“Corrupción no debe ser pretexto para la injusta extinción de agendas”: Alianza Federalista presentó controversias ante la SCJN contra desaparición de fideicomisos

Los integrantes de la Alianza Federalista dieron a conocer que ya se presentaron las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la desaparición de 109 fideicomisos, determinación que fue motivada por el gobierno federal dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y la cual han considerado como inconstitucional.

De acuerdo con un comunicado conjunto de los 10 gobernadores que conforman la Alianza, este acto marca el inicio de la defensa de estos fondos públicos, así como de sus beneficiarios “para fortalecer los pilares de desarrollo y la certeza de su disposición”, escribieron.

Aprovecharon para criticar al Poder Legislativo, al cual consideraban como autónomo y capaz de hacer inválida la facultad del Ejecutivo Federal de centralizar recursos fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural de México. En este sentido, confiaron en que “la Corte tomará en cuenta, con apego al derecho y a la razón, la importancia y la urgencia de nuestro reclamo“.

También puntualizaron que la formulación y los criterios de estas controversias serán presentadas de manera individual en las 10 entidades que representan los gobernadores de la Alianza Federalista, pues “éstas deben atender a las afectaciones específicas y particularidades de cada uno de los estados”.

Si bien se posicionaron a favor de la lucha en contra de la corrupción, los gobernadores consideraron que esto no debe ser un pretexto para “la injusta extinción de agendas indispensables para México en materia de salud, deporte, seguridad, cultura, desastres naturales, educación y justicia social”.

Más bien, propusieron, en caso de detectar signos o evidencias de corrupción, así como mal manejo de los recursos, estos deben ser “denunciados y atendidos con todo el rigor de la ley y de las competencias que esta contenga a fin de perseguir y castigar a los responsable”.

Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó a través de su cuenta de Twitter que se habían presentado las controversias ante la Suprema Corte. Además escribió que esperan que el máximo tribunal “tome en cuenta la importancia y la urgencia de este trámite por todo lo que significa para el futuro del país y miles de mexicanas y mexicanos”.

Desde la perspectiva de los integrantes de la Alianza Federalista, los daños y afectados por esta decisión son “incalculables”, además de que “viola los principios y preceptos constitucionales a granel y presupuestos públicos asignados y en ejercicio; desquicia por igual haciendas públicas y patrimonios privados”.

Otro de los argumentos por los cuales han cuestionado la extinción de los 109 fideicomisos es que “condena indiscriminadamente al desamparo y concentra recursos, que hasta hace unos días estaban debidamente etiquetados y auditados, a un manejo discrecional y opaco”.

La forma en la que procederán las controversias se desarrollará en dos niveles de impugnación. El primero es abstracto, donde se combate la violación de principios y preceptos constitucionales; el segundo es concreto, el cual desarrolla conceptos de invalidez por cada uno de los 109 fideicomisos extinguidos, haciendo valer las afecciones particulares contextualizadas a cada estado.

El primer objetivo de los recursos legales es lograr que la SCJN ordene suspender la concentración de los 109 fideicomisos (más de 68,000 millones de pesos) en la Tesorería de la Federación hasta que se resuelva el fondo de la controversia. En segundo lugar, se espera que la Corte declare inconstitucional la reforma que desaparece dichos mecanismos financieros y la deja sin efectos.

A pesar de que no se logre detener la reforma, destacaron que no es la única ruta de acción, pues señalaron que las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión también podrían emprender acciones de inconstitucionalidad, además de amparos por parte de quienes se vean afectados por la desaparición de los fondos públicos.

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