“No perseguiremos a nadie”: la promesa de AMLO cumple dos años bajo la sombra de Lozoya, Robles y el juicio a ex presidentes

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador salió antes del mediodía de la que había sido su casa de campaña, en el centro de la Ciudad de México, con dirección a San Lázaro, rumbo al norte de la capital. Ahí, hace exactamente dos años, el tabasqueño, que había perdido dos elecciones presidenciales, una más polémica que la otra, tomaría protesta en la Cámara de Diputados como el nuevo mandatario del país.

López Obrador recibió aquel 1 de diciembre de 2018 la banda presidencial de las manos de su antecesor y ex rival, Enrique Peña Nieto, e inauguró una nueva etapa en la historia del país: junto a las mayorías de Morena, su partido, en ambas Cámaras del Congreso, por primera vez el país estaba en manos de un movimiento autodenominado de izquierda.

La “Cuarta Transformación”, como la llamó el mandatario para el periodo 2018-2024, comenzó formalmente aquel día ante el Congreso mexicano. Tras asumir el cargo, López Obrador se dirigió a los asistentes y al país entero en un discurso de casi 80 minutos (una hora con 20 minutos), donde delineó las bases y los planes de su sexenio.

Después de casi 15 minutos, el nuevo presidente mexicano se refirió a una de sus promesas más importantes de campaña y que más resonaron con los votantes: el inicio del fin de la impunidad y la corrupción en el gobierno.

López Obrador indicó su intensión de “regenerar la vida pública de México”. “Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado”, precisó.

De acuerdo con el mandatario, “no habría juzgados ni cárceles suficientes”. “Lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México”, completó.

A dos años de aquel discurso, las palabras de López Obrador resuenan particularmente en dos casos: las detenciones de dos ex funcionarios de Peña Nieto, Emilio Lozoya, ex director de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), y Rosario Robles, titular de dos carteras distintas en aquella administración.

Lozoya fue acusado de organizar la compra por parte de Pemex de una empresa chatarra a cambio de sobornos, así como de participar en el esquema de pagos de Odebrecht, la trama de corrupción más grande de América Latina, y Robles fue señalada por el caso de la “Estafa Maestra”.

Sin embargo, primero Lozoya y en semanas recientes Robles, los de más alto perfil hasta ahora, acordaron colaborar con el gobierno mexicano para entregar información sobre casos de corrupción y posibles delitos de funcionarios aún más importantes: en este caso, Peña Nieto y Luis Videgaray, ex funcionario y su mano derecha.

A cambio de esa información, cuya importancia está por definirse en los próximos meses en los juzgados, Lozoya no ha tenido que pisar la cárcel ni un día en México y se encuentra en libertad limitada mientras se completan los procesos de investigación de su caso y de aquellos en los que podría aportar.

Robles, en cambio, después de más de un año de permanecer en prisión preventiva por el ejercicio indebido del servicio público, acabó cediendo y, a través de sus abogados, aclarando que no tiene información para señalar a Peña Nieto, pidió también su propio “criterio de oportunidad” para colaborar con las autoridades.

“Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza, y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia”, expresó López Obrador hace dos años en la tribuna del recinto de San Lázaro.

Para ello, dijo, propuso al pueblo de México poner “un punto final a esta horrible historia y mejor empezar de nuevo”. “En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad… Que se castigue a los que resulten responsables”, añadió.

Pero en aquella última frase, el tabasqueño añadió una última oración. “Que la Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el período neoliberal”, remarcó.

La frase contrasta con la decisión que tomó López Obrador este año de solicitar al Senado una consulta popular, donde se pregunte a la ciudadanía si están de acuerdo con juzgar, en caso de encontrar delitos, a los ex presidentes mexicanos.

Aunque, en favor del mandatario, durante el discurso del 1 de diciembre de 2018 sí aclaró que “la ciudadanía tendrá la última palabra”. “Como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final, pero todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos”, añadió.

La consulta fue polémicamente avalada por la Suprema Corte para realizarse en agosto de 2021, pero los magistrados del más alto Tribunal del país retiraron los nombres de los antecesores de López Obrador para que la pregunta para los ciudadanos sea sobre “decisiones políticas pasadas” realizadas por “actores políticos”.

Aquel día, López Obrador aseguró que, en las actuales circunstancias, “es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal” y “dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción, y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal”.

Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición (…). Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad”, concluyó el apartado López Obrador.

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