Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, propuso que los delitos cibernéticos sean clasificados como amenazas a la seguridad nacional, debido a las afectaciones económicas que sufren ciudadanos, instituciones públicas y empresas privadas.
El senador morenista José Ramón Enríquez Herrera propuso añadir a la Ley de Seguridad Nacional los “actos que vulneren la ciberseguridad y que lesionen a los habitantes y a las instituciones" en un nuevo apartado del artículo 5, que enlista las amenazas a la seguridad nacional mexicana.
“Consideramos que es urgente una mayor determinación, unos y mejores instrumentos que permitan implementar una gestión de crisis y una prevención de ciberataques de una manera verdaderamente efectiva”, explicó el senador en su propuesta, consultada por Infobae México.
“Es necesario tener claro que los ciberataques pueden afectar tanto a ordenadores, teléfonos móviles, a redes informáticas inalámbricas, por lo que no existe límite, ni barrera que impida adentrarse en todos aquellos entes que tengan una conexión con el ciberespacio”, advirtió.
En su argumentación, el senador Enríquez Herrera que los ciberataques “representan riesgos y amenazas que afectan gravemente la seguridad de los mexicanos, fraudes financieros, esparcimiento de discursos xenófobos y hackeo a los registros gubernamentales son tan sólo algunos ejemplos de amenazas virtuales”
Y es que el legislador destacó una cifra representativa. La empresa Infosecurity asegura que los ciberataques en México han costado alrededor de USD 8,000 millones, aunque la pérdida real es difícil e medir, ya que las empresas y los afectados no dan a conocer los montos de los chantajes y extorsiones de los que son objeto.
“Esta situación nos debe motivar para proteger a nuestro país y provocar en cascada todas aquellas acciones que garanticen la seguridad de las personas, las empresas y las instituciones. Se requiere un mayor compromiso y estar conscientes de que esta problemática es real y se necesita una actuación sin titubeos”, subrayó Enríquez Herrera.
Además, mientras la iniciativa se analiza en las comisiones de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología y Estudios Legislativos, Segunda, el senador morenista adelantó que el gobierno federal “está elaborando una propuesta para atender el tema de ciberseguridad”. “Por eso estamos convencidos de que es el tiempo indicado para dar pasos firmes en la materia”, concluyó.
Los problemas de México en cuanto a seguridad informática son graves: se trata del país que encabeza la tabla de naciones con la tasa más alta de ciberataques exitosos en el mundo, de acuerdo con un informe de Grupo Cyber Edge. Por ello, el Senado ya trabaja no sólo en reformas para fortalecer la protección del país, sino una nueva ley para perseguir y castigar a los responsables de las violaciones.
La iniciativa más seria y avanzada contempla la creación de una Ley General de Ciberseguridad. “Vincula la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública”, explicó su principal patrocinador, el senador Miguel Ángel Mancera, del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática).
Se trata de una ley que contendría 57 artículos, donde se contempla una estrategia nacional de Ciberseguridad y también considera la creación de una Comisión Permanente de Ciberseguridad dentro de la estructura del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Ciberseguridad como parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La propuesta, que fue bien recibida entre los grupos parlamentarios pero que no ha salido de la “congeladora”, plantea hasta 15 años de prisión y multa de 86,880 pesos a 260,640 pesos a quien “vulnere, inhabilite, robe, intervenga, destruya o afecte infraestructura informática crítica”. Si los actos son cometidos por un servidor público, las penas se elevarán hasta en una tercera parte.
A quien de manera no autorizada copie, modifique, limite el acceso, corrompa o destruya información contenida en dicha infraestructura informática o realice chantaje para permitir el acceso se le impondrá una pena de cinco a siete años de prisión y multa hasta por 69,504 pesos.
Para quien, a través de información personal en formato digital, suplante una identidad se proponen de seis a ocho años de prisión y multa de los 17,376 pesos hasta 69,504 pesos.
Por otra parte, a quien controle o administre sitios de internet que simulen ser oficiales o de empresas y guarden datos del usuario, se le impondrán de seis a ocho años de prisión y multa que va de los 26,064 pesos hasta 69,504 pesos. En este caso, las penas aumentarán cuando se trate de información bancaria.
Las penas más duras serán para quienes sin autorización del dueño, operador o controlador de un sistema informático, copie, corrompa, limite el acceso, modifique o destruya información reservada o que ponga en riesgo el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado: se le impondrán de 10 a 20 años de prisión y multa que va desde los 87,000 pesos a los 261,000 pesos.
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