UIF confirmó denuncia por irregularidades: “Todo derecho tiene límites”, dice magistrado José Luis Vargas

José Luis Vargas Valdez tiene una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por movimientos irregulares en el sistema financiero que no coinciden con sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria. Pero el magistrado acusa que los reportes de prensa sobre este caso buscan desprestigiar a su persona y desestabilizar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que preside.

Aunque sus operaciones no declaradas han sido expuestas en medios desde octubre del año pasado, y la acusación formal data de febrero de 2020, el magistrado Vargas Valdez se refiere a la denuncia de la UIF como “presunta”, con lo cual reitera que no ha sido notificado de ella.

En particular, el diario Reforma ha dado seguimiento a la situación del actual presidente del TEPJF y es contra este medio que el maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra arremetió en una respuesta a la opinión pública. Este sábado 28 de noviembre, el medio nacional publicó datos sobre la solicitud de congelar cuentas a Vargas Valdez, pues accedió a una copia de la denuncia ante la FGR.

Por su parte, y de forma independiente al diario, Infobae México confirmó que sí existe tal documento presentado por la UIF, aunque ahora es la instancia encabezada por Alejnadro Gertz Manero la que debe dar curso a las indagatorias.

El presidente del TEPJF publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter con dos anexos fechados el 11 de noviembre de 2019 y el 5 de agosto de este año. Mediante esos textos, el abogado trata de argumentar que lo publicado por Reforma es “falso”, “inexacto” y “engañoso”. Además, que ha solicitado la publicación de un derecho de réplica que no ha sido atendido.

También hizo referencia a la disposición del Juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, quien habría sentenciado que el medio debía abstenerse de difundir contenidos sobre el funcionario con cualquier expresión ofensiva que conlleve vejación injustificada, así como no publicar contenidos directos, sensibles o confidenciales sobre sus hijos, menores de edad o su esposa.

Insistió en que el origen de sus ingresos es lícito y acreditado ante la autoridad competente, además, que ha cumplido cabalmente con sus obligaciones. Agregó que se pone en peligro su privacidad y seguridad, así como el de su esposa e hijos. Se dijo un defensor de la libertad de expresión y el derecho a la información, siempre que cuente con mínimo de rigor, pero advirtió que el medio ha cometido abusos.

“Todo derecho tiene límites y estos se presentan cuando existen abusos palpables a costa de los derechos de otras personas. En el caso particular de Reforma ha abusado de su deber de informar a costa de mis derechos y los de mi familia”, aseveró Vargas Valdez.

En la llamada Nota 1 del año pasado, el abogado detalla sus ingresos, los bienes inmuebles que posee, el costo de su ponencia, las comisiones en que ha participado, con las cuales justifica sus viajes internacionales y viáticos. Sostiene que sus percepciones coinciden con el fruto de 25 años de trabajo y la solvencia de su cónyuge. En aquella ocasión negó tener un patrimonio de origen ilícito y añadió que no había una investigación en su contra, pero de haberla, colaboraría para aclarar con pruebas cualquier cuestionamiento.

Mientras que en la Nota 2 se anexa un resumen de la sentencia del 3 de agosto pasado, incluida en el expediente 470/2019 del caso JLVV Vs Reforma. De acuerdo con este escrito, al medio se impusieron dos multas de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las UMA’s diarias de este 2020 son de $86.88; mientras que las mensuales corresponden a $2,641.15 y las anuales a $31,693.80.

Luego de circulara la nota sobre indagatorias a cuentas del funcionario el año pasado, Santiago Nieto negó que los datos publicados se hubieran filtrado desde la UIF. Sin embargo, ahora se confirma que existe una acusación formal ante la FGR.

“La información que hoy publica un medio de circulación nacional no provino de la UIF. En cualquier caso, cuando se tiene información relevante se presenta ante las autoridades competentes no ante los medios de comunicación”, publicó el titular de la dependencia en su cuenta de Twitter el 28 de octubre del 2019.

Vargas Valdez persiste en que se ha emprendido una campaña de desprestigio contra él, financiada, según presume, por intereses políticos y económicos que apoyan al medio y buscan desestabilizar a las instituciones del Estado, entre ellas, al TEPJF.

“A partir del pasado 4 de noviembre que fui electo Presidente de la Sala Superior del TEPJF, dicho periódico [Reforma] retomó esa campaña de desprestigio, utilizando de nuevo frases denostativas contra mi persona y ofreciendo información falsa sobre el origen y licitud de mi patrimonio, así como de presuntas investigaciones de las que no he sido notificado”, refirió el abogado.

Según el artículo 15 del reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF tiene competencia para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación de la FGR: “las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, allegándose de los elementos probatorios del caso”.

En consecuencia, el caso del magistrado José Luis Vargas Valdez está en la instancia encabezada por Gertz Manero y, al menos por nueve meses no se ha informado de mayores diligencias, de modo que el tema está en curso o suspendido. Aunque el presidente del TEPJF ha dicho que está dispuesto a colaborar con la autoridad para cualquier aclaración sobre sus operaciones financieras.

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