya se reunió con familiares de desaparecidos, que según los denunciantes serían alrededor de 20, con el mismo patrón, se dedican a la construcción.
Tras buscar por meses a sus familiares y ver coincidencias en su desaparición, familiares de obreros de la construcción se comunicaron y organizaron para solicitar ayuda en conjunto a las autoridades de Quintana Roo, temen que hayan sido asesinados por el crimen organizado.
Hermanos, cónyuges, hijos y madres de desaparecidos llegaron el sábado pasado a la Plaza de la Reforma para manifestarse pacíficamente y colocar fotografías a la entrada del Ayuntamiento de Benito Juárez, al igual que lo hicieron en la Fiscalía, tras la investigación que realizan las autoridades.
Los manifestantes también colocaron cartulinas en las que escribieron: “Desaparecidos en el hotel Planet Hollywood y Beach Resort Cancún”, presuntamente habría más de 20 desaparecidos.
Familiares de las víctimas apuntaron que hay jóvenes que solo fueron a pedir trabajo y ya no los dejaron salir, mientras que algunos más sí trabajaron algunos días, incluso meses, y de un momento a otro ya no salieron del hotel.
Entre las investigaciones que hicieron por su propia cuenta, descubrieron que personas ligadas al crimen organizado, amenazaban a los trabajadores de la construcción desde su primer día de trabajo, “o compras o vendes la droga, pero tienes que pagar 300 pesos de cuota”, refiriéndose a la presunta venta de estupefacientes.
Muchos de los que se rehusaron a vender el estupefaciente habrían sido retenidos y asesinados. Tan sólo desde el inicio de este año, el 14 de enero fue encontrado sin vida un hombre frente a las instalaciones de esta construcción.
El pasado sábado se dio a conocer la detención de Ezequiel “R” y a Manuel “V” quienes dijeron que habían enterrado un cuerpo en la zona de Isla Blanca, lo que derivó investigaciones que llevaron a lo que ya se maneja en estos momentos como una presunta narcofosa.
Entre los trabajadores desaparecidos se encuentran: Jesús Moisés Dzib, de 22 años, ausente desde el pasado 10 de enero; Carlos Alfredo de la Cruz Hernández, de 28 años de edad, buscado desde el 3 de julio pasado, el de Ángel Jhoan de la Cruz, de 27 años, desaparecido desde el 7 de noviembre de 2019 y el de Erik David García, de 19 años, a quien no se volvió a ver desde el 10 de junio de ese mismo año.
Desde el sábado pasado, autoridades de la Fiscalía mantienen un operativo en el hotel e inmediaciones para buscar los restos de algunos desaparecidos, de acuerdo con información que han proporcionado los dos presuntos sicarios detenidos.
Por otra parte, el Fiscal General informó los detenidos se dedicaban al narcomenudeo en aquella zona.
La FGE está en proceso de identificación para ser entregado a sus familiares y continúa con la investigación de los sujetos.
El CJNG hizo lo mismo en Jalisco
Esta forma de cooptación, extorsión y desaparición de trabajadores de bajos recursos no es nueva, es el modus operandi de varios cárteles de la droga.
En 2017 se realizó el hallazgo de un “centro de entrenamiento” de sicarios del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG) en las afueras de el municipio de Tala, un centro turístico del estado de Jalisco al que fue posible llegar gracias a que una persona llevada contra su voluntad logró escapar, narrar a las autoridades lo que ahí ocurría y revelar su ubicación.
Información difundida por la Fiscalía explica que las personas eran reclutadas a través de falsos anuncios en Facebook en los que se ofrecía trabajo como encuestadores, escoltas, policías municipales y elementos de seguridad privada. Eran citados en un domicilio en el municipio donde les quitaban cualquier artefacto que les permitiera tener contacto con el exterior, después eran amenazados y llevados al campamento.
Generalmente eran jóvenes entre 20 y 25 años a quienes les ofrecían sueldos de entre 3.000 y 4.000 pesos ( entre USD 166 y 222).
El campamento estaba ubicado en una población conocida como Navajas, en una zona a la que se accede después de tres horas de camino desde la carretera más cercana.
Una vez en el campamento, lo primero que se le advertía a los recién llegados era que si no se unían a la organización habría represalias en contra de sus familias. Quienes no aceptaban, eran asesinados inmediatamente, mientras los demás eran torturados con quemaduras de cigarros y obligados a presenciar cómo mataban a los otros.
Un salvadoreño identificado por el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez como “Samuel N” era el encargado de descuartizar y quemar a quienes rechazaban la oferta.
Los cuerpos de quienes no eran incinerados, los enterraban en el mismo campamento.
La célula de reclutamiento estaba integrada por un líder, sus guardaespaldas, un contador, y los llamados “puntas”, a quienes mandaban primero cuando se buscaba tomar alguna plaza.
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