Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, obtuvo alrededor de 148 millones de pesos para compensar económicamente a personal de las Fuerzas Armadas mexicanas víctimas, directas e indirectas, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”.
De acuerdo con un reportaje publicado por el semanario Proceso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha otorgado estos apoyos durante los últimos cuatro años. Dicho monto ha provenido del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), uno de los 109 fideicomisos desaparecidos hace unas semanas por el Congreso.
La información recabada por esta revista indicó que el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) de la CEAV proporcionó 62 resoluciones para víctimas directas y 242 para víctimas indirectas del sector castrense desde su creación hasta el 19 de octubre de 2020.
En 2016, se otorgaron 19 apoyos para víctimas directas y 84 para víctimas indirectas, para 2017, fueron 18 resoluciones para víctimas directas, mientras que 75 fueron para víctimas indirectas. Durante el 2018 se otorgaron 11 apoyos a víctimas directas y 36 a indirectas. Al siguiente año se ayudaron a 12 víctimas directas y a 38 víctimas indirectas. Hasta el 19 de octubre de este año, se efectuaron 2 resoluciones para víctimas directas y 9 para indirectas.
Ante el cuestionamiento de cuánto dinero se ha otorgado, Raúl Rosas Barriga, director del FAARI, aseguró que desde 2016 hasta octubre de 2020, se liberaron 107 millones 840,993.93 pesos a favor de 176 víctimas militares, por lo que cada una de ellas recibió alrededor de 612,733 pesos.
También la Secretaría de Marina (SEMAR) se ha visto beneficiada con este fondo. Grisel Galeano García, titular del CIE, informó que, hasta octubre de 2020, se emitieron 15 resoluciones en favor de víctimas directas y 76 a indirectas.
El FAARI proporcionó 40 millones 873,908.81 pesos a 89 personas vinculadas con la SEMAR, víctimas directas o indirectas, lo cual representa un monto de 459,257 pesos para cada una.
El acceso de los militares al Fondo se dio en 2016, durante la gestión de Julio Hernández Barrios (2016-2017) en el CEAV, mismo periodo en el que Salvador Cienfuegos era secretario de Defensa.
“Mis soldados también son víctimas de los delincuentes”, habrían sido las palabras usadas por Cienfuegos ante el gobierno de Enrique Peña Nieto para ingresar al FAARI. La CEAV consideraba que las bajas militares como riesgo de trabajo, por lo tanto debían ser cubiertas por el Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas (ISSFAM) o del Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos de Servicio de Alto Riesgo.
De acuerdo con la investigación de Proceso, los artículos 67 y 69 de la Ley de Víctimas fueron los que le dio la razón a Cienfuegos. El primero de ellos “determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria” de acuerdo con “la determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad”.
Mientras que el segundo dice que la víctima recibirá el monto acordado “exhiba ante ella (Comisión Ejecutiva) todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos”, entre los que se encuentran “las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal”.
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