CIDH deliberará sobre el caso de la mujer de tercera edad que fue presuntamente violada por miembros del ejército en 2007

Hace más de 13 años Ernestina Ascencio Rosario fue presuntamente violentada por miembros del Ejército mexicano. La mujer nahua de 73 años de edad vivía en Tetlatzinga, Veracruz en donde parece haber sido violada por un grupo de soldados y falleció la madrugada del día siguiente.

Esto fue señalado como un crimen de Estado, pero no fue hasta 2012 que se inició un proceso en contra del estado. Ahora, este viernes 4 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia pública del caso.

De acuerdo con una entrevista otorgada a Aristegui Noticias, la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), asumió el caso a petición de familiares de la Asencio Rosario y de la Coordinadora Regional de Organizaciones de la Sierra Zongolica (CROIZ).

Esto sucedió después de que la desaparecida Procuraduría de Justicia de Veracruz cerró el caso pese a que en la autopsia que se le realizó a la mujer indígena había signos de violencia sexual. Estos se le atribuyeron a los soldados, ya que cuando la mujer fue hallada por sus familiares, ella les dijo que los culpables eran “los verdes”, como eran llamados los militares en la zona.

Los primeros análisis determinaron que Ascencio Rosario fue víctima de violación sexual, por lo que tanto autoridades hospitalarias como familiares interpusieron la denuncia ante la procuraduría. A su vez, fue abierto un proceso por la Procuraduría de Justicia Militar, que archivó el tema cuatro meses después, en junio de 2007.

De acuerdo con Carmen Herrera García, abogada asociada de la AJDH, la organización solicitó información pública para conocer los peritajes que determinaron la causa de muerte de la mujer. No obstante, la información fue denegada, por lo que se acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde también les fue negada.

En 2012 la AJDH inició un litigio en contra del Estado mexicano ante la CIDH por violar el derecho de acceso a la verdad y la discriminación en contra de la fallecida señora. Un año después el caso fue admitido a trámite y, hasta 2017, fue admitido para ser examinado por la instancia regional.

Durante el proceso, el Estado ha reconocido las inconsistencias en los peritajes oficiales, pero que han sido remediados a través de la realización de nuevos exámenes.

Tras 13 años de un manejo erróneo de la información, y ocho de litigio, el viernes a las 13:00 horas se llevará a cabo la audiencia virtual en la que participarán comisionados del organismo, representantes legales de la familia y representantes del Estado mexicano.

Una violación evidente

“Pinome Xoxome” (los vestidos de verde) fueron las últimas dos palabras en náhuatl, que Ascencio Rosario pronunció antes de perder el conocimiento.

La desgarradora historia de esta mujer indígena se suscitó la noche del 25 de febrero de 2007, cuando su familia la halló gravemente lesionada a 300 metros de un campamento que colocaron los “Pinome Xoxome” una noche anterior para supuestamente realizar operativos de vigilancia.

La noche del 24 de febrero de ese año los militares instalaron un campamento en la comunidad de Tetlatzinga del municipio de Soledad Atzompa. Aún no iniciaba el programa “México Seguro”, pero los militares ya patrullaban las zonas indígenas de esa entidad. Eran acusados de cometer abusos contra mujeres y niñas en la Huasteca.

La mujer de 73 años fue trasladada de urgencia en medio de la sierra de Zongolica y por “múltiples desgarros”. Pasaron al menos seis horas para poder llegar al Hospital Regional de Río Blanco, y pese al esfuerzo falleció en la madrugada del 26 de febrero.

Uno de los testimonios plasmados en el expediente que entregó la Procuraduría del Estado y que incluye declaraciones de los primeros testigos con datos protegidos reveló:

“La anciana estaba tirada de su lado derecho, tenía sus manos juntas metidas en sus piernas, su ropa levantada, sus huaraches de color negro estaban tirados como a metro y medio”.

La declaración dice: “Que cuando la levantó le dieron agua y que empezó a decir que la habían asustado los soldados, que la amarraron y se le pusieron encima, que llevaban en el pecho unos clavos, que cree que eran cartuchos, que no dijo cuántos eran porque la señora ya esta grande y que le quebraron la cintura”.

El médico legista, Juan Pablo Mendizábal, entrevistado por Pie de página en febrero pasado, aseguró que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien estuvo al frente del país de 2006 a 2012 y el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, acordaron modificar la versión de los peritos.

“Por honestidad, por justicia, no lo cambiaría. Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se encontraron, por todos los hallazgos físicos, los desgarres, el antígeno prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres. Todas esas cosas en conjunto fueron determinantes para estar completamente seguros de la agresión sexual de la señora Ernestina”.

El perito encargado de la necropsia de Ascencio Rosario reveló que ella fue violada por tres sujetos. No obstante, “hubo un acuerdo entre los gobiernos federal y estatal. Y Fidel Herrera les dijo que al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la República y que por eso se tenía que cambiar el dictamen”.

Asimismo, detalló que al principio Fidel Herrera les obligaba a defender los dictámenes. Después, con Felipe Calderón y los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en reuniones en Xalapa y Ciudad de México, acordaron sostener que Ernestina falleció a causa de anemia.

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