Caso Israel Vázquez: CNDH había urgido fondos para protección de periodistas desde septiembre

El lunes 9 de noviembre trascendió la noticia del homicidio de Israel Vázquez, un periodista del medio El Salmantino, quien fue atacado con arma de fuego poco antes de que iniciara una transmisión en vivo para informar sobre el hallazgo de restos humanos en el bulevar Villa Salamanca, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, uno de los más asediados por el crimen organizado.

El atentado fue condenado por el gobierno federal y local, así como por el medio en el que trabajaba Vázquez y cientos de usuarios de Twitter que hicieron tendencia el nombre del periodista.

“La Fiscalía General del Estado condena e investiga el homicidio de Israel “N” integrante del medio informativo digital ‘El Salmantino’; el reportero de fuente policiaca daba cobertura a un hallazgo criminal registrado la mañana de este lunes en la ciudad de Salamanca”, escribió la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Por su cuenta, Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de la entidad, aparte lamenta el homicidio del comunicador, dijo que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), se puso en contacto con el Consejo Estatal para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para poder proceder de la mejor manera, como brindar protección a la familia Vázquez.

A pesar de la coordinación establecida entre ambos órdenes de gobierno, cabe recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había manifestado que con la extinción de los fideicomisos públicos, se podría ver vulnerada la integridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.

El pasado 30 de septiembre, en la antesala de la desaparición del fideicomiso 10,232: Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el organismo descentralizado se había pronunciado en contra de la extinción de los recursos del mismo. “Preocupa la propuesta legislativa para reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas La extinción del fideicomiso limitaría la operatividad y capacidad de respuesta para implementar medidas de protección y auxilio para las víctimas”, suscribió en una carta la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra.

Creado en 2012, el 10,232 fue creado con el propósito de “destinar recursos económicos exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección dictadas por el Mecanismo para la Protección, y demás actos que establezca la Ley, que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”; sin embargo, su desaparición supondría un riesgo para sus beneficiarios.

Ante esto, la CNDH conminó al gobierno federal a revalorar la desaparición del fideicomiso o, en todo caso, crear un órgano encargado de la función de éste.

“En este sentido, este Organismo Autónomo demanda a las autoridades, la impostergable creación de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia, en la cual, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas juegue un papel fundamental, además de condiciones políticas, jurídicas y presupuestarias para su óptimo funcionamiento”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la comisión refirió que vigilará la decisión parlamentaria y en todo caso procurará que exista un mecanismo de protección federal que garantice el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual refiere el derecho a la vida de todos los ciudadanos.

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