El caso Cienfuegos: la gran prueba para el sistema judicial de México

La captura y liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos es una gran prueba para el sistema de justicia mexicano. Pero también subraya los desafíos a una relación bilateral más profunda y efectiva para la cooperación contra el narcotráfico.

El caso Cienfuegos está drenando la confianza en ambos lados de la frontera. Como secretario de la Defensa, entre 2012 y 2014, Cienfuegos supervisó la cooperación militar cercana entre México y Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas lo acusaron de asociarse con un grupo menor del crimen organizado entre 2015 y 2017. El Fiscal General de los Estados Unidos retiró los cargos y transfirió el caso a su contraparte mexicana, en atención a la “cooperación” y el “combate conjunto” a la criminalidad, después de los reclamos del gobierno mexicano.

Luego de que Estados Unidos aceptara retirar los cargos, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, prometió una investigación que garantice los “estándares más altos de eficiencia y honestidad” y el presidente López Obrador aseguró que su gobierno está a la altura de la tarea. Ebrard también hizo una declaración más controversial, “quienquiera que sea culpable, de acuerdo a nuestras leyes, será acusado, juzgado y, de ser el caso, sentenciado en México y no en otros países”, y remató asegurando que Estados Unidos accedió a esto. Esto terminaría con una práctica estadounidense del pasado, y sería sorprendente dado el pobre historial que México tiene en investigaciones, condenas y la baja posición que tiene en el ranking global de control de la corrupción.

Todavía hay muchas preguntas alrededor del arresto del general en Los Ángeles en octubre y sobre los factores que llevaron a la administración de Trump a liberarlo en México en noviembre.

A las autoridades mexicanas les molestó que Estados Unidos no les avisara sobre la investigación y amenazaron con cortar la cooperación bilateral. Los fiscales e investigadores estadounidenses sin duda se preguntan por qué, en el nombre conservar la cooperación bilateral contra el crimen, un caso de asociación delictiva tan sólido fue rechazado y cedido a México. Los expertos especulan sobre los intercambios, amenazas y promesas que llevaron al Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, a retirar los cargos.

La cobertura mediática examina qué presiones domésticas pudieron haber puesto los ex colegas militares de Cienfuegos sobre el presidente López Obrador para que buscara su liberación. El presidente de México depende de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública, controlar la migración y construir proyectos de infraestructura. AMLO necesita el apoyo constante del ejército, aseguran los analistas. Algunos se preguntan si Cienfuegos tenía información sensible o peligrosa que pudiera haber salido a luz si se quedaba en custodia norteamericana.

Las posibilidades de un juicio mexicano exitoso en contra de Cienfuegos no son claras, especialmente porque la evidencia recabada por EU incluye registros telefónicos obtenidos sin la autorización de un juez mexicano, por lo que puede ser inadmisible en una de sus cortes.

Aun cuando la conversación mexicana ha girado sobre el tema de la soberanía, es indispensable recordar que los grupos de narcotráfico son, directa e indirectamente, responsables de decenas de miles de muertes a ambos lados de la frontera. En México, por la violencia y en Estados Unidos por las sobredosis, las muertes y el sufrimiento que han causado el fentanilo, la heroína y las metanfetaminas contrabandeadas desde México.

El 2020 estuvo marcado por un incremento sustancial en los decomisos de drogas duras en la frontera entre los dos países. La venta de drogas en Estados Unidos representa miles de millones de dólares en ingresos para los cárteles mexicanos, que luego son usados para comprar armas estadounidenses y financiar la corrupción. En 2019, México rompió un récord de más de 34 mil homicidios, el costo económico está estimado como el equivalente al 21 % de su Producto Interno Bruto.

Si el caso de Cienfuegos es mal manejado y fracasa, la atención estará puesta sobre las fallas del sistema de justicia mexicano y sobre la afirmación del gobierno de que puede enfrentar efectivamente a la corrupción.

También importante es que un caso mal manejado debilitará aun más la confianza de los oficiales de justicia estadounidenses en sus contrapartes mexicanas. Además, probablemente erosionará la motivación de los oficiales mexicanos que sí están comprometidos con el combate al crimen organizado.

Construir confianza entre Estados Unidos y México ha sido un desafío constante en los esfuerzos contra el crimen interfronterizo. A lo largo de los años, ha habido múltiples acusaciones sin verificar de autoridades de seguridad compradas por los criminales. Estados Unidos ha trabajado en administrar este desafío, mediante el desarrollo de sistemas para monitorear y contener a personas involucradas con la cooperación sensible y con la asistencia de la Iniciativa Mérida, para integrar unidades de asuntos internos y otros sistemas de monitoreo de la corrupción. Aun con la participación de mexicanos confiables, los sistemas seguían siendo falibles y necesitaban refuerzos, dad la coerción y el dinero disponible de los grupos criminales.

El general debe ser considerado inocente hasta que no haya pruebas de lo contrario y, sin importar lo que haya pasado, merece un trato justo ante la ley. Sin embargo, la seriedad que México ponga en la investigación y su manejo del caso enviarán señales importantes sobre la voluntad del país para investigar vínculos del narcotráfico entre los oficiales de alto rango y la capacidad de su sistema de justicia para lidiar efectivamente con la corrupción.

Desde una perspectiva bilateral, el manejo mexicano del caso tendrá un gran impacto en si México y Estados Unidos van a poder mejorar su colaboración en el combate a los grupos delictivos.

Independientemente del caso Cienfuegos, o las acusaciones recientes de Estados Unidos contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y dos funcionarios, ningún gobierno puede eludir la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos mediante la cooperación conjunta contra el crimen transfronterizo.

Conforme avance la investigación de Cienfuegos en México, los gobiernos de ambos países deberían asumir una nueva revisión de la cooperación conjunta y aplicar mejores mecanismos para monitorear y prevenir la corrupción y la influencia criminal en ambos países.

El peor desenlace sería la degradación de la confianza y del trabajo para prevenir el tráfico entre fronteras. Ambos gobiernos le deben a sus ciudadanos el enfocarse en formas de construir confianza y mejorar los resultados en contra del crimen organizado.

Anthony Wayne fue embajador de Estados Unidos en México, funge como concejal en el Instituto México del Wilson Center y es Diplomático Distinguido Residente en la Facultad de Servicios Internacionales de la American University

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