NAIM y la Estrategia Nacional Contra el Hambre: aparatos de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto

El gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo plagado de corrupción de principio a fin, así lo señala la declaración ministerial del exoficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano (Sedatu) en ese sexenio, Emilio Zebadúa, a la cual tuvo acceso el portal Aristegui Noticias.

El exfuncionario público señaló que desde el inicio del gobierno de Peña, se tuvo una estrategia general, tanto social como político-electoral, en las que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno y en la que se privilegió a los estados con procesos electorales en marcha o por venir.

Zebadúa González indicó que una de las ramas de dicha estrategia fue la llamada Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través de la cual se desviaron recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en el país, además de actos proselitistas o compra de votos.

“Con motivo de mi cargo, en enero y febrero de 2013, tuve conocimiento de que la Secretaría de Hacienda, bajo la titularidad del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dispuso de recursos no presupuestados por un monto cercano a 1,000 millones de pesos para asignárselos a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, solo en Sedesol”, reveló Zebadúa.

Precisó que esos recursos fueron utilizados por instrucción de Rosario Robles a través de sus áreas de comunicación social y programas sociales, para organizar eventos de publicidad, campañas de medios, volanteo, brigadas, grupos de activismo político, en la mayor parte de los estados, a partir de 2013.

Explicó que para ejecutar estos recursos, Rosario Robles le comentó que, en consulta con Videgaray Caso, le había propuesto contratar empresas privadas que proveerían los servicios inherentes a la Campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la utilización de universidades públicas, ya que la Ley de Adquisiciones lo permitía y a la vez facilitaba decidir a priori a los proveedores.

“Esto permitió el inicio por parte de la Sedesol y otra docena de dependencias (Sagarpa, Economía, SCT, Issste, Pemex, entre otras), provistas de recursos extraordinarios por la Secretaría de Hacienda, proveer de recursos permanentemente durante el sexenio para la promoción publicitaria, político-electoral del presidente, su gobierno y su partido político, sin que existieran previamente programas formalmente presupuestados para ello. También, desviar recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas”.

Zebadúa González señaló que Rosario Robles también le expresó que Luis Videgaray le expuso la necesidad de canalizar recursos de Sedesol para el pago de deudas y compromisos de la campaña electoral presidencial que él había coordinado para el presidente Enrique Peña Nieto.

“A modo de ejemplo, recuerdo que a inicios de 2014, la secretaria Robles, aproximadamente a las 18:00 horas, me pidió la acompañara a la casa que utilizaba como oficina alterna el secretarlo Videgaray, localizada en la calle de Julio Verne, sin recordar el número, en colonia Polanco, de esta ciudad (CDMX). En dicha cita se entrevistaron en privado ambos secretarios, Robles y Videgaray, yo esperándolos en una sala de juntas anexa. Recuerdo que al salir y en tránsito de vuelta a la Sedesol, Robles me indicó que por instrucciones del doctor Videgaray debía, alguna de las subsecretarías de la Sedesol, en particular aquella a cargo de Javier Guerrero García, contratar a una o varias empresas para poder cubrir un compromiso de campaña de cerca de 1,000 millones de pesos (mil millones de pesos 00/100 M.N.) que se les adeudaba a los dueños de dichas empresas”, relató Zebadúa ante las autoridades.

En otra parte de su declaración ministerial y a la cual tuvo acceso el portal SinEmbargo, el exoficial mayor en la Sedesol y la Sedatu, aseguró que esta última secretaría, junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua, habrían entregado 400 millones de pesos en pagos de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos; para comprar terrenos aledaños al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, a personas que no acreditaron ser los propietarios de las tierras.

De acuerdo con el documento de la declaración ministerial con la que Emilio Zebadúa busca hacerse testigo colaborador en el caso llamado La Estafa Maestra, la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) verificaba el cumplimiento de los derechos ejidales o de posesión que debían tener los titulares de los lotes que se tenían que comprar para el NAIM, ya que está dentro de sus facultades tener los archivos y expedientes agrarios del país y por lo tanto, determinar la validez de una adquisición de terrenos. Así, la Sedatu sería la encargada de realizar los pagos, contando con el visto bueno de la Secretaría de Gobernación (Segob)  y del Grupo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México (GACM).

El encargado de realizar esta tarea fue Enrique González Tiburcio, titular de la subsecretaría de Ordenamiento Territorial. Él, junto con René Juárez Cisneros, en su calidad de subsecretario de Gobernación y Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 20 mayo de 2017, firmaron un acuerdo con el “Frente Auténtico del Campo” y Juan Loreto González, en apariencia pobladores de la zona denominada “Tlateles” para compensarlos por una superficie de 322 hectáreas.

Pero tras la revisión hecha por la Sedatu de la validez de los derechos de posesión, se encontró que dichos representantes no acreditaban ni legal ni materialmente la propiedad de dichos terrenos. Así también fue avalado por la Segob.

“No había posesionarios ni propietarios”, remarcó Zebadúa. Pero aún así, el 7 de junio de 2018, se acordó que se le entregarían 400 millones de pesos a los peticionarios del “Frente Auténtico del Campo”. Casi de inmediato Rosario solicitó a González Tiburcio realizar trámites para contar con el dinero.

De acuerdo con lo dicho por Emilio Zebadúa, como no se logró acreditar que estas personas eran las propietarias, González Tiburcio introdujo el término “ayuda social” para justificar la entrega de recursos y entonces se entregaron cantidades de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos.

Según Zebadúa, él le informó a Robles que la Sedatu no contaba con la facultad de entregar los “apoyos” y tampoco contaba con el dinero, pero Robles Berlanga le habría dicho que procedería “independientemente de su justificación o no” porque derivaba de un acuerdo entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya. El dinero fue entregado.

Este lunes 23 de noviembre se dio a conocer que Rosario Robles, decidió acogerse al criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), así lo dijeron fuentes cercanas a su equipo de abogados.

MÁS DE ESTE TEMA: