García Luna: por qué el policía que ayudó al Cártel de Sinaloa no correrá la misma suerte que Cienfuegos

Luego de que la fiscalía de Estados Unidos se desistiera de inculpar al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, de delitos de narcotráfico y lavado de dinero, lo cual fue ratificado este miércoles por la jueza Carol Bagley Amon; en México ha surgido la pregunta de por qué no ha sucedido lo mismo con el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

La inédita resolución de Estados Unidos, que dice tener “miles de evidencias” de la culpabilidad del militar, ha llevado a la conjetura de que el gobierno mexicano presionó a la Unión Americana con restringir la operación de la DEA en el país, si no se ponía en libertad al exjefe del Ejército mexicano.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, aseguraron esta mañana que “no hay nada oculto, ni se trata de un acuerdo de impunidad”, el retiro de los cargos a Cienfuegos y el regreso del General “como ciudadano en libertad” es una sospecha que permea en el aire, por lo inédito de la resolución.

Las diferencias

El pasado 15 de octubre, el exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

El impacto en México fue brutal, ya que se trataba de la detención de un General de las Fuerzas Armadas de México por parte de autoridades estadounidenses, una situación inédita en la relación entre ambos países.

Según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, mientras Cienfuegos fue jefe del Ejército mexicano, estableció vínculos y colaboró a cambio de sobornos con el cártel H-2 (vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva), el cual se dedicaba al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La parte acusadora aseguraba tener “miles de pruebas sólidas” en contra del general, entre las que se encontraban llamadas interceptadas y testigos que corroboraban la relación del militar mexicano con el narcotráfico. Se trataba de una indagatoria que duró años.

La noticia fue aún más impactante cuando el gobierno mexicano aceptó que desconocía que la Unión Americana estaba investigando al General.

En una primera reacción, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la captura del general era una “muestra inequívoca” de la corrupción que había en los gobiernos anteriores, al tiempo que advirtió que “habría una limpia” en el interior del Ejército para terminar con los vínculos que aún pudiera tener Cienfuegos con militares en activo.

Casi de inmediato comenzaron a surgir las versiones periodísticas que aseguraban que dentro del Ejército había una gran inconformidad con lo sucedido y que había una presión de las fuerzas armadas hacia López Obrador, quien ha basado su estrategia de seguridad justamente en ellas.

El 11 de noviembre se informó que la cancillería había enviado una nota diplomática a la administración de Donald Trump por la captura de un exsecretario de Defensa mexicano sin haberlo consultado antes con el gobierno.

Después trascendió que hubo llamadas entre su canciller, Marcelo Ebrard, y el fiscal general estadounidense, William Barr, con miras a bajar la tensión entre ambos países.

Un mes después del arresto de Salvador Cienfuegos, llegó otra noticia igual o más sorprendente: el gobierno de Estados Unidos se desistió de acusar al General, por lo que sería enviado a México para que fuera juzgado. El anuncio se realizó en una declaración conjunta entre la Fiscalía de Estados Unidos y la de México.

La mañana de este miércoles 18 de noviembre, la resolución fue confirmada por la jueza Carol Bagley Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York. Al inicio de la audiencia, uno de los dos fiscales estadounidenses argumentó que: “Seguir este caso va contra los intereses de Estados Unidos y su relación bilateral con México, específicamente en cooperación, anteponemos ese interés al del Departamento de Justicia”.

En ese momento, la jueza Carol Bagley Amon preguntó si la decisión venía de lo más alto del Departamento de Justicia, de la oficina del fiscal general William Barr.

La respuesta de los fiscales fue determinante: “Sí, el fiscal Barr hizo la solicitud”, a lo que Amon respondió ""Eso para mí no estaba claro, pero ahora lo está", señaló.

Acto seguido, la jueza se dirigió a Cienfuegos Zepeda a quien le preguntó si aceptaba y entendía el acuerdo para retirarle los cargos “Sí, señora”, contestó el General.

Ante la pregunta de Amon si tenía miedo de ser perseguido en México, Cienfuegos Zepeda respondió: “No, señora”.

Al término de la audiencia, el abogado de Cienfuegos, Edward Sapone, aseveró que el militar se encuentra contento y que posiblemente sea este mismo miércoles cuando abandone los Estados Unidos.

“Como dijo el juez, eso se hará muy pronto, quizá hoy (…) Dijo que sería muy rápida la vuelta a México, por seguridad no sabemos cuándo va a salir. Él va a estar con su familia como hombre libre”, detalló Sapone.

Más temprano, el director General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, adelantó en una entrevista televisiva que el General podría llegar a México este mismo miércoles o jueves, al tiempo que enfatizó que la desestimación de los cargos contra el militar, no es un regalo de la administración Trump.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció que en México no hay una orden de aprehensión en contra de Salvador Cienfuegos, por lo que el exsecretario de la Defensa vendría a México como “ciudadano en libertad”.

¿En qué calidad viene (el general Salvador Cienfuegos)?, es un ciudadano en libertad, no viene detenido", destacó.

“No viene detenido a México, la FGR va a dar los detalles y el camino procesal que va a seguir, pero el General viene México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericano y se pondrá a disposición de la FGR en libertad, no está detenido, en esa condición va a llegar a México (…), dependerá de las pruebas, las diligencias para sustanciarlo”, resaltó.

La resolución tomada por el gobierno de Estados Unidos y la rapidez con la que se resolvió el caso contra el extitular de la Defensa Nacional, contrastan enormemente con lo que sucede con el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, quien está próximo a cumplir un año detenido en los Estados Unidos, acusado también de vínculos con el narcotráfico, de aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa para permitirle operar libremente en México, además de falso testimonio.

El juez que lleva el caso de García Luna, es el implacable Brian Cogan, el mismo que sentenció a cadena perpetua al narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Cogan también es juez de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

A lo largo de todo este tiempo, Genaro García Luna ha negociado con el gobierno estadounidense, ofreciendo pruebas, para evitar ser enjuiciado; pero hasta el momento no se ha llegado a ninguna determinación.

Durante su participación en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard fue cuestionado por representantes de la prensa sobre cuál era la diferencia en los casos de Cienfuegos Zepeda y García Luna, a lo que explicó “la primera, el general Cienfuegos no es residente en Estados Unidos, no tiene operaciones financieras en Estados Unidos, los delitos que se le imputan son exclusivamente en México, ha solicitado o ha estado pidiendo asistencia consular. Con el caso de García Luna no se dan ninguno de estos supuestos, ni ha pedido nuestra participación”, explicó.

La periodista Anabel Hernández, aseguró que se encuentra investigando qué fue lo que sucedió en días previos antes de que se diera el anuncio del retiro de cargos contra Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que por lo pronto se manda un mensaje de impunidad que podría resultar en un “boomerang” para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se trataría de un regalo de Donald Trump a AMLO por no haber reconocido como presidente electo a Joe Biden.

"Se trata de un asunto sumamente grave para el sistema de justicia americano, sin duda alguna en los próximos días veremos análisis muy cruentos sobre esta intromisión de Donald Trump a través de William Barr para que se presionara a la Corte del Distrito Este de Nueva York y prácticamente obligarlos a desestimar los cargos contra el general, son cargos por narcotráfico, por haber recibido millonarios sobornos del cártel H-2, vinculado al cártel de los Beltrán Leyva, de acuerdo con los documentos de la Corte de Nueva York, a través de diversos años, no diez días, no un mes, a través de diversos años el gobierno americano pudo documentar miles de conversaciones, de mensajes, a través del sistema Blackberry, entre el entonces secretario de la Defensa con un líder de la organización criminal llamada H-2″, dijo la periodista.

Durante la mesa de análisis de Aristegui Noticias, señaló que de acuerdo con documentos, se tienen conversaciones grabadas entre Salvador Cienfuegos e integrantes de esta organización criminal (H-2), donde Cienfuegos de su propia voz está narrando cómo había tenido otras experiencias trabajando para otro cártel.

“Donald Trump al parecer y todo indica que es una manera de agradecer al presidente López Obrador que no se haya manifestado en felicitar al presidente electo Joe Biden”, comentó Hernández.

“Estas negociaciones no empezaron ayer… quien piense que Trump le está haciendo un favor a México o incluso le está haciendo un favor al presidente López Obrador me parece un gran error… quien le haya sugerido al presidente López Obrador atravesar el gobierno de México para defender de un modo u otro a Cienfuegos en EU no es su amigo porque a diferencia de Trump que puede hacer que William Barr presionara a la fiscalía, en México el presidente López Obrador, de acuerdo a la nueva Constitución, no tiene ni una sola influencia en la Fiscalía, de él no depende”.

Hernández reveló que “en los últimos 30 días desde que fue detenido Cienfuegos en Los Ángeles se habían obtenido más pruebas contundentes sobre el involucramiento” que tuvo con el Cártel H2, pero como se trata de un acuerdo político, una vez que cambie el gobierno de Trump, la Corte podría reabrir el expediente", destacó.

“Yo sí siento que el tema de esta actuación del gobierno de México es un boomerang para el propio gobierno de AMLO”, aseveró.

Además, resaltó que en la FGR, encargada de la investigación en México, trabajan funcionarios vinculados con el ex secretario Genaro García Luna y “son grupos afines” con el ex secretario de la Defensa.

“Ojalá me equivoque pero cuántos días pasarán para que aglutinen una carpeta decente para que pidan a un juez una orden de detención… la promesa de pensar que Cienfuegos puede ser procesado en México es una promesa muy difícil de cumplir y más con las características de la FGR”, destacó

MÁS DE ESTE TEMA: