El asalto del narco a la infancia: Alan, Héctor, Alessandro, rostros de una crisis en el corazón de CDMX

Una carta de Javier Sicilia, publicada en abril de 2011 y titulada “Estamos hasta la madre”, no solamente reflejó el sentir de un poeta al que le fue asesinado un hijo, sino también fue un grito de justicia de todas esas familias víctimas de la violencia del narcotráfico y de la denominada “guerra” que emprendió el ex presidente Felipe Calderón para combatirlo.

En el texto, Sicilia explica que la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces “no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada”. El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad señala que “en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgo Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente”.

El activista mexicano, en ese entonces, criticó a la clase política por “sólo tener imaginación para la violencia y tener un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo”. Para Sicilia, la ausencia de un plan de gobierno hizo que los jóvenes no tuvieran oportunidades para educarse, para encontrar un empleo y posteriormente ser arrojados a la periferia, como posibles reclutas del crimen organizado y la violencia.

Han pasado 9 años desde que Sicilia realizó esta carta abierta y los actos de violencia contra las poblaciones infantiles y juveniles siguen sucediendo.

El pasado 27 de octubre, en la Ciudad de México, se reportó la desaparición de Alan Yair y Héctor Efraín, dos adolescentes de 12 y 14 años de edad respectivamente. Días después, específicamente la noche del 1 de noviembre, la policía capitalina encontró sus restos cuando un hombre los transportaba en una carretilla por el Centro Histórico. Los dos infantes habían sido descuartizados.

El jueves 12 de noviembre, familiares y amigos despidieron a Alessandro, un menor de 14 años, aspirante a futbolista profesional, que fue secuestrado y asesinado en la colonia Guerrero. Las autoridades detuvieron días antes a otro menor transportando sus restos en una maleta por las calles de la céntrica localidad.

Las investigaciones oficiales no han arrojado demasiados detalles, pero las filtraciones periodísticas apuntan a un panorama conocido en la esfera pública: hay implicación del crimen organizado.

El martes 3 de noviembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lamentó los hechos. “Es un caso sumamente lamentable. Se tienen detenidos y están procesando en este momento otras detenciones (...) Hasta ahora no se había tenido un caso así”, declaró la mandataria capitalina y añadió que el asunto “parece ser que tenía que ver con un tema de narcomenudeo”.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, confirmó simplemente que los restos encontrados eran de los niños, pero no dijo si los homicidios tenían que ver o no con la venta de droga.

Miguel Angel Mancera, antecesor de Claudia Sheinbaum, negó la presencia de cárteles del crimen organizado en la capital mexicana y, en 2018, informó que “el único punto donde la Federación está en un esquema de inteligencia en relación con narcomenudeo, es la alcaldía Tláhuac”.

Tiempo después, llegó la administración de Claudia Sheinbaum y ella sí reconoció la presencia del crimen en la ciudad, pero el cambio de discurso no generó una respuesta favorable para los índices de violencia.

ALZAN LA VOZ DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

El reclutamiento forzado y la desaparición de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado es una realidad en México. Actualmente, existe una cifra de 30 mil menores que han sido cooptados por grupos delictivos, según el informe anual 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 21 mil infantes han sido víctimas de homicidio doloso del año 2000 al 2019, es decir, diariamente a 3.6 niñas, niños y adolescentes.

En 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reportó que los delitos en los que más tienen participación menores de edad son: tráfico de drogas, secuestro, extorsión, piratería y trata de personas.

La organización social Reinserta, ante el caso de Yair y Héctor, reprobaron la ausencia de acciones por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal en sus tareas fundamentales. De igual forma, enfatizaron que, “debido a la marginación, pobreza, falta de educación y violencia familiar sistemática la delincuencia organizada ha ido ganando espacios entre las poblaciones juveniles”.

Reinserta hizo un llamado para que los gobiernos de todos los niveles reconozcan " la vulnerabilidad que la población menor de edad en nuestro país enfrenta". Y señalaron que se necesita urgentemente medidas concretas y medibles orientadas a la verdadera prevención y reinserción de esta población.

Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, señaló en entrevista que no hay una fórmula exacta para saber qué es lo que orilla a los niños al crimen organizado. Pero a través de métodos de reinserción descubrió que son menores “que han normalizado la violencia desde una edad muy temprana, que vienen de contextos marginados y no necesariamente en un tema de pobreza, sino en un tema de afecto, ausencia materna y paterna en sus hogares”.

El involucramiento de los menores con conductas delictivas está directamente vinculado con la vulneración de sus derechos humanos, de su desarrollo en entornos complicados dentro de comunidades violentas o criminógenas, así como de la falta de oportunidades y marginación social.

La psicóloga, con especialidad en reinserción social, habló con Infobae México sobre los obstáculos que enfrentan los menores y adolescentes para acceder a la justicia. Para Niño de Rivera, los principales son: la visión tutelar y creencia de propiedad en torno a los infantes; la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia; falta de espacios adecuados y de personal capacitado; falta de protección durante los procesos de justicia; y la impunidad dentro del sistema de procuración e impartición de justicia.

EL ENJAMBRE DEL CENTRO

Cuando Yair y Héctor desaparecieron, el pasado 27 de octubre, sus familiares hicieron lo que suelen hacer todos los padres que atraviesan por la misma situación: buscar indicios con las herramientas que se tengan a la mano. En ese momento llamaron al celular de Héctor, pero el resultado fue en vano, un hombre contestó, colgó en segundos y desconectó el móvil.

Los infantes asesinados eran de origen mazahua y desaparecieron en el centro de la capital. Según reportes de la fiscalía, la última vez que se les vio fue en Eje Central, una vía que conecta al norte con el sur de la metrópoli. Reportes periodísticos apuntan a que vendían dulces en la zona, donde también vivían. Trascendió en medios locales que su último paradero fue en realidad entre las calles de Donceles y Allende, cerca de la Plaza de la Constitución, conocida popularmente como Zócalo.

A pesar de la información que ha circulado en los últimos días, no se ha aclarado quién se los llevó y por qué. El periodista Héctor de Mauleón ha publicado que los niños fueron llevados por un hombre en motocicleta. El columnista de El Universal indica que Yair y Héctor trabajaban para un integrante de la Unión, quien decidió cambiarse de bando y fue asesinado el 26 de octubre, un día antes de la desaparición.

De igual forma, la desaparición de los niños tiene relación con varios asesinatos y disputas en la capital entre dos grupos antagónicos, la Unión Tepito y la Fuerza Anti Unión.

El vacío de información ha provocado que la prensa mexicana ofrezca diversos detalles sobre el supuesto paradero de los jóvenes. Otras versiones señalan que Yair y Héctor fueron retenidos en una vecindad marcada por el número 86 de la calle de Cuba, en el Centro Histórico. En ese lugar, habrían sido asesinados y del sujeto que los transportaba en una carretilla, aún se desconoce qué pretendía hacer con ellos.

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