“Confinamiento las obliga a estar encerradas con sus agresores”: Conavim registró 93% de ataques a mujeres en casa durante la pandemia

Durante la pandemia de COVID-19, la violencia en contra de las mexicanas se instaló el hogar, pues según información del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), 93% de las agresiones hacia ellas en este año sucedieron dentro de casa, algo que también aceptó la Secretaría de Gobernación (Segob).

Estas cifras se dieron a conocer durante un encuentro virtual organizado por la embajada británica en México acerca de la violencia doméstica en el contexto de la pandemia de coronavirus, en donde Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), también resaltó que las víctimas pasan más tiempo con sus agresores.

“En el confinamiento se obliga a las mujeres a estar encerradas con sus agresores. Adicionalmente, al aumentar el tiempo de convivencia, se generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares”, explicó la funcionaria, quien también detalló que el problema se agrava por el hecho de que ellas dependen económicamente de sus parejas, lo cual es un factor que no les permite alejarse.

La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, estuvo de acuerdo en torno a estas declaraciones e incluso señaló que se creó el Grupo Interinstitucional de Estrategia Contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes, un espacio desde donde buscan impulsar la construcción de una política para erradicar las agresiones en contra de ellas.

Sánchez Cordero informó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y agosto del 2020 se vivió alguna situación de violencia familiar en el 9% de los hogares, además de que hubo indicios de un aumento en el maltrato de niños y adolescentes y, “sobretodo, violaciones graves dentro de la familia”, mismas que pueden desembocar en embarazos no deseados.

Asimismo, dijo que parte de los cambios que buscan generarse a través del gobierno del presidente López Obrador también tienen relación con una transformación cultural, en la cual se deben “modificar estructura y terminar con costumbres machistas y patriarcales”.

Fabiola Alanís destacó que el Banavim es un banco de datos en donde se recaba información proveniente de diferentes instituciones federales y estatales. Desde su creación, en 2007, se han identificado a 533,425 agresores, así como a 740,575 víctimas a lo largo del país. Además, esta institución tiene registradas 93,781 órdenes de protección a favor de mujeres violentadas.

Si bien el recurso jurídico para la protección de mujeres se instauró desde hace 10 años, existen muchos obstáculos por los cuales no ha “tenido un desarrollo jurídico y no ha permeado en el andamiaje jurídico mexicano”.

De acuerdo con el informe Las dos pandemias: Violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID-19, elaborado por las organizaciones Equis: Justicia para las mujeres, la Red Nacional de Refugios y la organización Intersecta, en abril de 2020, 11.2 mujeres fueron asesinas por día en promedio.

Además, este análisis acusa que las medidas, estrategias, políticas públicas y autoridades del Estado mexicano no han atendido debidamente la emergencia de violencia en contra de las mujeres.

Cuestiones como la austeridad presupuestaria sin perspectiva de género ni derechos humanos, el debilitamiento, los recortes de recursos destinados a los refugios que atienden a víctimas de violencia, la priorización de otros programas gubernamentales y las fallas acumuladas de algunas políticas públicas, son cinco ejemplos que obstaculizan la atención adecuada a dicho problema.

Aunado a ello, las organizaciones señalaron que el uso excesivo del derecho penal para hacer frente a la epidemia de COVID-19, lo que se traduce en más detenciones y encarcelamientos. Por otra parte, las “pésimas” condiciones de internamiento de las mujeres en prisiones y la falta de acceso a la justicia para ellas, son aspectos que elevan el riesgo de que este sector sea víctima de violencia en el país.

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