“Es desmoralizador porque esto debería haber ido a juicio. Nos hace parecer tontos... Perdemos credibilidad. Es una vergüenza“.
Es una de las reacciones que han surgido dentro de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), recogidas por el diario estadunidense The Wall Street Journal (WSJ). Lo dicho por un agente veterano que trabaja en América Latina, retrata el sentir de varios de sus compañeros tras la decisión de desestimar lo cargos por narcotráfico en contra del exsecretario de la Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos.
Cienfuegos, encargado del Ejército mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue arrestado el pasado 15 de octubre en la ciudad de Los Ángeles por presuntos nexos con el narcotráfico en México. Al general Cienfuegos lo señalaban de haber actuado al servicio del Cártel de los Beltrán Leyva durante su gestión al frente del Ejército mexicano. La investigación corrió a cargo de la DEA. En un principio se dijo que la realizaron durante los últimos 10 años.
Pero este martes, en un comunicado conjunto, las fiscalías de Estados Unidos y México anunciaron que el primero decidió retirar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y enviarlo al segundo.
“En reconocimiento a la sólida asociación de aplicación de la ley que hay entre México y Estados Unidos, y a fin de demostrar nuestro frente unido contra el crimen en todas sus formas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales estadounidenses contra el exsecretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana”.
Y este miércoles, cuando una jueza confirmó el retiro de los cargos en contra del militar mexicano, el fiscal federal en funciones, Seth DuCharme insistió en que el caso era sólido pero también aceptó que el interés de Estados Unidos en mantener la relación bilateral y las asociaciones de aplicación de la ley con México superaron el interés del Departamento de Justicia en seguirlo.
La decisión de retirar los cargos, según indica WSJ, conmocionó a algunos funcionarios policiales actuales y anteriores, debido a que el caso tomó años de preparación y era visto como el retrato de la corrupción profundamente arraigada en las Fuerzas Armadas de México.
No es para menos. Hasta ahora, Salvador Cienfuegos era el funcionario mexicano de más alto rango que haya sido arrestado por nexos con el crimen organizado.
Entonces muchos agentes de la DEA, continúa el diario estadounidense, se enojaron por la decisión de retirar los cargos, reclamando que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no notificó ni ofreció –ni a la DEA ni a los agentes involucrados en el caso ni a altos funcionarios siquiera– alguna explicación por esa decisión.
Uno de los agentes indicó que el gobierno de Estados Unidos decidió devolver al general Cienfuegos a México bajo “la enorme presión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador”.
Dicho medio destaca también que la decisión del fiscal hace recordar otros cambios abruptos que ha ordenado en otros casos penales delicados, que han generado críticas incluso entre algunos de sus aliados más cercanos.
Y es que, agregan, Barr se ha interesado personalmente por las relaciones entre Estados Unidos y México; ha impulsado muchos cambios por parte del gobierno mexicano. Por ejemplo, recordaron que Barr visitó México al menos dos veces, a finales de 2019 y principios de 2020, en medio de una creciente alarma en Washington por el fracaso de México en la represión de los cárteles de la droga.
“En el pasado, México ha procesado algunos casos de alto perfil, incluido el ex zar antidrogas general Jesús Gutiérrez Rebollo, arrestado en 1997 por aceptar sobornos de un cartel y sentenciado a 40 años de cárcel. Murió en prisión en 2013. Pero en general, los enjuiciamientos de los herméticos militares de México son muy raros”, señala el diario WSJ.
Además, destacan, el sistema judicial de México también es mucho más débil que el de Estados Unidos, tomando en cuenta datos estadísticos que señalan que nueve de cada 10 delitos en México nunca se denuncian ni se castigan, con una tasa de impunidad de alrededor del 93%.
MÁS SOBRE ESTE TEMA: