Si Estados Unidos no reconsideraba su búsqueda de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Defensa Nacional acusado por narcotráfico en aquel país, funcionarios mexicanos expulsarían a agentes de la DEA (Administración del Control de Drogas), según reveló el New York Times.
Desde que Cienfuegos fue arrestado el 15 de octubre pasado, los niveles más altos del gobierno mexicano se mostraron indignados por no haber conocido del caso. Consideraron que se trataba de una violación atroz de confianza entre aliados.
“Esas emociones alcanzaron un pico en los últimos días, cuando la Ciudad de México emitió una advertencia inaudita a sus contrapartes en Washington: si Estados Unidos no reconsiderara su búsqueda de Salvador Cienfuegos Zepeda, México consideraría expulsar del país a los agentes federales de drogas estadounidenses, poniendo en peligro una asociación de décadas que ha ayudado a llevar ante la justicia a varios capos de la droga, según tres personas familiarizadas con el asunto”, publicó el medio estadounidense.
Este miércoles 18 de noviembre, la jueza Carol Bagley Amon aceptó desestimar los cuatro cargos de narcotráfico que fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York fincaron al general. Un día antes, el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República mexicana anunciaron que se había llegado a un acuerdo para que fueran retiradas las acusaciones y Cienfuegos sería juzgado en México con evidencia aportada por el gobierno de EEUU.
“Renunciar a la cooperación mexicana, enfurecer a un aliado importante y luego retirarse del enjuiciamiento es un serio revés para el Departamento [de Justicia]”, apuntó la nota del New York Times.
De acuerdo con la nota firmada por los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff, funcionarios de alto rango se reunieron en días pasados y expresaron su furia porque fueron sorprendidos por EEUU, su aliado más cercano. Las discusiones no iban en torno a que el general debía librarse del juicio, sino a la violación de confianza al Mantener a México sin datos de una investigación de un perfil tan importante.
El Ejército, institución de quien el presidente Andrés Manuel López Obrador depende en gran medida durante su administración, estaba particularmente furioso e indicó que se trataba de una transgresión a la soberanía. En consecuencia, los funcionarios militares presionaron al gobierno mexicano para que tomara medidas, detalló el medio norteamericano.
Luego del arresto del general, analistas advertían sobre los impactos internos y externos en la Sedena, que habían recibido un gran golpe a su confiabilidad.
Raúl Benítez Manaut, especialista en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas, ya advertía en un conversatorio del pasado 22 de octubre que a nivel interno se había gestado un reacción de tipo nacionalista militar reactiva, lo cual significaba un sentimiento de traición por autoridades estadounidenses al ir contra uno de los altos mandos cuando se suponen que había una colaboración cercana.
Los adeptos de este sector propondrían reducir e, incluso, congelar las relaciones con el gobierno norteamericano. Por ello era importante prevenirlo, porque es necesario que los países combatan en conjunto ante ilícitos de narcotráfico. Luego de que fuera anunciada la desestimación de cargos, Benítez Manaut dijo a Infobae México que, en efecto, el Ejército presionó “muy fuerte” al gobierno de López Obrador.
Los reportes de prensa sobre presiones de la DEA ya habían sido adelantados por el Washington Post; el medio citó a un funcionario estadounidense quien atribuyó la desestimación de cargos contra el general por amenazas de “limitar” operaciones de la agencia antidrogas.
La influencia del Sindicato en el retorno del general
Versiones del portal Emeequis revelaron que la cofradía militar encargada de operar ante el gobierno mexicano sería un grupo al interior del Ejército llamado El Sindicato.
Se trataría de un grupo de militares de alto rango, entre los cuales habría efectivos en el cargo y otros retirados. En su mayoría, refiere el medio mexicano, son generales de cuatro estrellas. El Sindicato, a decir de Emeequis, hizo llegar sus mensajes al actual titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, donde referían que no se quedarían pacientes a ver cómo quedaba dañada su credibilidad.
Luego de que Cienfuegos fuera enviado a Nueva York, otros castrenses de alto rango se manifestaron. La cofradía militar del Sindicato sería la encargada de operar en temas de importancia a López Obrador, como la Guardia Nacional u obras de infraestructura como el aeropuerto en Santa Lucía y la refinería Dos Bocas, en Tabasco.
Según la versión oficial, referida por el canciller Marcelo Ebrard y la Fiscalía estadounidense, tras un diálogo se privilegió la relación binacional y el general será juzgado en México con pruebas aportadas por el Departamento de Justicia. En EEUU, el extitular de la Sedena fue acusado de cuatro cargos relacionados con tráfico de cocaína, marihuana y metanfetaminas, además de beneficiar al Cártel H-2, remanente de los Beltrán Leyva.
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