Cuando lo aprehendieron en Costa Rica por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, ex agente de la DEA, y de su piloto Alfredo Avelar Zavala, Rafael Caro Quintero tenía 32 años y era dueño de una fortuna de 100.000 millones de pesos.
La leyenda anota que, cuando lo detuvieron, ofreció pagar la deuda externa de México a cambio de su libertad.
Tres décadas después el Narco de Narcos salió de la cárcel gracias a un polémico amparo concedido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco, firmado por los magistrados Rosalía Moreno, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos, quienes consideraron que Caro Quintero debió ser juzgado en el fuero local por el asesinato de Camarena y no en el federal, tal y como sucedió.
La madrugada del 8 de agosto del año 2013, Rafa Quintero salió caminando y libre de cargos del Penal Estatal de Jalisco, luego de 28 años tras las rejas. Lo esperaba una camioneta negra. A sus espaldas dejó la prisión donde controlaba todo: visitas, venta de droga y alcohol, cuotas para vigilancia, renta de celdas y la distribución de cigarros, según relatan dos fuentes consultadas.
Esta acción prendió inmediatamente las alarmas en la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y desde hace ocho años investigan si en la liberación de Caro Quintero hubo corrupción. Desde entonces le siguen la pista a los tres magistrados que en el 2013 decidieron dejar en libertad a uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, así como a empresarios vinculados al ex presidente Enrique Peña Nieto.
Una línea de investigación fueron las transacciones bancarias de 49 personas entre las que se encontraban familiares, posibles prestanombres y abogados que trabajaron en algún momento para Caro Quintero.
En el reporte de actividades sospechosas (SAR´s por sus siglas en inglés) número 31000037133314, la Financial Crimes Enforcement (FINcen) afirmó que era “muy probable que haya habido corrupción”.
Esta advertencia surgió luego de cotejar los nombres de 49 personas señaladas por la DEA con transacciones reportadas por el Deutsche Bank Trust Company Americas.
En ese mismo documento, citado por Expansión, precisaron que 19 personas de las 49 investigadas, entre las que estaban Rosalía Moreno, la magistrada autora del proyecto de amparo en favor de Caro Quintero, tuvieron movimientos bancarios de dudosos orígenes y destinos por montos que fueron desde cantidades menores de 20 dólares, hasta USD 39, 961,546, entre el 1 de enero del 2010 y el 17 de octubre del 2013 (dos meses después de que Caro Quintero abandonara la cárcel).
Las transacciones pasaron por 24 cuentas abiertas en 15 países. México fue donde se efectuaron la mayor parte de ellas: 113 en el grupo financiero Monex y una en Banorte.
Caro Quintero llegó el 1 de junio del 2010 al penal de Jalisco gracias a un amparo conseguido por sus abogados, tras permanecer 25 años en cárceles de máxima seguridad; primero en el Altiplano (antes Almoloya) y después en Puente Grande.
El asesinato de ‘Kiki’ Cámarena era la única acusación pendiente contra el capo, pues ya había cumplido las sentencias por delitos contra la salud.
Una investigación del medio confirmó que la magistrada Rosalía Moreno Ruiz y su esposo Alfredo Rivas Tamayo, ambos mencionados en el SARs con actividades bancarias sospechosas, compraron una propiedad de 636.86 metros cuadrados, ubicada en la carretera a Nogales 32 en el Fraccionamiento Rancho Contento, en Zapopan.
La adquisición se concretó el 6 de febrero de 2015, según consta en expedientes del Registro Público de la Propiedad (RPP). Constructora y Promotora Marba SA de CV representada por su apoderado general Jorge Antonio Barragán Lara vendió la propiedad a la magistrada en 4 millones 50 mil pesos. El pago se hizo con dos cheques del banco HSBC México.
El primero de ellos fue expedido el 19 de diciembre del 2014 por 50,000 pesos y el segundo (número 9284863) por 4 millones de pesos entregado el 5 de febrero del 2015, cuando entonces el salario de un magistrado de circuito era de alrededor de 150 mil pesos mensuales, en el mejor de los casos.
Para ello Rosalía Moreno no tuvo que gastar un solo peso durante dos años y medio para poder pagar en una sola exhibición las propiedades.
La oficina de prensa del Consejo de la Judicatura Federal informó que la magistrada nunca fue objeto de alguna sanción por posibles anomalías en sus propiedades.
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