Guillermo García Alcocer, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), impugnará la inhabilitación que le fue impuesta por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber incurrido en presuntos actos de conflicto de interés al haber favorecido a un familiar.
Así lo sostuvo este jueves 12 de noviembre a través de una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter, donde especificó que ha cooperado con la secretaría federal y que su patrimonio coincide con sus percepciones como servidor público. Asimismo, señaló una persecución donde no hicieron efectivo el debido proceso.
No hubo ni beneficio ni daño, tal como se constató en la investigación. Declaré los nombres de las personas relacionadas en lo familiar e hice pública esa información […] Ahí incluí a un familiar en cuarto grado.
Aunado a esto, el economista egresado del ITAM explicó que el caso por el que se le acusa fue aprobado de manera colegiada por otros siete comisionados de la CRE que no estaban subordinados a él. También sostuvo que no puede existir un conflicto de interés, pues conforme a derecho, éste existe cuando se favorecen a familiares en segundo grado.
“Sostengo mi inocencia y voy a impugnar esta sanción hasta las últimas instancias dentro de los plazos legales correspondientes. Hoy me dedico a la academia, no me defenderé por acceder a un puesto en el Gobierno federal sino para cuidar mi nombre”, cerró en el documento.
Esta carta sale a la luz en un contexto complejo para el ex servidor público, pues la secretaría que dirige la doctora Irma Eréndira Sandoval comunicó el miércoles 11 de noviembre que suspenderá a quien colaboró también en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener).
“Comprometida con la defensa del interés público por encima de cualquier interés privado, la secretaria Irma Eréndira Sandoval anunció una sanción de 10 años de inhabilitación al ex titular de la Comisión Reguladora de Energía, por conflicto de interés durante su desempeño al frente de dicha Comisión”, difundió la secretaría en un comunicado oficial publicado.
De acuerdo con Sandoval Ballesteros, “para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”. Por tal motivo, se inició una investigación en contra de García Alcocer, la cual constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.
Cabe recordar que esta no fue la única inhabilitación que promovió la Función Pública en la semana. María Cristina García Cepeda, ex titular de la Secretaría de Cultura durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue sancionada el lunes 9 de noviembre por irregularidades presentadas en los recursos destinados al proyecto Museo de Museos. En adición, recibió una multa de 19,771,154 pesos.
La afectación al erario nacional es de casi 60 millones de pesos y está relacionada a unos fondos entregados por medio de donativos en dos exhibiciones que no tuvieron efecto práctico para el cumplimiento de la obra.
“La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”, se lee en un comunicado de la SFP.
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