Autoridades volvieron a girar órdenes de aprehensión en contra de Marín y Nacif por el caso de Lydia Cacho

Autoridades judiciales liberaron, de nueva cuenta, órdenes de aprehensión en contra del empresario José Kamel Nacif, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, así como el ex subsretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho sucedido en 2005, tras la publicación de un libro donde destapó una red de pederastia en la que estaban implicados.

Las órdenes habían sido giradas el 11 de abril de 2019, sin embargo, habían sido canceladas en noviembre, debido a que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún, Quintana Roo, confirmara que el Segundo Tribunal Unitario les había entregado un amparo.

Ante esta situación, la magistrada del Primer Tribunal Unitario, María Elena Suárez Préstamo —quien fue descrita como “valiente” por Cacho—, volvió a revisar el caso y determinó que se debían girar las órdenes de captura en su contra de nueva cuenta. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) debe asumir la responsabilidad de localizar y detener a a Marín, Nacif y Karam.

No obstante, es importante tener en cuenta que los Tribunales que otorgaron los amparos aún tienen la aptitud de “revisar y determinar si las órdenes giradas en contra de estos personajes cumplen con los parámetros prescritos en su decisión de proteger al empresario y funcionarios implicados”.

Al respecto, la organización en Artículo 19 solicitó a las autoridades que se garantice la verdad, justicia y reparación en torno a este caso, la cual “debe culminar en una pronta captura de los autores intelectuales de los crímenes y violaciones a derechos humanos cometidos contra la periodista y activista”.

En 2005, Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén que Kamel Nacif, Mario Marín y Hugo Karam eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.

Meses después de su publicación, en diciembre, Cacho fue detenida. Los delitos por los cuales se le acusó fueron de “difamación y calumnias”. Este procedimiento se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo y la llevaron a Puebla vía terrestre.

Posteriormente, la periodista contó que en el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar sexualmente de ella. También señaló que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso.

Declaró haber sido encerrada en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio. El 17 de diciembre salió libre a las 15:00 horas, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.

Un par de meses después, en febrero de 2006, se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaban la confabulación entre ambos para la detención de Lydia Cacho.

Derivado de estos hechos se inició una investigación judicial por los actos de tortura en contra de la periodista. Sin embargo, el asunto se mantuvo sin ninguna persona procesada ni verdad o reparación. Casi diez años después, Artículo 19 presentó junto con la periodista una petición al Comité de Derechos Humanos de la ONU para revisar el caso por la inactividad del Estado mexicano.

En diciembre de 2014, dos meses después de presentar la comunicación ante Naciones Unidas, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra dos policías judiciales del estado de Puebla que perpetraron directamente la tortura y por órdenes de sus superiores.

Hasta ahora, las autoridades han detenido a un par de ex integrantes de la Policía Judicial de Puebla, quienes estuvieron involucrados en este caso. En enero de este año, Juan “N”, quien trabajaba como comandante de la corporación policiaca, fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.

Por su parte, Marín Nacif y Karam se mantienen como prófugos, aunque la FGR dio a conocer en julio pasado que Nacif había sido ubicado en Líbano y también se pidió su extradición.

Tras dar a conocer esta noticia, Cacho acusó a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, de haber quebrantado el sigilo de la investigación y, como consecuencia, “ayudar a mi torturador y tratante de niñas a escapar de su escondite”.

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