Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, negó que se haya judicializado a dos militares posiblemente involucrados en la desaparición forzada de lo 43 normalistas. Enfatizó que “no cabe la aseveración de fracaso” en el proceso de investigación por esos hechos.
El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) declaró, en una respuesta a la información publicada el domingo por La Jornada, que la dependencia solamente ha requerido la detención de el capitán José Martínez Crespo, un elemento de las fuerzas armadas vinculado a los crímenes: se refirió a él como José “M”, quien fue capturado el pasado 11 de noviembre.
Este domingo 15 de noviembre, La Jornada reportó que la unidad a cargo de Gómez Trejo no logró obtener órdenes de aprehensión en contra de dos militares presuntamente ligados a la organización criminal Guerreros Unidos y señalados de participar o cometer acciones omisas para evitar la desaparición forzada de los 43 estudiantes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Lo anterior fue reportado de acuerdo con funcionarios federales con acceso al caso. Las fuentes declararon al medio que los jueces federales que tuvieron conocimiento de los expedientes determinaron que las indagatorias de la Fiscalía General de la República están “mal integradas” y no se tienen las pruebas suficientes para inculparlos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
“La aseveración en el encabezado de la primera plana no corresponde a la realidad. La Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la FGR, que se encuentra a mi cargo, no ha judicializado a ninguno de los dos elementos militares que se señala en el texto, por lo que no cabe la aseveración de fracaso”, señaló el fiscal al respecto, informó La Jornada.
Declaró que debido a que los agentes militares señalados no han sido judicializados por la unidad a su cargo, específicamente sus casos no han arribado a las manos del Poder Judicial.
En la Unidad Especial cuidamos actuar con diligencia para no vulnerar los derechos procesales de ninguna persona que se encuentre bajo investigación, como se hizo en el pasado. Por consecuencia, no revelamos fuentes, datos ni nombres de personas bajo investigación, razón por la que mi respuesta a este periódico es limitada
Gómez Trejo remarcó que el único caso de un militar que se ha judicializado es el del capitán José “M”: ocurrió en un mandamiento judicial otorgado el 8 de septiembre de 2020, y su orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado 11 de noviembre.
Aclaró que “representa que la investigación en su contra tiene respaldo probatorio. Esto, contrario a un fracaso, representa un avance que debió darse desde los primeros meses después de los hechos. A seis años de la desaparición de los estudiantes, nuestra tarea es revertir los pactos de impunidad”.
El titular aseveró que el único informe que ha dado a conocer públicamente la Unidad Especial es el presentado en el marco del aniversario de la desaparición forzada de los normalistas, el 26 de septiembre de 2020 en el Palacio Nacional. Fue un acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde estuvieron presentes las familias de las víctimas: “con quienes la unidad a mi cargo tiene el compromiso de dar verdad y justicia”, dijo.
Recordó que, como parte de su labor en la Fiscalía General de la República y la Unidad Especial, “reitera su compromiso con la transparencia frente a las familias de los estudiantes, con la sociedad y con los medios de comunicación. Por lo anterior, estoy abierto a que, en el futuro, puedan buscarme para corroborar la información que cualquier fuente le proporcione”.
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