Mayor control para el CJNG, nueva presencia del Cártel de Sinaloa y más violencia: la crisis que siguió a la captura del Marro en Guanajuato

Lejos de desaparecer, la organización del líder huachicolero se fragmentó en más células criminales

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REUTERS/Sergio Maldonado
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A pesar del arresto de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, en Guanajuato la violencia ha ido en aumento y se comienzan a repetir los mismos patrones que se han visto en otras organizaciones criminales: lejos de desaparecer, cuando se corta la cabeza el cártel se fragmenta en más células.

Los ataques y asesinatos en el territorio dominado por el cártel huachicolero se intensificaron después de un corto "período de paz”. Tras la detención del importante líder, señalado como uno de los principales responsables de posicionar a Guanajuato como la entidad más violenta del país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los homicidios en la entidad habían bajado “un 50 por ciento”.

Cuando el Marro todavía estaba libre, la encarnizada guerra que protagonizó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del saqueo de combustible (huachicol) y las rutas del tráfico de drogas dejó un Guanajuato con 4.494 homicidios en 2019. A esto se suma que las extorsiones, los secuestros y las desapariciones forzadas se volvieron comunes en el estado.

"El Marro" habría solicitado una televisión y unos audífonos para su celda (Foto: Twitter Fiscalía de Guanajuato)
"El Marro" habría solicitado una televisión y unos audífonos para su celda (Foto: Twitter Fiscalía de Guanajuato)

Tres meses después de la detención del líder, Guanajuato sigue siendo un foco de conflicto y se ha convertido en un cementerio: en los últimos 100 días se han encontrado más de 70 cuerpos en un predio que fue utilizado como fosa clandestina en Salvatierra.

Estos cuerpos todavía se mantienen como desconocidos, pero la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya trabaja en la identificación de cada uno de ellos.

Mientras tanto, el Cártel Santa Rosa de Lima no parece seguir la misma línea que su viejo líder. El propio Durazo aceptó la semana pasada que se habían detectado escisiones del CSRL tras la detención de su líder. “[En Guanajuato] hay conflictos internos entre las organizaciones criminales que están disputando el liderazgo que dejó el ahora detenido [El Marro]”, admitió.

Recientemente las autoridades arrestaron a un capo conocido por el alias “El Azul”, quien supuestamente había asumido el control sobre algunas de las facciones del CSRL. Al mismo tiempo, el CJNG está aprovechando el vacío de poder para apoderarse de los territorios donde antes operaba El Marro.

EFE/ Str/Archivo
EFE/ Str/Archivo

En los últimos tres meses, ya se han visto ejemplos de cómo esto podría estar sucediendo. El 3 de septiembre, varios medios reportaron que los habitantes de la comunidad San Juan del Llanito, uno de los territorios que controlaba el CSRL, fueron desplazados forzosamente luego de amenazas del CJNG.

Según un reportaje de la Revista Proceso publicado el 28 de octubre, el CJNG habría establecido un centro de reclutamiento forzado y entrenamiento de jóvenes en Comanja de Corona, una zona en los límites entre Jalisco y Guanajuato.

También es posible que hayan ocurrido cambios de bando. Según El Universal, un antiguo lugarteniente del CSRL de alias “El Yeyo”, arrestado el 3 de noviembre, habría cambiado su lealtad hacia el CJNG luego de la captura de El Marro. Por otro lado, Associated Press reportó que el Cártel de Sinaloa también estaría intentando ingresar en el mercado local de drogas en Guanajuato, al buscar alianzas con lo que queda del CSRL y otras bandas locales.

Todo esto se ha traducido en mayor violencia. A finales de octubre, Guanajuato seguía siendo el estado con el mayor número de homicidios en el país. Desde inicios de ese mes, el mismo presidente López Obrador reconoció durante una de sus conferencias mañaneras que los homicidios no disminuyeron en el estado a pesar de la captura del Marro.

REUTERS / Luis Cortes
REUTERS / Luis Cortes

Los actos de violencia han sido brutales. El 27 de septiembre, 11 personas fueron asesinadas durante una balacera en un bar en Jaral del Progreso. Meses antes, ocurrió una masacre en un centro de rehabilitación en Irapuato, en la que murieron 28 personas internadas.

La violencia también toca a actores estatales. A finales de agosto, hombres armados secuestraron y asesinaron a un vocero de la Fiscalía de Guanajuato. En octubre, un excandidato a la alcaldía de Jerécuaro fue asesinado y sus restos descuartizados fueron colocados al lado de una carretera.

Tan solo en la primera semana de noviembre fue asesinado un periodista en Salamanca por hacer un enlace en vivo en una zona peligrosa, y otro reportero de Celaya, Víctor Manuel Jiménez Campos, fue reportado como desaparecido desde hace casi dos semanas.

Guanajuato, además, lleva tres años siendo el estado donde más se mata a policías. Según datos recientes de la organización Causa en Común, al menos 77 policías han sido asesinados este año en el estado.

Las autoridades locales han criticado la falta de apoyo por parte del gobierno federal para hacerle frente al problema del crimen organizado.

Cuando los principales líderes de la Organización Beltrán Leyva (OBL) fueron arrestados entre 2009 y 2014, se formaron nuevas células criminales como Los Rojos y Guerreros Unidos, que ahora se disputan territorios en estados como Morelos y Guerrero. Los operativos contra La Familia Michoacana durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto también resultaron en atomizaciones. Según estimaciones de International Crisis Group, hoy en día hay unas 40 células delictivas operando en Guerrero y al menos otras 20 en Michoacán.

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