Artículo 19, la organización que defiende la libertad de expresión en el mundo dio a conocer que en los próximos días se hará pública una decisión judicial que podría cambiar el curso del caso de Lydia Cacho, la periodista que fue torturada y arrestada por destapar una red de trata infantil entre empresarios y una red de complicidad de líderes políticos.
Después de años de búsqueda de justicia, un tribunal en Quintana Roo ordenó finalmente en abril del año pasado la detención de los probables autores intelectuales de estos hechos. Se trata de un hito en la lucha contra la impunidad en uno de los países más violentos en el mundo para ejercer el periodismo. Pero ahora es posible que esta orden se caiga y peor aún, que se derrumbe toda posibilidad de sanción contra la estructura organizada de poder responsable, consideró la ONG.
El empresario Kamel Nacif fue señalado en 2005, cuando la periodista Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén la red de pederastas en la que estaba involucrado Mario Marín, ex gobernador de Puebla, y Jean Succar Kuri, empresario, también fueron señalados por mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.
El 16 de diciembre del 2005 Lydia Cacho fue detenida. Los delitos por los cuales se le acusó fueron de “difamación y calumnias”, esto después de la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en la cual denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, en donde también salió el nombre de Nacif Borge.
Detuvieron a Lydia Cacho en el estado de Quintana Roo y la llevaron a Puebla vía terrestre. En el trayecto, la periodista contó que fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaban con abusar de sexualmente de ella.
En su testimonio, la periodista mencionó que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso. La encerraron en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio.
El 17 de diciembre salió libre a las 15:00 horas, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.
El 14 de febrero del 2006 se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaban la confabulación entre ambos para la detención de Lydia Cacho.
“Lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de infringirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que solo puede explicarse por la ‘compra’ de la justicia por un particular”, relató la escritora sobre su experiencia.
El 14 de febrero del 2006 se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaban la confabulación entre ambos para la detención de Lydia Cacho.
El libro menciona también a Emilio Gamboa y Miguel Ángel Yunes entre otros poderosos empresarios y políticos como integrantes de la red.
Derivado de estos hechos se inició una investigación judicial por los actos de tortura en contra de la periodista. Sin embargo, el asunto se mantuvo en impunidad, estancado, sin ninguna persona procesada, ni verdad, ni reparación. Casi diez años después, Artículo 19 presentó junto con la periodista una petición al Comité de Derechos Humanos de la ONU para revisar el caso por la inactividad del Estado mexicano.
En diciembre de 2014, dos meses después de presentar la comunicación ante Naciones Unidas, la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra dos policías judiciales del estado de Puebla que perpetraron directamente la tortura y por órdenes de sus superiores. Uno de ellos, José Montaño, fue capturado y sentenciado por el delito de tortura (actualmente en prisión) mientras que el otro se encuentra prófugo. En diciembre de este año, Montaño cumplirá la totalidad de su sentencia.
Cinco años después, el 11 de abril de 2019 un tribunal en Quintana Roo libró finalmente órdenes de aprehensión en contra Mario Marín, Kamel Nacif, el ex director de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán; y el excomandante para el Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría de Puebla, Juan Sánchez Moreno. De estos últimos, hasta el día de hoy solamente Sánchez Moreno ha sido detenido, procesado y sentenciado por el delito de tortura.
“Pero Marín, Nacif y Karam se encuentran aún prófugos. Lo inexplicable es: ¿Por qué a un año y medio de su emisión la Fiscalía General de la República no ha ejecutado las órdenes?”, cuestionó Art.19
Los recientes avances en la justicia -y los intentos de los probables autores para huir de ella- han implicado nuevas amenazas para Lydia. El 31 de julio 2019 su casa en Cancún fue allanada por desconocidos que entraron a su domicilio y robaron material periodístico relacionado con sus investigaciones sobre pederastia en México. Por este motivo la periodista tuvo que desplazarse fuera del país sin que a la fecha existan condiciones de seguridad para su regreso.
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