Apicultora, activista y defensora de la comunidad maya: quién es Leydy Pech, la “guardiana de las abejas” que obtuvo el “Nobel” del medio ambiente

Con 55 años, Leydy Araceli Pech Martín encabezó una coalición que detuvo la plantación de soya genéticamente modificada por la la empresa Monsanto en el sureste de México. Su pasión por la apicultura y su interés por defender los derechos de la comunidad maya la llevaron a impulsar una demanda para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión de la siembra.

Debido a la persistencia de Pech y sus colaboradores, en septiembre de 2017 obtuvo la revocación definitiva del permiso que el gobierno federal había otorgado a la firma internacional para sembrar dicho cultivo en siete estados.

Se trata de la primera decisión que el gobierno mexicano falla en favor de la protección a comunidades y el medio ambiente de los cultivos transgénicos, por lo que la aportación de Leydy Pech fue suficiente para que este lunes 30 de noviembre se anunciara su nombramiento como una de las ganadoras del premio Goldman 2020, la distinción conocida como el “nobel” ambiental.

Nacida en Hopelchén, Campeche, la “guardiana de las abejas” se gana la vida como apicultora en un colectivo de mujeres mayas. Producto de una tradición de siglos, Pech ha centrado su práctica en una especie de abeja nativa sin aguijón llamada Melipona beecheii.

Asimismo, es integrante de la cooperativa de agricultura orgánica y agroforestería “Koolel-Kab/Muuchkambal, a través de la cual promueve el desarrollo sostenible de las comunidades rurales mayas.

Luego de 12 años de experimentos en suelo mexicano, en el 2012, el gobierno de México otorgó permisos a Monsanto para cultivar soja transgénica conocida como “Roundup Ready”, ya que tolera altas dosis del herbicida Roundup. Este producto, también producido por la empresa, contiene glifosato, un probable cancerígeno que está asociado con abortos espontáneos y defectos de nacimientos.

Dicho permiso se concedió sin consultar a las comunidades locales en siete estados de la República, incluidos Yucatán y Campeche. En esta última entidad se produce el 40% de la miel en país y es el sustento de 25,000 familias, de acuerdo con la publicación del premio ambiental Goldman.

Aunado a esto, la apicultura forma parte integral de la cultura maya y es un factor clave en la protección de los bosques de Campeche. Alrededor de 94,000 acres de bosque se han perdido en dicho estado debido al auge de la agricultura industrial, “la tasa más alta de deforestación en México”.

Derivado del permiso que la administración federal mexicana otorgó en 2012, los habitantes de Campeche comenzaron a identificar que los cultivos transgénicos estaban contaminando la miel local, “amenazando el suministro de alimentos, el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades mayas”.

Ante esta situación, Pech decidió actuar y, junto con apicultores de la región, ONGs y ambientalistas, consolidó una organización conocida como “Sin transgénicos” (Sin OGM).

A la cabeza del grupo, en junio de 2012, la “dama maya de la miel” presentó una demanda contra el gobierno mexicano para detener la siembra de soja transgénica, alegando que ni la entidad gubernamental ni Monsanto consultaron a las comunidades indígenas antes de aprobar los permisos, en violación de la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Gracias a la iniciativa de Pech, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó un estudio que confirmó lo identificado por los apicultores de Campeche: el polen de soya transgénica estaba presente en el suministro de miel local. De la misma forma, el Programa de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) registró los impactos del glifosato, encontrando rastros del herbicida en el suministro de agua de Hopelchén y en la orina de los residentes del pueblo.

Luego de utilizar estos datos para orientar a las comunidades, funcionarios y organizaciones, la coalición de “la guardiana de abejas” lanzó peticiones y realizó siete protestas simultánea en centros ceremoniales mayas en la península de Yucatán, con aproximadamente 2,000 participantes.

Acciones que lograron el fallo a favor de las comunidades locales de Campeche y Yucatán, así como de cinco estados más en donde está prohibido sembrar soya GM.

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