La cúpula militar mexicana consiguió lo que parecía imposible: un boleto de avión de regreso a México para el jefe del Ejército en la administración pasada (2012-2018), Salvador Cienfuegos Zepeda.
Aquel boleto —emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos— incluye una serie de privilegios que ningún ex funcionario mexicano detenido en el país vecino y acusado de narcotráfico había gozado.
El principal privilegio es que el pilar de la estrategia de seguridad del ex presidente Enrique Peña Nieto regresará a territorio mexicano como un ciudadano en libertad, sin los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que se le imputaban, ésto luego de que el gobierno mexicano llegara a un acuerdo con Estados Unidos para retirar las imputaciones en su contra.
Las otras ventajas implican que sus bienes no serán decomisados, podrá viajar a Estados Unidos y como presunto colaborador de una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, Cienfuegos Zepeda podrá reintegrarse a las filas de la Secretaría de la Defensa de México.
El sigilo de las autoridades estadounidenses para atrapar a Cienfuegos fue primordial para que la justicia en México interviniera y pidiera el regreso del ex general a la nación.
La oficina de la fiscalía en el distrito este de Nueva York había investigado —desde 2019— y presentado una acusación contra secretario de la Defensa de México, a quien señalaron de colaborar con el Cártel H-2 durante sus años como titular de Sedena.
En un comunicado divulgado este martes por el Departamento de Justicia de EEUU y la Fiscalía General de la República, la administración de Donald Trump solicitó que se desestimaran los cargos contra Cienfuegos porque hay sensibles e importantes consideraciones de política exterior que pesan más que el interés del gobierno en perseguir el juicio contra el general.
La petición ha sido aceptada por la jueza Carol B. Amon, quien en una última audiencia —primordial para Cienfuegos— decidió que se trasladara y procesara al ex general.
El Departamento de Justicia de EEU reconoció que esa resolución no significa que Cienfuegos sea inocente de lo que encontró la DEA en sus conversaciones privadas por Blackberry, como los miles de mensajes intercambiados entre el militar e integrantes del Cártel H-2, que operaba como una escisión de la organización de los Beltrán Leyva, en la costa norte del Pacífico en México.
La fiscalía de EEUU había sostenido que Cienfuegos se aseguró de que no se realizaran operaciones militares en contra de ese cártel, inició operativos contra organizaciones de narcotraficantes rivales, localizó embarcaciones para envíos de droga, y ayudó al grupo criminal a expandirse a Mazatlán y el resto de Sinaloa.
Con el general Cienfuegos de vuelta, el gobierno de López Obrador encara ahora el reto de procesar al ex general. En la administración actual, los militares han adquirido un poder omnipresente en las principales tareas de seguridad.
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