El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presentó un proyecto con el que se busca otorgar un amparo y con ello abrir la posibilidad de que se pueda conocer la investigación en torno a la denuncia contra el exarzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, en la que está acusado de proteger y presuntamente ocultar información sobre 15 sacerdotes sospechosos de pederastia.
De acuerdo con el diario La Jornada, el caso surgió a raíz de que, el 19 de diciembre de 2016, Rivera Carrera declaró: Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta. De hecho, aquí en la arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros”, dijo quien fuera el arzobispo primado.
Hace tres años, el exsacerdote Alberto Athié denunció en la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) al cardenal por ocultar los sucesos que él públicamente dijo conocer durante una conferencia el 19 de diciembre de 2016. Sin embargo, la dependencia no le permitió al ex prelado tener acceso a la investigación por no tener el carácter de víctima.
El tema llegó a la Corte en 2018, pero el proyecto de sentencia del ministro José Ramón Cossío Díaz, quien proponía amparar a Alberto Athié, solo recibió el apoyo de su homólogo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que el asunto fue desechado.
Por su parte, Milenio detalló que ahora, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará este miércoles en la Primera Sala de la Corte un nuevo proyecto donde propone modificar la sentencia emitida por un juez federal y otorgar el amparo para ordenar a la autoridad analizar exhaustivamente, si el denunciante puede tener acceso a la investigación y esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena, las autoridades deben analizar el interés que tiene la sociedad en su conjunto “de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, cuando dichos delitos sean de lesa humanidad o representen una grave violación de derechos humanos”.
Además, establece que la sociedad en general es garante del derecho de acceder a la información contenida en las averiguaciones previas vinculadas con violaciones graves a derechos humanos, y, por lo tanto, tiene interés jurídico en agotar los recursos idóneos, “pues dicha circunstancia se asocia también con la garantía de su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en dichas violaciones”.
De acuerdo con la propia cúpula de la Iglesia Católica en México, se han investigado a 271 sacerdotes por casos de abusos a menores en la última década, y sumados a los que han sido procesados por otras faltas, da un total 426 clérigos, informó el pasado martes 14 de enero la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
El presidente del CEM, Rogelio Cabrera López, detalló que de los 426 sacerdotes que han sido o son investigados, 173 están en proceso -el 40.6 por ciento- y otros 253 ya fueron completados. En la conferencia de prensa de las autoridades eclesiásticas estuvo presente también Alfonso Miranda, el secretario general.
Hasta ahora, confirmaron, 217 integrantes de la iglesia católica investigados han sido expulsados de la orden (el 51% del total), y 155 de los casos han sido notificados a las Fiscalías correspondientes en México. Sin embargo, la CEM no tiene un registro del número de víctimas.
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