Un juez le ordenó a la Fiscalía General del Estado de México que envíe a las autoridades federales la investigación por abusos y violaciones de 11 mujeres a manos de policías durante una manifestación en el centro de México en 2006, informó el Centro Prodh, un organismo activista que representa a las víctimas.
En mayo de ese año, 11 mujeres sufrieron abusos y violaciones sexuales por parte de policías que reprimían una manifestación en Texcoco y San Salvador Atenco, dos municipios del Estado de México, el cual circunda gran parte de la capital mexicana.
Las víctimas llevan 14 años exigiendo que se castigue a todos los responsables, incluido al que haya dado la orden que derivó en los brutales abusos, y que sea la fiscalía federal quien asuma las pesquisas. Pero los investigadores locales se negaron a enviar la indagatoria a las autoridades federales.
En 2006, el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, quien luego fue presidente del país de 2012 a 2018.
En diciembre de 2018, justo el mes en que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no investigar, juzgar ni sancionar a todos los responsables del operativo policial.
La sentencia obligaba al país, entre otras cosas, a llegar hasta los últimos responsables materiales e intelectuales tanto del ámbito estatal como federal.
Pero aunque el actual mandatario se comprometió a cumplir con lo ordenado por la CIDH, el Centro Prodh asegura que no se ha avanzado en las recomendaciones estructurales ni en la investigación.
El hecho de que ahora un juez obligue a la fiscalía del Estado de México a enviar todas las pesquisas a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que forma parte de la fiscalía federal, puede suponer un avance, ya que las víctimas siempre señalaron que tenía que ser esta última dependencia la que investigara.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se enfrentó con la policía del Estado de México en 2006. En ese primer enfrentamiento los agentes de seguridad quedaron en desventaja ante los vecinos de Atenco, pero al día siguiente regresaron apoyados por la Policía Federal y helicópteros e implementaron un violento operativo.
Como resultado, dos personas murieron, decenas de mujeres fueron abusadas y más de 200 personas resultaron detenidas. Once mujeres se presentaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar violaciones -por vía oral, vaginal con dedos, tocamientos y mordidas en los senos-por parte de los policías.
“Transformar esta realidad lacerante con medidas estructurales es fundamental si México pretende consolidarse como un Estado democrático rompiendo con las prácticas violatorias a derechos humanos del pasado que han permitido la impunidad”, estableció el organismo.
Como medidas de reparación la Corta IDH propuso fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y crear un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México.
*Con información de AP
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