La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado urgente a la Secretaría de Salud para garantizar a los pacientes con diagnosticados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en México, un acceso que sea efectivo a tratamientos para prevenir y dar seguimiento a esa enfermedad.
El organismo dirigó su llamado específicamente al secretario de Salud, Jorge Alcocer, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, este 1 de diciembre.
“La CNDH hace un llamado urgente al secretario de Salud, Jorge Alcocer -en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud- para que se implementen acciones inmediatas que garanticen a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) acceso efectivo a servicios integrales en materia de prevención, atención y seguimiento a la salud”.
Asimismo, la institución hizo hincapié en que la atención proporcionada a las personas que viven con esta condición de salud “debe observar en todo momento el respeto a los derechos humanos, a la igualdad sustantiva y a libertad personal”. También piden respeto total a la confidencialidad, autodeterminación y autonomía de los pacientes con VIH.
Precisamente en ese aspecto la CNDH también se refirió a las secretarías de Educación Pública, Salud y Cultura, del gobierno federal, para que dirijan sus esfuerzos a “coordinarse para aplicar planes y programas de estudio destinados a la formación en temas de educación sexual integral y reproductiva”, ajenos a “cualquier doctrina religiosa”.
El organismo autónomo también subrayó la necesidad de eliminar las ”prácticas agresivas, discriminatorias y coercitivas como la aplicación obligatoria de pruebas para la detección del VIH”.
Y es que el organismo alertó que “en la mayoría de los casos, lejos de ser un servicio gratuito y de calidad, constituye un servicio oneroso y con fines de recaudación, impuesto por integrantes del Sistema Nacional de Salud a personas dedicadas al trabajo sexual, quienes, debido al contexto y constituyen un sector en situación de vulnerabilidad”.
Un punto más que tocan en su comunicado es en referancia la Poder Legislativo, haciendo un exhorto para que se tomen acciones urgentes a fin de evitar que las legislaciones penal y sanitaria prevean delitos específicos “contra la transmisión deliberada del VIH” y a que en esos casos excepcionales “se apliquen figuras delictivas en general”, reiterando que la Ley General de Salud establece que las autoridades sanitarias son el presidente del país, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas.
“Por lo que no dota de facultades ni competencia a las autoridades judiciales para desarrollar acciones y políticas de prevención y control de enfermedades transmisibles como el VIH”, indicó la institución.
Por su parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, reporta que alrededor de 230,000 personas viven con VIH en todo el país, de esos unos 50,000 se encuentran en la capital.
En México, el nivel de diagnóstico del VIH es del 60 % y el 17 % de las personas diagnosticadas no se incorpora al tratamiento de manera inmediata. El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH (Censida), arroja que de las personas que se encuentran en tratamiento antirretroviral, 21,500 son mujeres y cerca de 79,000 son hombres. En 2019 se presentaron 12,064 nuevos casos en tratamiento antirretroviral, de los cuales el 45% corresponde a personas entre los 15 y 29 años.
Por primera vez, a mediados de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a dos personas para que el gobierno federal garantice su tratamiento contra el VIH, en medio de la actual crisis de desabasto de medicamentos.
Esto dentro del marco de la pandemia del COVID-19 en el país, que ha hecho que, en los últimos meses, los pacientes que padecen VIH vivan pendiendo de un hilo por la falta de medicamentos antirretrovirales, la suspensión de consultas y el miedo a infectarse del coronavirus.
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