El Senado mexicano aprobó este jueves una minuta que permite transferir hasta 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para gastos catastróficos a la Tesorería de la Federación, para reorientarlos en la batalla contra la pandemia de COVID-19, en un movimiento fuertemente criticado por la oposición.
El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, fue aprobado en lo general con 48 votos en favor y 32 en contra en medio de un intenso debate, que acumuló semanas de maduración y ásperos debates en ambas Cámaras del Congreso. El dictamen aprobado fue enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo firme y, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publique y entre en vigor.
El documento aprobado por los senadores de Morena y sus aliados del PT (Partido del Trabajo) y del PES (Partido Encuentro Social) establece que cuando el Fondo acumule recursos en un monto superior “a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2020”, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud.
Además, precisaron que los recursos acumulados en el Fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos, así como el acceso a exámenes clínicos.
En el dictamen se subraya que con esta modificación el derecho a la salud no corre peligro, “al contrario, se fortalece, pues permitirá destinar los recursos excedentes del Fondo a fortalecer acciones en esta materia”.
Sin embargo, los senadores de oposición consideran que este movimiento le quitará el dinero a un fideicomiso que funciona precisamente para ayudar a sectores vulnerables a enfrentar enfermedades graves, como cáncer, e incluso a pacientes con VIH a recibir su tratamiento.
En contra del dictamen, la senadora Sylvana Beltrones, del PRI (Partido Revolucionario Institucional), señaló que la Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de la cuenta pública 2019, encontró deficiencias en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social, ahora el Fondo de Salud para el Bienestar, por un 40% menos en autorizaciones de cirugías y no se tiene información que acredite a más de 50,000 beneficiarios, entre otros.
De Morena, el partido de la mayoría, la senadora Lilia Valdez manifestó que “no solaparán que se siga guardando el dinero para que otros lo gasten en necesidades personales”. “Eso se acabó y el dinero del pueblo es para el pueblo, el dinero para salud es para la salud de los mexicanos”, afirmó en tribuna.
El senador Samuel García, por su parte, calificó esta reforma como “una chicanada”, además de ilegal. Refirió que 1,900 niños con cáncer que murieron porque no se les garantizó su derecho a la salud y a la vida. El legislador de Movimiento Ciudadano añadió que hay miles de menores que no tienen acceso a quimioterapias ni medicamentos.
El Fondo de Protección para Gastos Catastróficos es parte del Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), antes Seguro Popular, pero el problema del instituto es que no tiene reglas de operación.
Se trata de un fondo que atiende a personas que padecen enfermedades de alto costo (en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren), que pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud.
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