La legalización de la marihuana en México volverá a tener una nueva oportunidad en el Congreso mexicano: el Senado adelantó que este viernes se discutirá una iniciativa en comisiones para su despenalización y la próxima semana está planeado discutirlo en el Pleno.
“El viernes tenemos Comisiones y el próximo miércoles o jueves estaremos discutiendo en el Pleno los alcances de esta ley”, aseguró este jueves Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el partido que ostenta la mayoría en ambas Cámaras del Congreso mexicano.
¿Cuáles son los ejes rectores? La promoción, respeto y protección, así como la garantía de los derechos humanos y goce efectivo sin discriminación ni criminalización alguna
Además, Monreal aseguró que otras prioridades son el fomento a la paz y la seguridad de la sociedad en la disminución de la corrupción y la violencia, así como “la autodeterminación de las personas mayores de edad, cuyo derecho no debe ejercerse en perjuicio de terceras personas”.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que reúne a todos los líderes de los partidos que lo integran, adelantó que uno de los aspectos más relevantes del proyecto que se discute es que sólo sea sancionado penalmente la posesión de cannabis psicoactivo cuando sea superior a los 200 gramos.
“Es muy importante decírselos, porque anteriormente, esto se está discutiendo, de los 28 gramos, es en una cantidad superior a los 28 gramos, esto se está discutiendo aún porque algunos quisieran agregarle 200 gramos, que es una cantidad enorme”, dijo este jueves Monreal.
Después de los 28 gramos, por su parte, no será motivo de prisión o privación de la libertad, sino que será sancionado de forma económica. "¿Qué pasa en la práctica? Que las cárceles, los centros de reclusión o los reclusorios están llenos de personas, hombres, mujeres y jóvenes, por posesión de gramos de mariguana. Pero es una discusión que traemos todavía de aquí al viernes”, detalló.
Monreal también adelantó que en el proyecto se disminuyen las penalidades para conductas relacionadas con narcóticos establecidos en diversos artículos del Código Penal Federal, cuando se trata de conductas relacionadas con el cannabis psicoactivo.
“Se castiga de cinco a 10 años a quien emplee niñas, niños o adolescentes en cualquier actividad relacionada con este problema, siembra, cultivo, plantación, cohecho, comercio, producción, distribución, suministro, o cualquier incorporación en la etapa de cadena productiva”, remarcó.
“Es una iniciativa bastante interesante. Todavía se sigue discutiendo”, añadió, precisando que el proyecto también menciona que el consumo que efectúan las personas en su vivienda no deben realizarse frente a niños, niñas, adolescentes, así como de personas que no hayan otorgado su consentimiento libre e informado.
“Es muy pesada esta ley, pero de mucha discusión. Esta ley ha sido muy comentada, ¿por qué tenemos qué hacerla? Se preguntarán algunos, porque así como hay quienes están a favor y otros en contra, pero tenemos que atender una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para legislar en esta materia de despenalización de la mariguana”, concluyó.
Y es que, durante 2019, la Suprema Corte (SCJN) tomó dos decisiones importantes que encaminaron la legalización del cannabis. La primera ocurrió en febrero, cuando la Primera Sala aprobó ocho jurisprudencias para reconocer el derecho de los mexicanos a la personalidad, la libertad de consciencia y expresión, así como el derecho al consumo de la sustancia con fines recreativos y el derecho a la salud.
Prohibir el consumo de la marihuana es inconstitucional, resolvieron. Estos argumentos fueron la base para otorgar cinco amparos necesarios para permitir la portación y consumo personal de cannabis, pues “la penalización vulnera el libre desarrollo de la personalidad”, por lo que a partir del lunes 25 de febrero, jueces federales tenían que otorgar amparos a quienes desearan consumir marihuana de forma recreativa.
El consumo personal de marihuana con fines lúdicos sólo está autorizado para quien tramite un juicio de amparo. Los jueces y magistrados federales están obligados a otorgarlos para obtener permisos de siembra, cosecha, transportación y consumo de marihuana, sin fines comerciales.
Posteriormente, en agosto, la Suprema Corte dio un paso más allá: amparó a un menor de 15 años con discapacidad para que pueda usar marihuana medicinal, ya que necesita un tratamiento que requiere utilizar derivados de la planta, tales como el THC (tetrahidrocannabinol).
La Segunda Sala del máximo Tribunal votó de manera unánime para garantizarle al joven el tratamiento médico integral que requiere para su padecimiento y también le ordenó a la Secretaría de Salud (SSA) que “cumpla con el deber legal de armonizar las disposiciones en el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados en un plazo de 180 días hábiles”. La dependencia aceptó la decisión de la Corte.
La primera impulsora de una propuesta que regularizara el uso de marihuana fue precisamente la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, cuando todavía no asumía su rol en el gabinete de López Obrador y era senadora por Morena, entre septiembre y noviembre de 2018.
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